El paso atrás de los Amodio en la puja por Abenewco 1, la filial operativa de Abengoa, ha roto el armisticio en el grupo de ingeniería. Los minoritarios, concentrados en la sindicatura de accionistas de AbengoaShares, velaron armas en la 'guerra civil' con la actual dirección a fin de que su oferta junto a la familia mexicana por la filial 'sana' del grupo desbloqueara el rescate de la SEPI. Pero los Amodio se echaron atrás por los riesgos que sacó a la luz la revisión de las cuentas (due dilligence). Y no volverán al proceso hasta que los minoristas tomen el control del grupo. El giro podría llegar con la próxima junta, pero la ley permite que esta no se celebre hasta entrado el verano. Los minoristas temen: "En estas condiciones Abengoa no aguanta dos meses".
Los minoritarios acometieron en la mañana del pasado viernes los trámites para solicitar la celebración de una junta extraordinaria. El orden del día de la citada asamblea de accionistas incluye solo dos puntos: el cese del actual consejo y el nombramiento como miembros del máximo órgano de gobierno interno de Abengoa SA del expresidente de Amper, Clemente Fernández, del empresario José Alfonso Murat Moreno y del expresidente de Cantabria por el Partido Popular José Joaquín Martínez. Precisamente, la toma de control de los minoritarios, con Fernández como cabeza visible, fue la condición sine qua non que impusieron los Amodio para volver a la puja por Abenewco 1.
La matriz se halla en concurso de acreedores desde febrero con EY como administrador. El grupo pidió el rescate a la SEPI por 249 millones en marzo. Casi acto seguido, el fondo americano Terramar lanzó una oferta valorada en 200 millones por Abenewco 1. La semana pasada, Abengoa indicó que se trataba de una "oferta final" y, de salir adelante, dejaría en manos del fondo el 70% del capital. En paralelo, los minoritarios armaron una oferta junto al grupo Caabsa, en manos de los Amodio, en alianza con el fondo mexicano Ultramar EPI. La sindicatura se quedaría con el 35% de la filial, mientras que los inversores mexicanos acapararían conjuntamente el mismo porcentaje. La inyección de los 249 millones de la SEPI iría por delante del desembarco del capital privado en ambos casos. La reciente espantada de Caabsa, que partía como favorita de la SEPI, hace ganar papeletas a Terramar.
En los últimos días, han concurrido varias circunstancias que complican aún más la situación de Abengoa. La dirección del grupo de ingeniería ha vivido un vaivén de consejeros que ha convertido al presidente de la compañía, Juan Pablo Lopéz-Bravo, en el único miembro del consejo ratificado por la junta. Y es que la pasada semana Margarita de la Riva Smith dimitió como consejera, después de que Jordi Sarrias Prats hiciera lo propio el pasado enero. Inmediatamente, Abengoa comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento como consejera de Cristina Vidal, abogada del Estado en excedencia y socia de Ramón y Cajal. El relevo levantó ampollas entre los minoritarios, que ya apuntan a otra contienda en los tribunales.
La polémica se explica por dos cuestiones. En primer lugar, los minoritarios reclaman que la designación se llevó a cabo sin la mayoría que exige el reglamento interno de la compañía, que establece en tres el mínimo de miembros que deben componer el órgano y en la mitad más uno la mayoría necesaria para aprobar esta clase de nombramientos. Dadas las dimisiones de De la Riva y Sarrias, desde AbengoaShares denuncian que la designación de Cristina Vidal no pudo llevarse a cabo con la mayoría exigible. Además, los dueños de la minoría del capital ven incompatibilidades en el perfil de la abogada.
La CNMV avanza en su expediente contra Abengoa por las irregularidades en las cuentas de 2019 que podría derivar en responsabilidades penales para el consejo
Cristina Vidal ocupó la dirección del Servicio de lo Contencioso y Régimen Sancionador de la CNMV entre 2010 y 2013. En marzo de 2015, Vidal se incorporó a Ramón y Cajal. El fichaje ya generó recelos entonces, pues el aterrizaje en el despacho se produjo antes de transcurridos los dos años que exige la ley en cualquier trasvase de un alto cargo de la Administración al sector privado. Pocas semanas tras la salida de Vidal del regulador, la CNMV impuso una sanción por infracción contra Jaime Botín, un contencioso en el que el financiero había contado con Ramón y Cajal como representante legal.
En su reciente incorporación al consejo de Abengoa, resulta irreprochable que la abogada ha cumplido con el plazo que marca la ley. Con todo, los minoritarios han cargado contra su nombramiento, pues se da la circunstancia de que el pasado febrero, la CNMV abrió un expediente sancionador contra el consejo de Abengoa por las irregularidades cometidas en la presentación de sus cuentas de 2019. El grupo de ingeniería remitió el informe anual del citado ejercicio con un año de retraso y sin el visto bueno de PwC, auditor de la sociedad.
Según fuentes financieras consultadas por La Información, todo apunta a que el supervisor impondrá una sanción por infracción muy grave al consejo, "cuyas consecuencias podrían incluir responsabilidades penales". La auditoría de Abengoa cayó en manos de PwC en 2018, después de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sancionara a Deloitte por presunta falsedad contable del grupo en las cuentas de 2014, el ejercicio inmediatamente anterior a la crisis de la compañía. El caso está en manos de la Audiencia Nacional, lo que favoreció a PwC como auditor y despejó el camino a EY para convertirse en su administrador concursal. La fuentes consultadas deslizan que el retraso en la presentación del informe por parte de PwC podría responder a la verdadera situación financiera del grupo.
La matriz entró en concurso de acreedores con una deuda cercana a los 6.000 millones. Los acreedores han ido concediendo prórrogas en los plazos del pasivo. El pasado viernes 21 vencieron cerca de 200 millones de euros de obligaciones financieras y el grupo informó el sábado de que los acreedores le habían concedido otro aplazamiento hasta el 11 de junio. "El auditor puede estar esperando una inyección de liquidez que le permita respaldar su visto bueno a las cuentas, aún con salvedades, gracias a esa garantía que quedaría reflejada, por ejemplo, en forma de hechos posteriores", explican las fuentes consultadas. El grupo se encuentra en una espiral: sin el sello del auditor, los inversores recelan y sin liquidez, la big four no se decide a avalar las cuentas. Todo ello, bajo la atenta mirada de la CNMV y la línea roja de la SEPI a dar luz verde al rescate sin la garantía del capital privado.
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