Abengoa sigue adelante con las negociaciones para cerrar su plan de reestructuración. La compañía sevillana que preside Gonzalo Urquijo ha decidido darse quince días más para conseguir un acuerdo definitivo para que la empresa se mantenga a flote y evitar la quiebra y el consecuente concurso de acreedores que lleva sobrevolando desde hace semanas. Todo parece encauzado, así lo señalan las partes, pero en realidad existen todavía flecos importantes por cerrar. Por ello, la empresa sopesa opciones alternativas para el medio plazo, como la de acudir al fondo de rescate de empresas que ha propuesto el Gobierno y que se gestionará a través de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Esta opción, de la que se lleva hablando varios días, tiene que sortear varias dificultades. En primer lugar, de los 10.000 millones de euros con los que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dotado el fondo solo 3.000 se liberarán este año. Además, y una vez que esto se produzca, la empresa tiene que solicitarlo y las autoridades evaluarán si es una beneficiaria adecuada para este tipo de ayudas. Para ello debe ser una empresa solvente, algo que en la situación actual no cumpliría, y la entrada de la SEPI en el capital se llevaría a cabo de manera temporal. De cumplir estas premisas, la ayuda podría tardar hasta seis meses, tiempo que Abengoa ahora mismo no puede permitirse.
Por ello, esta opción sería una de las que maneja la compañía para poder mantenerse a flote, pero una vez que obtenga el 'ok' de la banca en este proceso. "Se deben agotar todas las alternativas dirigidas a la continuidad del negocio del grupo", señalaba el comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este mismo martes tras terminar la reunión del consejo de administración en la que se iba a aprobar el plan de reestructuración. Los ya comentados flecos que se han quedado sin cerrar harán que la compañía alargue la agonía que lleva arrastrando semanas hasta final de mes.
Sea como fuere, si finalmente la compañía tiene que recurrir a esta opción, la adscripción a este fondo llevaría a la entrada en el capital -y en consecuencia, en el consejo de administración de la sevillana- del ente público dependientes del Ministerio de Hacienda. Cabe recordar que el Estado ostenta, a día de hoy, un 2,39% del accionariado a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), dependiente del CESCE. Este pequeño porcentaje, anteriormente perteneciente a entidades financieras, fue uno de los precios a pagar durante la reestructuración que la compañía sufrió en 2017.
Pero la posibilidad de que, de llegar a solicitar esa ayuda, entre en el máximo órgano de la compañía el control del Estado no gusta a todas las partes. Fuentes financieras confirman a La Información que, si bien esta idea se está analizando, los actuales propietarios y gestores prefieren mantener el mando antes de tener que cederlo al Estado. Por ello, la entrada de la SEPI sería una opción a medio plazo una vez que la reestructuración comience a andar a finales de mes.
Cabe recordar que este proyecto debe ser cerrado como un todo, ya que de fallar una sola pata, la empresa se tambalearía y no consiguiría sus objetivos. "Es como un dominó", decía hace semanas el propio Urquijo. Por ello, la línea de financiación de 250 millones de euros con la garantía del ICO -que se negocia con capital privado y también público-, el acuerdo con los proveedores y acreedores comerciales, la modificación de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros y la disposición de línea de avales de hasta 300 millones, son los cuatro puntos clave que deben de alinearse.
Mientras esto sucede, la compañía mantiene su escasa actividad con unos niveles de liquidez en mínimos -que se demostraron en el momento que anunciaron la imposibilidad de pagar la totalidad de las nóminas- y con la mirada puesta en el próximo día 27 de julio, nuevo 'Día D'. "La ausencia de liquidez y avales están afectando de manera severa al negocio haciendo muy difícil su viabilidad si no se cierra la operación en el corto plazo", reconocían desde a compañía, idea que afianzan desde el sector financiero al tiempo que apuntan a que "cada día que pasa sin un acuerdo en la reestructuración, desangra un poco más a la compañía". Pese a ello, las negociaciones con la banca siguen su curso con la esperanza de un final feliz. De ahí la prórroga anunciada hasta finales de mes cuando Abengoa, tras la coordinación que aportó el Gobierno, espera ver la luz al final del túnel.
