Cuando solo quedan 37 días para decidir si Abengoa recibe o no el salvavidas de la SEPI, el futuro de la empresa pública sigue siendo una auténtica incógnita. Los trabajos de supervisión y control de riesgos han finalizado y han sido remitidos al Fondo de Solvencia (Fasee) de la compañía dependiente de Hacienda. Y, aunque la conclusión marca que la sociedad es elegible para recibir la ayuda, los informes señalan el alto voltaje de la operación y recopilan distintos riesgos elevados sobre la posibilidad de que el dinero prestado no sea reembolsado en el futuro en las condiciones acordadas.
La última palabra la tendrá el Fasee, dotado hace más de un año con 10.000 millones para la misión de salvar empresas "estratégicas" golpeadas por la Covid-19. Su decisión llegará en las próximas semanas y, en el caso de ser favorable, deberá ser respaldada por el Gobierno en una decisión al más alto nivel que pasa por el Consejo de Ministros. La SEPI vuelve a enfrentarse así a una nueva patata caliente, como lo ha sido el rescate de 475 millones de euros a Air Europa, impugnado por la irlandesa Ryanair en los tribunales europeos, o el de 53 millones a Plus Ultra, que ha terminado en los juzgados españoles. También levantó revuelo la ayuda a Duro Felguera, que conllevó fuertes críticas de PP y Vox.
Los asesores elegidos por la SEPI han terminado su trabajo. PKF Attest desde la vertiente legal y Grant Thornton como gurú financiero han supervisado un expediente de 249 millones de euros -uno de los más cuantiosos- durante casi un año completo. Han sido los encargados de reformular los términos del rescate cuando ha sido necesario. El cambio más significativo se produjo en marzo, cuando Abenewco 1, la filial sana de Abengoa, fue eliminada de la ecuación para ser beneficiaria de la ayuda al no cumplir con los requisitos de elegibilidad. La alternativa pasaba por repartir el dinero de manera no proporcional entre seis filiales (Energía, Solar, Abener, Abengoa Operación y Mantenimiento e Inabensa).
Ahora, estos mismos asesores habrían plasmado en sus informes algunos riesgos, remarcan fuentes implicadas en el proceso, que llegan a calificarlos de "altísimos". Los 249 millones de la SEPI, que se repartirán entre préstamos participativos -convertibles en capital en caso de no poderse amortizar- y ordinarios, podrían no recuperarse en el tiempo previsto. La mayoría de rescates del Fasee se están fijando con un calendario de devolución a cuatro años, si bien en rescates puntuales se han extendido a casi el doble. En el caso de Abengoa, el plazo de devolución sería de seis años. Pese a todo, la conclusión de los asesores es que las filiales de Abenewco 1 sí son elegibles para recibir la ayuda.
Tampoco pasa por alto que para la salvación de Abengoa no vale únicamente el dinero de la SEPI, sino también el del fondo estadounidense Terramar Capital, que se compromete a hacerse con el 70% de la compañía por 200 millones de euros. El inversor estadounidense, único ofertante en firme por la compañía desde que los hermanos Amodio (OHLA) se bajaran de la puja tras revisar los números de la compañía, debe comprometerse a inyectar más capital en la multinacional sevillana para poder tomar el control. La SEPI y Terramar, por tanto, deben entenderse y comprometerse conjuntamente para sacar a la compañía del atolladero.
Los accionistas críticos de Abengoa han intentado armar una oferta alternativa a Terramar hasta el último momento
Con este planteamiento, queda fuera de la ecuación el bloque de accionistas críticos que forma Abengoa Shares. Los minoritarios de Abengoa siguen rechazando la oferta de Terramar al entender que su objetivo final es despedazar la compañía. Han intentado hasta el último momento armar una oferta alternativa, pero de momento no lo han conseguido. Su máximo representante, Clemente Fernández, reconoce a este medio que ha intentado sin éxito entablar negociaciones paralelas con el fondo de la SEPI durante la última semana. Su idea principal era entrar en la operación con una ampliación de capital que permitiese al resto de titulares de la compañía no diluirse con la entrada de Terramar.
Presión política por un emblema
Pese a iniciar su solicitud en marzo de 2021, el expediente de Abengoa no se ha cerrado a falta de 40 días para que el fondo de rescate pueda conceder ayudas a empresas españolas. Sin una nueva prórroga de Bruselas que flexibilice los plazos de trabajo, la SEPI sigue con más de una decena de empresas en la misma situación y ya ha tenido que rechazar algunas solicitudes o, en el mejor de los casos, derivar a estas empresas a fondos de recapitalización alternativos como el Fonrec, del Ministerio de Industria. La previsión es que se queden por repartir algo más de 5.000 millones de euros, cerca de la mitad de fondos que tiene asignados el Gobierno para esta tarea.
En una situación de extrema complejidad, Abengoa ha tratado de ganar tiempo. Ha renegociado en infinidad de ocasiones el plazo de pago de su deuda financiera y ha pedido al administrador concursal no presentar las cuentas de su ejercicio 2021 hasta que tenga una respuesta de la SEPI, sea cual sea. En paralelo, ha conseguido que Terramar extienda la validez de su oferta. La última prórroga del fondo californiano caduca el próximo 15 de junio, apenas dos semanas antes de que se cierre el plazo para conceder ayudas desde el Fondo de Solvencia, como así consta en el último comunicado realizado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La presión política por Abengoa es máxima. Principalmente, porque se trata de una empresa con 14.000 puestos de trabajo. Buena parte de estos empleados están en Andalucía, donde la compañía se ha convertido en una suerte de emblema por sus 80 años de historia. No es de extrañar, que la continuidad de la compañía haya enfrentado al Ejecutivo central y a la Junta de Andalucía desde 2020. La administración andaluza dio la espalda a la compañía y precipitó su caída, lo que llevó a la ministra portavoz, María Jesús Montero, a defender que el Gobierno de Pedro Sánchez había hecho "sus deberes y tareas" y que tocaba mirar hacia la Junta de Andalucía y la banca para que explicaran "por qué no han estado en ese mismo grado de compromiso".
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