ACS no ha podido esperar más. La intención del grupo constructor era mantener a Deloitte como auditor en este ejercicio de 2019, extendiendo una relación que ya supera los diez años y que, conforme a la actual Ley de Auditoría, debería terminar en 2020. Pero los imponderables derivados de la multa impuesta por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentes (ICAC) el pasado mes de abril han provocado que la entidad presidida por Florentino Pérez tenga que curarse en salud buscando este mismo año un nuevo auditor, cuya designación será ratificada si no hay otro remedio en la junta general prevista para primeros de mayo.
La convocatoria del concurso tendrá lugar de manera inminente con la entrega de las correspondientes cartas de invitación a las otras tres grandes firmas del sector. EY, KPMG y PwC llevan meses esperando la 'buena nueva' para incorporar a su cartera de clientes a uno de los más importantes grupos industriales del país con negocios en los grandes mercados internacionales. El contrato vincularía, en principio, a todas las empresas que forman parte del perímetro de consolidación de ACS en España y en el exterior, con la única excepción de la filial australiana, cuyo año fiscal se extiende desde el 1 de julio al 30 de junio siguiente.
De acuerdo con el informe de auditoría del pasado año formulado por la empresa, la operación en juego podría elevarse a un importe cercano a los 20 millones de euros. En 2017, la remuneración de los auditores contabilizada por ACS fue de 19,8 millones de euros, de los que 13,1 millones correspondieron a los honorarios por los servicios de auditoría, en tanto que otros 2,1 millones fueron servicios fiscales y 4,5 millones se pagaron en concepto de otros servicios sin especificar. En 2016 la cifra total fue incluso algo superior, totalizando casi 20,5 millones de los que 13,9 fueron destinados al servicio propio de auditoría.
La contratación de un nuevo auditor por parte de ACS se impone como una necesidad acuciante para la compañía una vez iniciado el nuevo ejercicio de 2019. La multa del ICAC implica la incompatibilidad de Deloitte para seguir auditando al grupo constructor durante los tres próximos años a partir de la fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa. La firma auditora recurrió ante la Audiencia Nacional la decisión del citado organismo dependiente del Ministerio de Economía pero la posibilidad de que la sentencia se retrase de manera indefinida o, en su caso, resulte negativa para los intereses de Deloitte provocaría un serio contratiempo que ACS no está dispuesta a asumir.
La resolución del ICAC tuvo lugar como consecuencia de dos sanciones consideradas graves en virtud del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (TRLAC) y relacionadas con los trabajos efectuados sobre los estados financieros de 2011 y cuyos informes de auditoría fueron emitidos en 2012. Aparte de la difusión pública de las sanciones el ICAC impuso sendas multas a la firma auditora por valor total de 267.260 euros así como otras dos por importe conjunto de 6.000 euros al socio de Deloitte, Javier Parada, en su condición de firmante del informe.
El ICAC señaló que Deloitte había incurrido en un incumplimiento de las normas de auditoría "susceptible de tener un efecto sobre el resultado de su trabajo" pero no especificó, cuando menos de manera pública y oficial, el detalle de los supuestos incumplimientos. En medios financieros se manejó en su día la posibilidad de que las sanciones pudieran estar vinculadas con los análisis previos efectuados sobre las valoraciones de las participaciones que ACS llegó a disponer en Iberdrola y que, en su día, provocaron uno de los más enconados conflictos de agencia (accionistas contra gestores) que se han producido en el mercado corporativo español.
Al margen de la trascendencia final que pueda tener para Deloitte el pleito con ICAC, en el caso de ACS el problema es ahora una mera cuestión logística ya que el concurso para la búsqueda de un auditor suele llevar un periodo de maduración mínimo de dos a tres meses y el acuerdo para cambiar de proveedor necesita el respaldo de la junta general de accionistas. En estas condiciones, Florentino Pérez no puede esperar mucho tiempo más para tomar una decisión que, por otra parte, tendría que llevarse a cabo de manera obligatoria de cara al año 2020. Si la Audiencia Nacional resolviese el caso a favor de Deloitte una vez encarrilado el concurso podría contemplarse la opción de cerrar la auditoría de este año con el actual auditor emplazando para el año que viene al ganador de la licitación que está a punto de comenzar.
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