El proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas sigue su tramitación parlamentaria. Esta norma incluirá una de las figuras más controvertidas del mundo empresarial, las acciones de doble voto o acciones de lealtad, y el boom de OPVs que se espera para este 2021 tras varios años de sequía en los mercados nacionales pone en jaque su utilización.
La nueva norma permitirá que aquellas compañías que lo deseen incluyan en sus estatutos este instrumento, ampliamente utilizado en otros países pero que no estaba permitido en España, que otorga derechos de voto adicionales a las acciones que su titular haya mantenido de forma ininterrumpida durante un periodo de tiempo mínimo de dos años. Su implantación supone armonizar la normativa española a la de otros países del entorno, si bien también implica varios retos para las compañías.
En este sentido, y entre las enmiendas que se presentaron en la tramitación parlamentaria sobresale una de ellas que cursó Ciudadanos y que propone que las sociedades que soliciten la admisión a negociación de sus acciones en un mercado regulado deban esperar para incluir en sus estatutos sociales esta figura hasta, al menos, el quinto año desde la fecha de toque de campana. El objetivo de este movimiento sería incentivar la participación e inversión de nuevos accionistas a la vez que se pretende limitar la capacidad de los socios de control previos a la negociación en el mercado regulado.
La salida a bolsa de las compañías se hace, en la mayor parte de los casos, como una forma de captar recursos, por lo que en medios empresariales entienden que incluir desde el inicio de la llegada al mercado este tipo de acciones en los estatutos de una compañía podría llevar a un freno de la inversión. De este modo, y si finalmente se aprueba esta cláusula que solicita el partido naranja, se impondría un periodo de carencia de cinco años desde la llegada al parqué en pro de facilitar la liquidez.
Ya en los inicios de la tramitación parlamentaria de este proyecto salieron a la luz discrepancias sobre su utilización. En concreto, la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) recomendó el pasado verano a las entidades financieras cautela en su uso, ya que consideraba que podría tener implicaciones en el contexto de la recapitalización, al existir la posibilidad de que su uso dificultase la entrada de nuevos accionistas.
La EBA pidió que se utilizasen con cautela y el CES alertó de los riesgos en cuestiones como la obligación de lanzar una OPA
En el lado opuesto se encuentra el Consejo Económico y Social -CES- que pese a apoyar su uso, en el dictamen que emitió en 2019, al inicio de la tramitación, explicaba que en algunos casos la utilización de las acciones de lealtad podría conseguir el efecto contrario al deseado. Para ello ponía el ejemplo de las OPA y la obligación de lanzar una oferta pública si se superan ciertos umbrales de capital. En caso de que se diese esta circunstancia, la utilización de acciones de doble voto podría incentivar la inversión a corto plazo, pues los movimientos de otros accionistas influirían sobre el número total de derechos.
Los expertos en el tema también ven como un peligro del uso de las acciones de lealtad la alta litigiosidad que se puede derivar de la cadena de custodios de las acciones. En concreto, recuerdan que las cadenas de intermediarios pueden dificultar el ejercicio del derecho de transparencia que recoge la norma, pues la utilización de diferentes sociedades podría camuflar a diferentes propietarios finales de las acciones con un mismo 'accionista leal' que se beneficiase de un aumento de los derechos de voto.
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