Abengoa está en una situación delicada. La compañía que capitanean Joaquín Fernández de Piérola y Gonzalo Urquijo se encuentra enfrascada en una negociación con la banca para tratar de salvarse de nuevo de un concurso de acreedores. Pero el tira y afloja de estas negociaciones ha hecho que la cotización en bolsa se resienta, quedándose el precio de la acción por debajo del céntimo. Esto ha provocado que el Estado, que ostenta una participación del 2,39%, pierda ya más de un 70% de lo invertido en el 'rescate' que llevó a cabo a finales de 2017 con las 'cesiones' de acciones de la banca. Ahora son precisamente las entidades financieras las que miran de nuevo al dinero público para poder dar un balón de oxígeno a la compañía.
El Estado posee, a través del Fondo de Reserva de los Riesgos de la Internacionalización (FRRI), dependiente del CESCE, más de 544 millones de acciones de la compañía divididas en sus dos tipos, unos 48 millones de la clase A -que tienen 100 derechos de voto por cada una de ellas- y casi 500 millones de títulos de clase B, con un derecho de voto por unidad, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso La Información. Todas ellas fueron adquiridas a finales de 2017 de diferentes bancos, entre los que destacan Caixabank, HSBC, Bankia, Santander, Credit Agricole, Societé Generale y el ya extinto Popular, por casi 7,5 millones de euros.
Estas acciones que el Estado compró en una suerte de 'rescate', y que según fuentes conocedoras fue una imposición al FRRI, han perdido más de un 70% de su valor. En concreto, de los casi 7,5 millones de euros invertidos, esta participación a día de hoy apenas conserva un valor de dos millones, de acuerdo con la cotización en bolsa a cierre de este lunes cuando las acciones de clase A se situaron en los 0,0085 euros y las de clase B en los 0,0033.
Pero más allá del valor de la participación que el Estado ya ostenta en bolsa, el foco se sitúa ahora en el futuro más inmediato de la compañía. ¿Refinanciación o concurso de acreedores? Abengoa diseñó hace unas semanas una nueva reestructuración -como la que se hizo antes del citado 'rescate'- para conseguir liquidez lo más rápido posible. En ella, se solicitó a los bancos -entre los que destacan Bankia, Santander y Crédit Agricole- hasta 250 millones de euros de liquidez y 300 millones en avales para acometer nuevos proyectos, además de importantes quitas de deuda y capitalizaciones. Con este plan se desterró el anterior, la búsqueda de un socio encargada a Lazard y que fue infructuosa durante meses.
Según fuentes financieras, la banca estaría dispuesta a prestar el dinero a Abengoa siempre y cuando se cumplan unos requisitos concretos. Para ello piden que se sumen más entidades -solo tres son las principales- y que el Estado, más allá de los avales que pueda dar el CESCE, apoye también en la línea de liquidez. "Solo tres bancos no podemos asumir esa cantidad, se tiene que sumar alguien más", confirman a La Información fuentes financieras, que apuntan directamente al dinero público que se canaliza a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como ya se hizo con otras compañías como Iberia durante la crisis del coronavirus.
Los tres bancos acreedores de la compañía que piden ahora la llegada de dinero público son precisamente -junto con Caixabank- los que más acciones de Abengoa 'cedieron' al Estado, de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso este medio. En concreto, la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri acordó el traspaso en noviembre de 2017 de más de 94 millones de acciones, la mayoría de ellas de clase B, cantidad similar a la que 'cedió' la firma francesa, mientras que el banco que preside Ana Botín hizo lo propio con más de 130 millones de títulos -la mayoría también de la segunda clase-.
El plan 'B'
Pero al mismo tiempo que se negocia esta opción para salvarse, Abengoa ha activado el plan B, contratando a Ramón y Cajal Abogados para elaborar, por si fuera necesario, un plan para el concurso de acreedores. La situación financiera por la que está atravesando, con una caja neta negativa de casi 400 millones de euros según la propia firma confirmó a los inversores a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hace apenas unas semanas, hace más que posible que la firma entre en causa de disolución de acuerdo con la definición de la legislación española.
Sea como fuere, y pese a la difícil situación para la viabilidad de la firma, la banca confía en las posibilidades de Abengoa y están dispuestos -en su mayoría- a apoyar el plan de refinanciación siempre y cuando se atiendan los requisitos propuestos. El Estado volverá a ser clave para desbloquear una situación que se repite por segunda vez en menos de cinco años, "pero no se puede dejar caer", señalan fuentes financieras, "es viable", defienden desde otro de los bancos. "Es una compañía con futuro", destacan, en un tira y afloja que se prevé se extienda al menos hasta bien entrado julio.
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