Ni la posibilidad de emitir 3.000 millones de euros en bonos ni el informe de retribuciones de los directivos ni la recompra de acciones... Las grandes políticas de Florentino Pérez en ACS no convencen a los 'proxy advisors' -los asesores de voto de los propietarios de títulos- que recomiendan a los accionistas de la constructora votar en contra de todas estas propuestas, tal y como ha podido saber este diario. Y todo ello, solo unos días después de la crisis reputacional de Cimic que llevó a las compañías del grupo al rojo en la bolsa.
El informe de retribuciones, es decir, las cantidades que se embolsan cada uno de los ejecutivos de la compañía, siempre es objeto de debate para los accionistas. En el caso de ACS, pese a tratarse de una votación no vinculante, es siempre una de los momentos más tensos de las juntas generales de accionistas. Por ejemplo, en la celebrada en 2018, este punto solo fue aprobado por un 59%, cifra que también se trasladó a la política de remuneraciones para el periodo 2018-2020 que se votó en el cónclave.
El mayor 'proxy advisor' de Europa, Expert Corporance Governance Service (ECGS), que opera en nuestro país a través de la firma Corporance, ha recomendado a los accionistas de la constructora votar en contra del informe de remuneraciones al considerar que se trata de "salarios excesivos" para los cargos de presidente ejecutivo, CEO y secretario de la compañía. Además, recuerda que "las contribuciones a las pensiones exceden el salario base".
Durante el ejercicio de 2018, Florentino Pérez aumentó su cuenta en 6,75 millones de euros gracias a los sueldos que percibió de ACS, mientras que su segundo, Marcelino Fernández Verdes, incrementaba esta cantidad hasta los 11,18 millones de euros, tal y como figura en el hecho relevante que la propia compañía remitió a la CNMV.
Una de las políticas estrellas que se presenta a votación durante esta junta es la autorización para lanzar una emisión de convertibles por un importe máximo de hasta 3.000 millones de euros. Florentino Pérez se ha quitado de encima la deuda que acumulaba con los bancos durante el último ejercicio hasta conseguir una caja positiva de tres millones de euros a cierre de 2018. En cambio, aún cuenta con casi 4.000 millones de euros comprometidos en obligaciones.
La intención de la compañía de lanzar hasta 3.000 millones más durante un periodo de cinco años supondría una gran flexibilidad para el consejo. Ante ello, Corporance señala que se trata de una autorización para "emitir diferentes tipos de deuda con diferentes resultados para los inversores, aunque reconocemos que este tipo de autoridad es estándar en el mercado español". Y zanja: "Nos preocupa la cantidad que podría emitirse sin derechos preferentes y el descuento máximo".
Además, la cantidad de 3.000 millones supone un 28% de la capitalización de la compañía a final de año, "superando nuestro límite del 10%". Por todo ello, el 'proxy advisor' también recomienda votar en contra de este punto en el orden del día de la junta general de accionistas.
Pero no solo en los sueldos y en la emisión de bonos no están de acuerdo los asesores de voto. De acuerdo con el mismo informe, el 'proxy' también recomienda a los accionistas decir 'no' al programa de recompra de acciones. En la convocatoria de junta que la constructora publicó hace unos días, se indica que uno de los puntos que se votarán será la "autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y para la reducción del capital social con finalidad de amortización".
Por ello, Corporance señala que el "precio máximo de recompra de acciones excede el límite del 110% del precio de mercado de nuestra política de voto". Además, consideran que el periodo de autorización de cinco años que se someterá a votación es "excesivo", pese a estar permitido por la legislación española. Por ello, el 'proxy' propone reducir este plazo hasta los 18 meses y renovar la autorización en la próxima junta.
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