El Gobierno mueve ficha en el 'rescate' de Abengoa. El Ejecutivo de Pedro Sánchez lleva días ojo avizor con la situación límite que está sufriendo la empresa que preside Gonzalo Urquijo. Los principales bancos acreedores han pedido que se sumen otras grande entidades financieras para proveer entre todos nuevas líneas de liquidez a la compañía, uno de los pasos indispensables para evitar un temido concurso de acreedores. Abengoa trabaja desde hace unas semanas con el despacho de Ramón y Cajal Abogados en la habilitación del procedimiento legal que pueda derivarse de la eventual insolvencia de la compañía.
La solución tiene que adoptarse antes del día 14, cuando el consejo de administración tiene previsto formular las cuentas del pasado ejercicio, cerrado con pérdidas de 517 millones de euros. A partir del reconocimiento de estos 'números rojos', Abengoa estaría obligada a reconocer su quebranto patrimonial, lo que abocaría a la empresa a una causa de disolución. La ley exige en dichos casos la reposición obligatoria de capital. En su defecto, el grupo tendría que llamar a la puerta del juzgado y presentar un concurso de acreedores que podría resultar letal para la integridad del proyecto empresarial en su conjunto.
BBVA, Bankinter y Caixabank -junto con Santander, Bankia y Crédit Agricole, que ya participan- son el salvavidas que necesita Abengoa para seguir adelante y el Ejecutivo está mediando para coordinar una postura conjunta y proclive a la refinanciación del grupo andaluz. Todo ello, en medio de un clima tenso en el sector industrial por los procesos de ajuste que se están viviendo en otras grandes empresas industriales como Nissan, Alcoa, Siemens-Gamesa o Airbus, entre otras. En el caso de Abengoa, los gestores de la refinanciación abundan en que se trata de una empresa que trabaja en sectores regulados y vinculados a servicios públicos, por lo que su posible quiebra puede tener serias repercusiones sociales.
Fuentes conocedoras de las negociaciones con los bancos han confirmado a La Información el interés manifiesto del Gobierno en 'empujar un programa definitivo de refinanciación'. Según reconocen dichos medios, la intervención del Gobierno se estaría canalizando a través del ministro de Transportes José Luis Ábalos . Cabe recordar que el dirigente socialista es uno de los ministros más políticos con los que cuenta en este momento Pedro Sánchez. El ministro Ábalos es considerado como un interlocutor con suficiente capacidad para persuadir a la banca, máxime teniendo en cuenta las aportaciones que el Gobierno está realizando en forma de créditos ICO para apoyar a las empresas, pero también para respaldar la estrategia bancaria de las entidades financieras en su negocio básico como prestamista del sistema económico.
"La presión social es muy importante", confirman a este diario fuentes financieras que se encuentran trabajando en la evaluación de esta operación. "Creemos que es una empresa viable, se puede salvar", confirman. En cambio, apuntan directamente a que el riesgo de dar financiación a una compañía de este tipo es mayor del que suelen asumir en otras operaciones debido, principalmente, a la situación del sector. La industria lleva semanas copando páginas de malas noticias con muchas empresas de primer nivel embarcadas en procesos intensivos de ajusta que pueden deparar graves quebrantos laborales. Si la banca no actúa y deja caer también Abengoa, estaríamos hablando de la pérdida de 15.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos.
"No nos lo podemos permitir", confirman fuentes de las negociaciones, "hay que salvarla como sea". Estos serían precisamente los argumentos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría utilizando para presionar a la banca y conseguir que la empresa lleve a buen puerto su complejo plan de reestructuración. Este incluye unos 250 millones de nueva liquidez, 300 millones en avales para acometer nuevos proyectos -de los cuales el 50% serán aportados por CESCE- e importantes quitas de deuda y capitalizaciones. Todo ello en una compañía que trabaja en sectores regulados como el del agua o la energía, lo que le otorga una especial protección pública.
Cabe recordar que esta no es la primera reestructuración a la que hace frente la compañía. En apenas cinco años se han llevado a cabo otras dos, una en 2017 y otra en 2019. En ellas se han invertido importantes recursos públicos y privados, otro de los argumentos que estaría poniendo sobre la mesa el Gobierno para que, una vez más, se aúnen fuerzas y se evite el concurso de acreedores. "No se puede perder ahora toda la inversión que se ha hecho en los últimos años", señalan.
La banca, el ICO, el Estado, los proveedores... todos deben dar su brazo a torcer para lograr salvar a Abengoa
Por ello, además de las cuantías que puedan aportar las entidades financieras, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) también participará en esta nueva financiación, confirman fuentes financieras. Aún estaría por determinar la cuantía exacta con la que entraría la institución pública, si bien esta será "importante", señalan. El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes un nuevo paquete de medidas económicas para paliar las consecuencias de la Covid-19. En total, 50.000 millones de euros de los que 40.000 estarán destinados a avalar créditos para nuevos proyectos de las empresas y los 10.000 restantes serán para que la SEPI ponga en marcha un fondo de rescate para compañías en apuros.
En el primero de esta suerte de 'rescates' que se ha llevado a cabo en Abengoa, el Estado, a través del Fondo de Reserva para los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), tomó una participación en el capital de la empresa. Desde 2017, las más de 544 millones de acciones de la compañía han perdido un 70% de su valor, pero pese a ello, según ha podido saber este medio, la Secretaría de Estado de Comercio -órgano del que depende el FRRI- habría dado órdenes directas para que el FRRI mantenga la citada participación. Una forma de mostrar confianza en la compañía de cara a los futuros inversores.
