Cuatro años después del cierre obligado del almacén de gas Castor, el caso está abierto en canal en los tribunales, en los despachos de abogados, en la banca, en la CNMC y en el Gobierno. Hasta le han zumbado los oídos al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que financió el proyecto. La orden ministerial para aprobar ingresos y gastos del sistema gasista en 2019 ha sido sometida a consulta pública y hay polémica. La orden recupera los pagos de 8,7 millones anuales al gestor técnico del sistema, la empresa Enagás, para que mantenga las instalaciones del almacén situado frente a las costas de Castellón.
Las asociaciones ciudadanas que han llevado el caso Castor a las puertas del Tribunal Constitucional -el Observatorio de la Deuda en la Globalización, Xnet y el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña-, pero también algunas de las empresas y entidades afectadas por el fiasco del almacén de gas consideran necesario revisar el papel y la responsabilidades de los promotores del proyecto, con la constructora ACS a la cabeza.
Las asociaciones presentaron una querella contra el presidente de ACS Florentino Pérez y cinco exministros del PP y PSOE por la gestión del almacén de gas. Y destacan que en el único lugar donde reina una aparente calma en torno al caso es en la constructora y en sus socios canadienses de GPL, unidos en la sociedad Escal UGS para el proyecto Castor. Pérez y sus socios cobraron apenas un mes después del cierre de la instalación la indemnización de 1.350 millones de euros prevista en el contrato con el Estado.
Al final, el consumidor
Desde entonces, el embrollo ha sido mayúsculo: la empresa gestora del sistema gasista Enagás y los bancos Santander, Bankia y Caixabank se hicieron cargo de la indemnización. Enagás cobraba por mantener la instalación y los bancos adelantaban un dinero que recuperarían durante 30 años, a un interés del 4,3%. Los pagadores finales: los consumidores, a razón de 80 millones año.
La salida parecía despejada hasta que el Tribunal Constitucional tumbó hace un año el decreto por el que el Gobierno dio vía libre la indemnización a ACS y sus socios. El Tribunal no entró en el fondo del caso -si la indemnización se ajusta o no a derecho-, pero cuestionó que se realizara el pago por la vía de urgencia. La CNMC paralizó los pagos. A partir de ahí, la banca movió ficha. Los tres bancos presentaron una "reclamación de responsabilidad del Estado legislador" en la que argumentan el "enriquecimiento injusto del Estado" para recuperar las cantidades adelantadas. Se juegan en el envite 2.420 millones: la indemnización adelantada, más los intereses de 30 años.
Las asociaciones querellantes, que se han movido también en el Parlamento Europeo para denunciar el caso exigen que ACS asuma la responsabilidad del fracaso, devuelva la indemnización y se haga cargo de la seguridad de la instalación. Un portavoz de las asociaciones explica que "es el Gobierno el que se debe encargar de que cada parte asuma sus responsabilidades", al tiempo que critica que "quiera incluir el coste de mantenimiento de las ruinas del Castor en la factura del gas".
Fuentes de las entidades afectadas -que solicitan anonimato- comparten su extrañeza por cómo ACS ha logrado esquivar la polémica que rodea al asunto desde hace cuatro años. Transición Ecológica, por su parte, se limita a señalar que el caso sigue en trámite y que no hay novedades relevantes frente a las reclamaciones de la banca. Los portavoces de los bancos dan una respuesta común: no hay nuevos movimientos respecto a la reclamación planteada. El asunto sigue abierto.
La callada por respuesta
Los bancos consideran probable que el Gobierno de Pedro Sánchez mantenga la callada por respuesta a la demanda de responsabilidad que interpusieron en abril. Gráficamente, una de las fuentes consultadas explica que el Ejecutivo socialista no tiene fácil dar una contestación a sus demandas "porque supone elegir entre Florentino Pérez (el presidente de ACS) o los bancos" y en esa elección no hay ganancia política.
Lo que sí ha hecho el Gobierno es aliviar un poco la incómoda situación de Enagás en la controversia del almacén. La orden de peajes recoge una partida de 26,1 millones para la operación y el mantenimiento de Castor. Son 8,7 millones de euros para los ejercicios de 2017, 2018 y 2019. Hay otras cantidades pendientes porque sentencia del Tribunal Supremo le obligó a devolver las cantidades cobradas para mantener Castor entre 2014, 2015 y 2016.
El caso no está acabado. Ni para Enagás, ni para los bancos, ni para las asociaciones que reclaman la devolución de la indemnización ya pagada a ACS. "Preparamos otras acciones para principio de 2019 para que nunca más paguemos nada por el Castor y para que devuelvan el dinero que ya hemos pagado" adelantan desde las asociaciones. Seguirá.
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