En 2015 logró esquivarlo. Habría sido la mayor quiebra de la historia de España. Pero ahora, después de que espirase el enésimo plazo marcado por los acreedores, Abengoa ha terminado solicitando el concurso de acreedores voluntario. Capítulo que pone fin (o, al menos, un punto y aparte) a más de un lustro de crisis casi ininterrumpida. Veamos, a continuación, algunas de las claves de este proceso.
Es el segundo mayor concurso de acreedores
El de Abengoa es el segundo mayor concurso de acreedores de España. Según los propios datos de la compañía, a cierre de 2019, la deuda que acumulaba la andaluza ascendía hasta casi 6.000 millones de euros. Esta solo por detrás de la caída de Martinsa-Fadesa, una de las grandes inmobiliarias a nivel nacional que surgió de la fusión entre Fadesa y Martinsa en 2007. Apenas un años más tarde, terminó por presentar concurso de acreedores con 7.000 millones de euros marcados en números rojos.
A vueltas con el plan de rescate
El comunicado de Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha llegado después de que el viernes expirase el enésimo plazo marcado con los acreedores para que la empresa sevillana pactase su rescate. Pero no solo eso: a esto se suma que el pasado jueves también venció la protección de la que gozaba la compañía desde que a finales del pasado agosto solicitase el preconcurso de acreedores.
Si bien es cierto que en agosto de 2020, los acreedores accedieron a inyectar 230 millones de euros a cambio de la toma de control de gran parte de los activos; pero quedaban en el aire 20 millones que debía poner una Junta de Andalucía que alegó que carecía de "mecanismos jurídicos" para realizar esa aportación.
Sin esa cuantía, el Ministerio de Economía no autorizó al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a la Compañía de Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) a avalar el rescate.
Los dos planes que se enfrentaron: accionistas y acreedores
A las tensiones que durante los últimos meses generaba ese proceso de reestructuración, se sumaba los dos planes -el de los accionistas y los acreedores- que se enfrentaban en la crisis.
La opción de los acreedores -donde se encuentra la banca y los fondos- pasaba por ejecutar parte de la deuda actual -incluyendo importantes quitas- y quedarse con parte del capital, inyectando liquidez y permitiendo la viabilidad de la compañía. La discrepancia principal estaba en el porcentaje del accionariado que le quedaría a los minoritarios y que iba desde el 2,7% que recogía el Plan Urquijo -el que apoyaba la banca- hasta el 37% que pedían ellos. "Los acreedores y el consejo de administración harán lo que sea para no dejarnos entrar en el accionariado de la compañía", señalaba en un documento interno la agrupación AbengoaShares, al que tuvo acceso La Información.
Los accionistas minoritarios -que se habían sindicado para convertirse en accionista significativo con más de un 16% del capital- manejaban la idea de que, según el mismo documento, "los acreedores están haciendo una transferencia lenta de propiedad, con una descapitalización estudiada desde hace cinco años". Además, consideraban que tanto la banca y los fondos como el consejo de administración querían "evitar que los propietarios de la compañía podamos acceder a las cuentas de la empresa y conocer el estado de las mismas y del laudo" que la compañía tiene con el Estado por las primas de las renovables.
Uno de los objetivos ahora es salvar el empleo
Pese a la solicitud del concurso, el Consejo de Administración, integrado en la actualidad por solo dos consejeros (Juan Pablo López-Bravo como presidente y Margarida de la Riva Smith), asegura que seguirá buscando alternativas para "evitar la inviabilidad" de las filiales.
Explica que con ello se busca "preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor", para lo que pide "la máxima colaboración" a todas las partes con intereses en la empresa de ingeniería.
Desde el Consejo de Abengoa dicen ser "conscientes" de la compleja situación y de las "cada vez mayores dificultades" para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés, "con posiciones hasta ahora enfrentadas". A todos ellos la compañía les solicita "la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos".
La situación que logró esquivar en 2016
La matriz, que es la sociedad que cotiza -aunque lleva suspendida de cotización desde julio-, está en causa de disolución desde el pasado 19 de mayo, al arrojar un patrimonio negativo de 388 millones de euros.
Fue en 2015, cuando Abengoa ya se vio al borde la quiebra y anunció un preconcurso de acreedores, que de haber pasado a concurso le habría llevado a protagonizar la mayor quiebra en la historia de España, con 9.000 millones de deuda bruta financiera y deudas a proveedores superiores a 5.000 millones.
En octubre de 2016, dos días antes de que cumpliera la prórroga del preconcurso, lograba suficientes adhesiones al acuerdo de reestructuración, que preveía la inyección de 1.170 millones.
Los accionistas de entonces vieron diluida su participación al 5 %, mientras que los acreedores y nuevos financiadores se quedaron con el 95 % restante. La presencia de los Benjumea y otras familias históricas quedó en alrededor del 1,5 %.
La antigua Abengoa facturaba anualmente unos 7.000 millones y empleaba a 32.000 personas, pero tras vender activos, reducir estructura y volver a centrarse en el negocio de construcción e ingeniería, mueve 1.500 millones y cuenta con unos 14.000 trabajadores.
