Activision Blizzard protagoniza la mayor operación corporativa de la segunda compañía más valorada del mundo. Microsoft acaba de lanzar una operación de compra sobre el gigante del videojuego por más de 60.000 millones de euros. En esta transacción no habrá personal español que sufra cambios de 'jefes', porque justo el pasado mes de diciembre cerró definitivamente su oficina en España. Lo hace previsiblemente para mantener Reino Unido como centro de operaciones, con la facturación de las ventas digitales de los títulos a través de Países Bajos, con una tributación más baja, como hacen otras multinacionales del sector.
La filial española, como sucede con otras grandes compañías del sector de los videojuegos, tiene un cometido puramente comercial. Es decir, suele contar con un acuerdo de distribución con el dueño de la propiedad intelectual en Europa, que en este caso es la matriz holandesa, para redistribuir los videojuegos físicos con los diferentes distribuidores. Sin embargo, esta actividad ha ido perdiendo peso progresivamente en los últimos años. Esto llevó a una reorganización de las oficinas a nivel europeo, que desembocó en el desmantelamiento de algunos de los espacios de la red. El español es uno de ellos. Así lo comunicaron a sus empleados en marzo de 2021. Ahí arrancaba todo el proceso de despido colectivo.
La plantilla fue reduciéndose en los últimos años hasta situarse por debajo de la veintena de empleados antes de que estallara la pandemia global del coronavirus. En marzo de 2021 se arrancó una comisión negociadora para llevar a cabo el despido de todos los que quedaban en la empresa. En abril se pactó, según queda reflejado en su memoria anual recién presentada al Registro Mercantil, un expediente de extinción para la práctica totalidad: salieron once trabajadores. Los últimos lo hicieron hace un mes, en diciembre. Han dejado a dos trabajadores no afectados por el recorte, para llevar a cabo esta transición.
Más allá de los despidos del personal que quedaba, hay otra consecuencia de esta reorganización en la que España pierde sitio y se queda sin apenas cometido: perderá vigencia el contrato de distribución firmado con la matriz en Países Bajos. Por tanto, se finalizan las operaciones de venta de videojuegos de la sociedad a diferentes 'retailers' en España. Y además la dueña pagará una compensación económica "que cubriría cualquier contingencia futura que pueda afectar como consecuencia de la terminación anticipada", asegura. No lo precisa en sus comunicaciones, pero por lo que sucedió en otros mercados, pero todo apunta a que se está centralizando todas las ventas a través de Reino Unido.
La compañía se mantendrá abierta por si existe algún tipo de litigio. La compañía se ha tenido que ver las caras con la Agencia Tributaria en varias ocasiones en los últimos años. En el año 2018 se abrió una inspección, aunque no se precisa el resultado. Un par de años atrás sí que tuvo que pasar por caja. En total debió abonar 2,5 millones de euros, con los intereses de demora incluidos. En relación con este procedimiento, la firma inició un procedimiento amistoso entre la administración española y la holandesa. Esto es un mecanismo previsto en los convenios internacionales para evitar la doble imposición con el objeto de resolver los conflictos.
Esta decisión contrasta con la estrategia que han seguido otros de sus rivales, que sí que han mantenido intacta su oficina comercial en España. Nintendo, por ejemplo, la mantiene -compra todo el producto para distribuirlo a la matriz alemana- y también se ha tenido que ver la cara con Hacienda con el pago de 3 millones en 2018. Un año más tarde esta filial española del dueño de Super Mario movió ficha de manera similar a Activision Blizzard y solicitó un convenio de arbitraje para evitar la doble imposición. Electronic Arts, dueños de las franquicias de Fifa, Los Sims o Battlefield, también sigue contando con equipo local de casi 400 personas.
Estudio para Candy Crush
El grupo Activision Blizzard, que pasará a manos de Microsoft tras la venta que se ha anunciado esta semana en caso de que finalmente pase todos los filtros regulatorios, también cuenta con una oficina relevante en Barcelona. No es suya directamente, sino de King, el dueño del juego móvil Candy Crush, que abrió un estudio relevante en Barcelona. A cierre de 2020, últimos datos disponibles, el centro cuenta con casi 600 empleados. Se dedican a producir títulos para esta división de productos para teléfonos móviles. Además también tiene funciones de apoyo que prestan al grupo. En total le 'refacturó' a la matriz en Reino Unido más de 70 millones de euros en el último año por estos conceptos.
Queda pendiente también qué sucederá con el estudio español Digital Legends, con sede en Barcelona, que fue adquirido el pasado mes de octubre por Activision Blizzard. Se trata de un centenar de empleados que, al menos según el anuncio que hicieron público, se incorporaban a la disciplina de su nuevo dueño. "Es un increíble equipo de profesionales y no podríamos estar más emocionados de darles la bienvenida", aseguraba Rob Kostich, presidente del grupo. Estos desarrolladores se centraban en la puesta en marcha de un nuevo título para móviles de la familia de Call of Duty.
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