Dos años después del fracaso de las negociaciones para adquirir ITP Aero, en manos de la británica Rolls Royce, el Gobierno quería que Indra volviera a negociar una transacción. El objetivo era mantener las raíces españolas para una compañía estratégica en el área de Defensa. Sin embargo, el presidente, Fernando Abril-Martorell, se resistió. Esta fue la última desavenencia que ha llevado a su cese al frente de la compañía semipública, propuesto por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). A partir de ahora, Alberto Terol, vicepresidente y consejero independiente coordinador, será el encargado de pilotar la transición hasta el nuevo nombramiento que deberá ser formalizado en la próxima junta general del 30 de junio. El Ejecutivo de Sánchez baraja colocar a un directivo del entorno del PSC en Cataluña.
Julio de 2019. Después de semanas de negociaciones exclusivas con Rolls Royce, Abril-Martorell daba un giro 'in extremis' y se levantaba de la mesa. Daba por rotas las conversaciones. El grupo británico exigía un precio superior al fijado inicialmente a cambio de que la empresa española pudiera mantenerse como licenciatario de la compañía. Un mes antes, el propio presidente aseguraba ante sus accionistas que la compra sería "transformacional". El Gobierno de España también sacaba pecho de ese acuerdo al entender que se trataba de un gran espaldarazo para la industria aeronáutica española. Primer fracaso y primer malestar.
Ahora, Rolls Royce ha vuelto al mercado para analizar la venta del fabricante con sede en en el País Vasco. Tanto el Gobierno español como el vasco estaban decididos a plantear una solución industrial local para adquirir la compañía y mantener el control de la misma en España. Pese a que se han barajado actores como Aciturri, Gestamp o CAF, el único candidato con credenciales era Indra, por su potencia financiera y su estructura, con la que asumir una transacción de este calibre. Ante las presiones del Gobierno, Abril-Martorell se ha resistido hasta el final a retomar las negociaciones con los británicos tras el duro enfrentamiento vivido con ellos en 2019, según explican fuentes conocedoras.
Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso en la relación de la Sepi y el Gobierno con el ejecutivo. Según las mismas fuentes, el cese se comunicó hace varios días en desde esa fecha hasta este mismo viernes se ha estado tratando la resolución de su contrato -hasta el cierre de 2020, contaba con 3,5 millones de euros de aportaciones acumuladas en su fondo de pensiones-. Existe cierto malestar en el seno del consejo de administración de la empresa semipública, al no haber podido comunicar formalmente a cierre de mercado la decisión de su cese debido a la filtración de la información antes este mismo viernes -la acción llegó a caer por encima del 8% tras conocerse la noticia-.
Un abrupto final
Este abrupto desenlace conocido el viernes ha obligado a hacer más cambios por parte del consejo. Estaba previsto, según hizo público la empresa en un hecho relevante el pasado mes de marzo, que el consejo de administración se reuniera este jueves 20 de mayo para analizar y establecer el orden de la junta de accionistas. El objetivo era fijar la junta de accionistas el 24 de junio, pues debe haber al menos un mes de plazo entre la convocatoria y su celebración. Debido a la falta de tiempo para incluir el nuevo nombramiento del sustituto de Abril-Martorell y su cese, el máximo órgano de decisión ha pospuesto una semana, hasta el 30 de junio, la reunión anual con accionistas que ahora será convocada la próxima semana.
Aún no se ha formalizado la elección de sucesor. Desde el Gobierno se barajan algunos nombres del entorno del Partido Socialista de Cataluña (PSC). Entre esos nombres se encuentra el actual presidente del gestor público de aeropuertos españoles Aena, Maurici Lucena. Éste ha vivido unas semanas complicadas ante la falta de acuerdo con el Govern de Cataluña para la ampliación del aeropuerto Barcelona-El Prat. Fue elegido por el exministro de Sanidad, Salvador Illa, para su candidatura a la presidencia de la Generalitat, señalándolo como potencial vicepresidente económico.
Otros desencuentros
Este mes de mayo toca a su fin un mandato que se ha alargado durante algo más de seis años en los que ha habido otros desencuentros con el Gobierno de Pedro Sánchez. Los recortes laborales despertaron críticas veladas en la Sepi. Esa presión, junto con la de las organizaciones sindicales mayoritarias, surtió efecto en marzo de 2020 cuando se logró que Abril-Martorell retirara la propuesta de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaría hasta a 10.000 empleados con rebajas de salario máximas del 25%. Ese 'tira y afloja' no hizo desistir al directivo que menos de un año después puso sobre la mesa otros dos ERE para despedir a casi 1.300 empleados, principalmente en su división tecnológica (Minsait). El de Defensa lo retiró -tras el malestar del Gobierno- para sustituirlo por prejubilaciones y bajas incentivadas. El de la filial 'tech' lo rebajó pero aún así supuso una salida de 580 trabajadores.
A los recortes laborales se sumó otro desencuentro que se vivió hace ahora casi un año, en la junta general de accionistas de 2020. En aquellas fechas, el Gobierno protagonizaba un duro enfrentamiento con Alcoa por el cierre de sus plantas de fabricación en Galicia y Asturias. Eso no fue obstáculo para que se propusiera a Rosa María García Piñero, responsable de sostenibilidad para la Fundación de Alcoa, como nueva consejera. La Sepi acabó vetando el nombramiento y obligó a que la directiva presentara su renuncia 'in extremis' al no contar con ese respaldo clave.
Nacido en Segovia en el año 1962, Abril-Martorell, hijo del que fuera vicepresidente del Gobierno de UCD de Adolfo Suárez, aterrizó en Indra en el año 2015 para sustituir a Javier Monzón al frente de la presidencia ejecutiva de la empresa. Justo tras su llegada sacó la tijera con un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicó el despido de 1.750 empleados, como también hiciera en Telefónica y Prisa, donde ejerció como consejero delegado. En su último cargo, del que cesará en los próximos días, ha apostado por darle más peso a la división de Transporte y Defensa y ha reorganizado la estructura con la creación de Minsait, para los negocios digitales. En este tiempo, el accionariado se ha mantenido más o menos estable, con la salida de Telefónica en 2016 como único gran cambio.
