Una vuelta de tuerca más a la disputa judicial entre la concesionaria Abertis -a través de su filial Acesa- y el Ministerio de Fomento por la AP-7. Tras la decisión del pasado jueves del Tribunal Supremo de que no se practique la liquidación definitiva del saldo de compensación hasta el fin de la concesión en 2021, se abre la puerta a la negociación entre la propia firma de Florentino Pérez y Giovanni Castellucci y la cartera hasta ahora en manos de José Luis Ábalos. ¿Pagar?, ¿cuánto y cómo?, esas son las preguntas a resolver a partir de ahora.
Lo que está claro es que los casi 3.000 millones de euros que pide Abertis al Ejecutivo como consecuencia de la caída del tráfico tras la crisis y las obras realizadas en ella son un dolor de cabeza para Fomento y para el Gobierno en general. En caso de que finalmente, en 2021 -momento en que finaliza la concesión ahora vigente-, se le dé la razón a la concesionaria, el Ejecutivo se enfrentaría a un problema que impactaría directamente en el déficit público y modificaría las previsiones. Y eso quieren evitarlo a toda costa desde el Ejecutivo.
Hasta ahora los diferentes enfrentamientos por la millonaria cuantía y su forma de cálculo han alejado las posibilidades de negociación entre ambos interlocutores, pero desde la compañía siempre han estado dispuestos a sentarse a la mesa. Por ello, ya desde el principio de la reclamación, han mostrado en varias ocasiones y con los diferentes representantes del ministerio su voluntad de diálogo.
Pese a todo ello, la decisión del Supremo llega en un momento sin Gobierno firme, en el que aún no se ha decidido quién va a ocupar la cartera durante los próximos cuatro años, por lo que, fuentes cercanas a la compañía señalan que "habrá que esperar a que esto se decida para ir y plantear esta idea de diálogo".
"Esta sentencia da la oportunidad de poder sentarse a negociar y alcanzar un acuerdo", señalan a La Información fuentes cercanas a esta concesión. "Es una ventana de oportunidad", recuerdan. Ahora, queda por ver cómo se hará. Desde el sector señalan varias posibilidades: aumentar el periodo de concesión -una medida impopular con la que, al menos hasta ahora, no parece que estén muy de acuerdo en el Ejecutivo socialista-, peajes en la sombra o incluso el contrato de mantenimiento de otras vías.
La decisión del Supremo
De no haber un acuerdo final entre ambas partes, deberá esperarse hasta agosto de 2021 para saber el desenlace. Y es que el retraso en la decisión por parte del Tribunal Supremo se ha basado, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, en la falta de concreción sobre la cantidad a reclamar al tratarse de un convenio aún en curso. "No predetermina cuál será el definitivo saldo de compensación en 2021, pues es claro que 'no podrá ser negativo', pero se desconoce hoy cuán positivo, si lo es, puede alcanzar, y cuanto del importe actualizado de las obras ejecutadas por Acesa en virtud del convenio deberá serle compensado", señala la sentencia.
Por ello, no será hasta el "31 de agosto de 2021 cuando se practique la liquidación definitiva del saldo de Compensación", señala, y el TS razona esta decisión. "Los tiempos verbales utilizados en dicha parte expositiva son condicionales, futuros o subjuntivos", confirma la sentencia del Tribunal Supremo, "lo cual se corresponde con el caracter futuro e incierto del saldo de compensación a practicar en el año 2021, al final de la concesión", continúa.
La petición de Abertis
La concesionaria ahora en manos de Giovanni Castellucci y Florentino Pérez solicitan una compensación de casi 3.000 millones de euros. En concreto, la reclamación al Ministerio de Fomento es de 2.951 millones como compensación por las obras realizadas por la concesionaria Acesa en la ampliación de la AP-7 entre Girona y Tarragona y el descenso del tráfico que se produjo tras la crisis económica.
Según el último cálculo de Abertis, las mejoras en la vía -como la ampliación de carriles- supondría la devolución de 890 millones de euros. En concepto de caída del número de vehículos que transitan por la AP-7, la ahora compañía concesionaria de Pérez y Castellucci solicita al Ejecutivo hasta 2.061 millones de euros, lo que completa la cifra total de casi 3.000 millones.
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