Acciona y sus socios en la concesionaria Aigües Ter Llobregat (ATLL) reclaman 1.036 millones de euros a la Generalitat por la liquidación del contrato de adjudicación de la gestión de esta empresa pública.
En una comunicación a la CNMV, Acciona asegura que la compensación total adeudada por la Generalitat ascendería aproximadamente a 1.074 millones, pero que unos 38 millones corresponden a "la deducción de las provisiones por liquidación ordinaria del contrato", por lo que la cifra de referencia son esos 1.036 millones, han asegurado a Efe fuentes de Acciona. En concreto, Acciona solicita 305 millones por la liquidación del contrato de gestión del servicio de abastecimiento de agua en alta Ter-Llobregat, y otros 769 millones en concepto de "daños y perjuicios".
La Generalitat de Cataluña considera "desproporcionado" el importe de 1.000 millones de euros en que Acciona ha calculado la indemnización que considera le corresponde por la resolución del contrato de gestión de ATLL, la firma que abastece de agua a cuatro millones de ciudadanos de la Comunidad, al estimar además que "no tiene en cuenta que el contrato ha sido declarado nulo". La Comisión de apoyo constituida para liquidar el contrato de gestión de la ATLL adjudicado en 2012 fijará "en próximas semanas" la indemnización correspondiente y la comunicará al grupo que preside José Manuel Entrecanales.
En un comunicado, el Govern ha indicado que esta comisión, integrada por las consellerias de Territorio y Sostenibilidad, Economía, el gabinete jurídico de la Generalitat y la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), "seguirá trabajando como hasta ahora, de forma objetiva, la compensación que corresponde" por la finalización del servicio que el consorcio presta al amparo de un contrato ya declarado nulo.
En este sentido, indicó que está elaborando un informe en que se evalúan los aspectos jurídicos y económicos de la liquidación del contrato, tras el que prevé comunicar a Acciona en las próximas semanas la "cantidad que corresponda". "No nos inquietan las informaciones que Acciona filtra en defensa de sus intereses. Las cifras que reclaman son desproporcionadas, no se ajustan a la sentencia y no tienen en cuenta que el contrato ha sido declarado nulo", ha asegurado el secretario general de Territorio y Sostenibilidad, Ferran Falcó.
Hay que recordar que Acciona ostenta un 76,05 % de la sociedad ATLL Concessionària de la Generalitat, en la que también participan, entre otros accionistas, las familias Rodés (5 %) y Godia-Torreblanca (5 %), y el fondo británico Pioneer Point Partners (1,95 %), y que el Gobierno catalán ha decidido recuperar la gestión pública de ATLL, que ahora se llamará ATL, a partir del 1 de enero de 2019.
La Generalitat todavía no ha comunicado a Acciona qué cantidad le ofrece tras la liquidación del contrato de adjudicación, aunque a principios de agosto el conseller de Economía, Pere Aragonès, recordó que la Generalitat no ha resuelto la adjudicación por voluntad propia, sino por sentencia judicial, dando a entender así que la indemnización correspondiente a Acciona sería más baja de lo esperado por esta empresa.
La privatización de la gestión de ATLL sirvió en 2012 a la Generalitat para reducir el déficit de ese año en unos 1.000 millones de euros, y como el TSJC declaró nulo ese procedimiento ahora debe decidirse además a qué ejercicio se imputan esos 1.000 millones, un problema contable para el Govern presidido por Quim Torra, que está elaborando sus Presupuestos para 2019.
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