El conflicto de las radiales quebradas ha aflorado en las últimas cuentas anuales de Acciona. El grupo que preside José Manuel Entrecanales ha incluido por vez primera en su informe auditado este proceso en el que la compañía figura como demandada, junto con el resto de accionistas de su participada Infraestructuras y Radiales S.A. (Irasa), concesionaria de la autopista de peaje R-2 de Madrid, por varios fondos que, manifestándose acreedores de la deuda bancaria de Irasa, exigen a sus accionistas un total de 551,5 millones de euros. A Acciona le corresponde pagar 138 millones de esta cantidad, una cifra que la compañía evita provisionar, pues ve "improbable" que acaben derivándose responsabilidades de este litigio.
La causa no es nueva. Irasa fue declarada en 2013 en concurso voluntario de acreedores, al igual que Henrasa, la firma concesionaria de la radial 2 de la que la primera era la accionista única. No fue hasta febrero de 2018 cuando se aprobó el plan de liquidación de la concesionaria y, un mes más tarde, la entonces cartera de Fomento, con el entonces ministro Íñigo de la Serna al frente, asumió la explotación y el mantenimiento de la autopista de peaje en cuestión que Acciona compartía con Abertis, ACS y Globalvia. En el marco de este proceso, en septiembre de 2018, los fondos oportunistas, que en su momento adquirieron la deuda por la radial quebrada a los bancos acreedores de estas constructoras, presentaron la citada demanda por sobrecostes de obras y expropiaciones, tal y como detalló la empresa de Florentino Pérez en sus cuentas de 2019.
En un primer momento, las constructoras se encomendaron a la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA), una fórmula muy habitual en los contratos de obra pública en España que sitúa al Estado como propietario último, con lo que, en caso de quiebra o de rescate de la concesión, el Estado se hace responsable. En 2012, en plena crisis del ladrillo, nueve autopistas se declararon insolventes por el desplome del tráfico y los sobrecostes de las expropiaciones. Las cuentas de la factura de la RPA nunca han cuadrado. Para las constructoras y los fondos que adquirieron su deuda. el desembolso del Estado debería rondar los 5.000 millones. La última 'oferta' que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, lanzó en mayo de 2019 advierte de que el agujero en las arcas públicas, en ningún caso, superará los 3.300 millones.
El Ministerio de Transportes anticipa que la compensación por la R-2, en calidad de RPA, no sobrepase los 40,7 millones, la menor de las 'facturas' que espera desembolsar por las radiales quebradas.
El citado litigio está a la espera de que el Juzgado de Primera Instancia 37 de Madrid señale la fecha para la celebración de la audiencia previa. "El Grupo no estima probable que se deriven responsabilidades de este litigio, por lo que no se ha registrado provisión alguna al respecto", reza el informe anual de Acciona. La última 'fórmula de cálculo' que estableció el Ministerio de Transportes para el pago de la RPA a las constructoras, que el Gobierno de coalición publicó en el BOE en 2019, detalla pagos diferentes para cada autopista. En el caso de la R-2, el Ejecutivo valora una compensación 'tope' de 40,7 millones para las empresas que se hicieron con la concesión, una cantidad que queda lejos de cubrir, si la justicia acaba dando la razón a los acreedores, la reclamación que exigen los fondos.
De todas facturas que baraja el departamento de Ábalos, la de la R-2 es la más exigua, siendo las autopistas R-3 y R-5 las que tienen un umbral mayor, con 637,9 millones de euros de compensación máxima. En medio de la balanza del ministerio se encuentra la R-4, cuya responsabilidad patrimonial de la Administración no podrá ser mayor a 559,6 millones. El texto del Gobierno señala que el pago que asumirá el estado en calidad de RPA será inferior a los 526,8 millones para el tramo de la AP-7 entre Cartagena y Vera, los 487,24 millones en la Ocaña-La Roda, los 398,6 millones en la Circunvalación de Alicante, los 348,8 millones en la Madrid-Toledo, y los 305,4 millones en la M-12 Eje Aeropuerto, la vía que une la capital y la base madrileña.
La R-2 continúa en proceso de liquidación con una deuda que ronda los 488 millones de euros. Y la batalla judicial salpica a todas las accionistas de Irasa -y a sus cuentas-. En detalle, en el periodo de explotación de la autopista, el capital social de esta lo compusieron Iridium, de ACS, (35%), Abertis (30%), Acciona(25%), y Globalvia (10%). Teniendo en cuenta este reparto, no es extraño que, en este mismo proceso, los fondos acreedores exigen a ACS el pago de 193 millones de euros, de los más de 551 millones que reclaman a conjunto de las constructoras.
Las cuentas anuales de Acciona también dan cuenta de un préstamo subordinado con Infraestructuras y Radiales S.A por importe de 26,5 millones de euros, cuyo vencimiento está marcado para este 2021, y que el grupo tiene completamente provisionado. Progresivamente, Acciona se ha ido desprendiendo de su negocio de concesiones en España, en el marco de la estrategia de la compañía de rotar activos maduros, con el objetivo de maximizar el retorno del capital empleado y continuar con la reducción del endeudamiento financiero de la empresa, así como para impulsar nuevas inversiones. En esta línea, el grupo cerró el pasado noviembre un acuerdo para vender a Meridiam y Bestinver sus participaciones en ocho activos concesionales en España, en una operación valorada en 484 millones de euros, de los que 357 millones representaban el valor de las participaciones y 127 millones, la deuda asociada. Acciona tiene previsto culminar la transacción antes del próximo junio.
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