La constructora ACS ha anunciado que apelará la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid, en la cual se condena a la compañía, junto a Sacyr y Abertis, al pago conjunto de 450 millones de euros a Haitong Bank, agente del sindicato de bancos financiador de las autopistas radiales 3 y 5 de Madrid, que cayeron en quiebra durante la crisis financiera y a las que tuvo que rescatar el Gobierno. En concreto, el fallo obliga a la compañía de Florentino Pérez a pagar 132,8 millones de euros más intereses y costas del procedimiento, aunque el empresario señala que "hay bases sólidas para sostener que esa sentencia pueda ser revocada en esa segunda instancia", en base a la opinión de sus abogados.
La sentencia condena de igual manera a las tres empresas de construcción y, según fuentes jurídicas, el juez ha estimado en la demanda las pretensiones de los demandantes por el supuesto incumplimiento de la cláusula 4 del Contrato de Apoyo de la financiación de ambas radiales. Así, el juzgado reclama a Abertis 175 millones de euros, a Sacyr 141 millones y a ACS los 132,8 millones anteriormente mencionados, por sus participaciones del 31,22%, del 25,16% y del 23,62% respectivamente en la sociedad concesionaria, Alazor Inversiones.
El grupo constructor encabezado por Florentino Pérez ha señalado que ha provisionado la totalidad de la cantidad que se le ha impuesto pagar, aunque cabe destacar que dicha sentencia tiene recurso de apelación en segunda instancia, ante la Audiencia Provincial de Madrid, y recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a los cuales considera recurrir ACS. A esto hay que añadir que todavía falta por resolverse en vía judicial la cuestión de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) como concedente y actual dueña del activo. En el supuesto de que la Administración pagara la RPA, esos importes servirían para pagar la deuda de la concesionaria a los fondos oportunistas.
La sentencia hunde a Sacyr en bolsa
El fallo relativo a la sentencia de las radiales se confirmó este mismo jueves y coincidió con la publicación de los datos económicos de Sacyr a cierre del tercer trimestre. La resolución del Juzgado de Madrid arrastró a la empresa en bolsa, provocando una bajada del 6,52% del precio de sus acciones causada por la venta de estas después de saberse que tendría que pagar 141 millones de euros a los fondos propietarios de las autopistas quebradas en 2008. Con ello, los bonos han reducido su valor de compra 0,162 euros, hasta colocarse en 2,332 euros por participación.
De esta forma, los beneficios de 60 millones de euros, un 28% más que en el tercer trimestre de 2020, que Sacyr obtenía durante la mañana, quedaron opacados en atención por la sentencia. La compañía presidida por Manuel Manrique también ha confirmado que recurrirá ante instancias superiores el fallo del juez, y él mismo ha declarado que termine como termine este asunto judicial, el impacto sobre sus cuentas "no será significativo".
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, considera que al pleito todavía "le queda mucho recorrido"
A parte del recurso, Sacyr confía en que el valor que el Gobierno le dé a estas dos carreteras sea positivo y el importe que entregue la Administración sirva para pagar la deuda que tiene la concesionaria (en la que Sacyr participa junto con Abertis y ACS) con los fondos de inversión. No obstante, el Gobierno ya ha estimado que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que es el importe que debe pagar el Estado a los concesionarios de las vías por la inversión aún no amortizada, tiene un importe de cero euros, aunque esta estimación sea provisional.
Manrique ha asegurado que se trata de una disputa jurídica larga entre la concesionaria y los fondos, por lo que cree que al resultado global sobre el pago de estos 141 millones de euros "le queda todavía mucho recorrido".
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