Abengoa lleva meses con su futuro en el aire. En pleno verano, con el calor de Sevilla como telón de fondo, la compañía, la banca, los acreedores, los proveedores, el Gobierno central y la Junta de Andalucía llegaron a un acuerdo que fue interpretado por casi todos -a excepción de los accionistas minoritarios- como una victoria y que permitía que la firma siguiese adelante. "Al menos entonces el futuro de la compañía y de los trabajadores parecía despejado", recuerdan fuentes de las negociaciones. Pero meses después, tras una decena de aplazamientos, ese documento que se redactó en agosto sigue sin firmar por el desaire del Gobierno regional.
La SEPI, el troceo de la compañía, el ICO, más aportaciones de los bancos, negociaciones con los proveedores, firmar sin los 20 millones de la discordia... Abengoa lo ha intentado todo en cada una de las semanas que han pasado desde el inicio de las prórrogas. Muchos de los que en agosto se mostraron satisfechos con el acuerdo logrado giran ahora la cara al recordar los días de infarto que se han vivido desde entonces y apuntan con el dedo a una pugna política que ha dinamitado la viabilidad de la empresa y ha llevado la agonía de los accionistas a niveles récord.
"Esta última semana ha sido de infarto", recuerdan fuentes de las negociaciones, que relatan que la empresa no cuenta con los 20 millones que prometió aportar la Junta de Andalucía y que después se negó a poner, pero tampoco quiere tirar la toalla y, presionada por la banca, que es quien más se juega en esta partida, sigue intentando conseguir el favor del Gobierno de Juanma Moreno. Tanto es así que este mismo jueves, a solo un día de que venciese el último plazo que se habían marcado para conseguir un acuerdo y horas después de haber vuelto a meter presión a la Junta de Andalucía a través de un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ejecutivo regional y compañía se sentaron a la mesa.
Pero la reunión en la que la empresa había puesto la esperanza terminó como empezó y abocó a una nueva prórroga que se extiende hasta este jueves. La Junta de Andalucía sigue sin encontrar una fórmula jurídica que avale la aportación de 20 millones que prometió en pleno verano. Críticas y lucha de poderes políticos mientras los accionistas e incluso los bancos miran de reojo una situación que hace meses nadie hubiera imaginado. La empresa sigue en sus trece y volvió a pedir la participación del Gobierno regional en el plan de rescate esta misma semana bajo la 'amenaza' de llevarse la sede fuera de Sevilla.
El Gobierno andaluz ha pasado por alto esta nueva intentona de presión. No ha hecho lo mismo el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que ha mostrado estar "estupefacto" y "boquiabierto" por la actuación de los del Partido Popular y Ciudadanos. Pero la pugna política no es solo entre Gobierno central y regional, entre derechas e izquierda. Dentro incluso del propio Ejecutivo andaluz tampoco están claros los papeles. Elías Bendodo, consejero de la presidencia, del PP, fue el primero en sacar a la luz la imposibilidad de hacer frente a la aportación en un discurso que incluyó un apunte a sus antecesores socialistas en el cargo y que dejaba leer entre líneas la alusión al caso Isofotón -similar en cuanto a la concesión de ayudas y que ha terminado en los tribunales-. Intentó remediarlo días después el vicepresidente, Juan Marín, de Ciudadanos, abriendo la puerta a encontrar una solución. Pero nunca llegó.
Cabe recordar que en la reestructuración que ya vivió la empresa en 2017, el Gobierno central actuó como un salvavidas de urgencia para la compañía, comprando las acciones a los bancos acreedores a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), dependiente de la Secretaria de Estado de Comercio, y evitando consecuencias peores para la compañía. Ahora, y ya con el Gobierno de coalición, la ayuda pública ha llegado a través del ICO, en forma de avales para las aportaciones de los bancos y de dinero público.
El papel de Santander
Pero si la Junta de Andalucía no cede, el peso de todo el proceso recaerá sobre Banco Santander. La entidad que capitanea Ana Botín es uno de los mayores acreedores de Abengoa y, como consecuencia, uno de los grandes perjudicados de una hipotética quiebra. Por ello, desde el inicio de las negociaciones ha llevado la voz cantante en el apartado financiero del acuerdo y se ha comprometido a aportar algo más de 110 millones de euros al plan de reestructuración de la compañía sevillana.
¿Firmar sin la aportación regional? ¿Convencer a los bancos para poner "un poquito más" cada uno e igualar lo firmado en agosto? Todas las opciones están abiertas en este momento, pero desde el sector financiero dan por seguro que tras el empeño puesto por unos y otros, la empresa seguirá adelante con su actividad y podrá evitar la tan temida quiebra.
Los accionistas minoritarios, agonizando
Los únicos que desde el principio no estaban de acuerdo con lo que algunos de ellos ya han denominado como el 'Urquiplan' -el plan de Gonzalo Urquijo- son los accionistas minoritarios. El plan de refinanciación que todavía está en el aire les otorga apenas un 2,7% del capital de la nueva sociedad, Abenewco 1, porcentaje que consideran "inaceptable, una posición residual". Tanto es así que obligaron a convocar una junta de accionistas extraordinaria que se celebrará el próximo día 17 de noviembre en el que, entre otros puntos del orden del día, se pide la destitución completa del consejo de administración.
A ello contestaban el pasado viernes los propios consejeros a través de un comunicado a la CNMV que tachaba de "ilusoria" la propuesta de los minoritarios para provocar una renegociación de la refinanciación con el fin de que la matriz mejorase su posición en la estructura de capital. En este sentido, el consejo señaló que los acreedores que han comprometido la financiación y los avales necesarios para asegurar la continuidad del grupo y de su actividad económica han manifestado que retirarán dicha financiación en caso de producirse un cambio en el consejo que debe ejecutar el Plan de Negocio Actualizado.
"La refinanciación propuesta deja a los accionistas de la matriz en la mejor posición posible", señaló el consejo en la carta, algo con lo que, desde luego, los minoritarios no están para nada de acuerdo. Se abre ahora un nuevo escenario por delante con dos nuevas fechas clave marcadas en el calendario: el próximo día 12, cuando se cumplirá un nuevo plazo para intentar recabar el apoyo de la Junta de Andalucía, y el 17, momento en que directivos y minoritarios se verán las caras por primera vez desde el comienzo de este tortuoso viaje.
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