Las comunidades estarán solas ante las posibles indemnizaciones millonarias a los gigantes de la VTC. El adelanto electoral tras el fracaso en la aprobación de los presupuestos tiene una consecuencia importante en la llamada guerra del taxi: se pierde, por ahora, la posibilidad de introducir 'escudos' para que las administraciones regionales no tengan que cargar solos con los pagos.
En octubre, los partidos independentistas catalanes respaldaron el decreto ley del Gobierno con el que se limitaban de nuevo la actividad del alquiler de vehículos con conductor (VTC), realizada principalmente por plataformas como Uber o Cabify. Pero lo hicieron con una condición: tramitarlo como proyecto de ley, con el fin último de protegerse ante las más que probables indemnizaciones a los propietarios de este tipo de licencias. Es decir, buscaban que las responsabilidades patrimoniales "no recayeran sobre las comunidades autónomas".
Ahora, esa tramitación como proyecto de ley queda en suspenso ante la disolución de las Cortes Generales el próximo 5 de marzo. Y no hay ningún plan para retomarlo a corto plazo. Queda la incógnita si el próximo Gobierno acabará asumiendo el mandato de aprobarlo como proyecto de ley, para tratar de introducir enmiendas.
En juego hay mucho dinero. Según diferentes fuentes jurídicas del sector de la VTC, las indemnizaciones sólo por la introducción de la limitación de la precontratación -que ha obligado a suspender sus servicios a Uber y Cabify, plataformas en las que trabajan los grandes gestores de las flotas de coches- podrían rondar los 1.200 millones de euros (al margen de los 4.000 millones por el decreto del Gobierno). Un desembolso que si, finalmente, no se introducen las enmiendas al proyecto, debería ser ejecutado por la propia Generalitat.
Cataluña ha sido la única comunidad que ha aprobado una regulación restrictiva de la VTC tras el 'Decreto Ábalos'. Por ahora, Andalucía lo ha pospuesto hasta dentro de un mes, para analizar todos los informes jurídicos relacionados con su responsabilidad patrimonial. Madrid también ha decidido no regular, a pesar de la dura huelga de más de dos semanas planteada por el taxi.
Más posibilidades de denuncia ante el Constitucional
El decreto, por tanto, se queda tal y como se aprobó en el Congreso de los Diputados. Y eso es también visto con buenos ojos por parte de los empresarios de las VTC. Entienden que su redacción actual es "aún más atacable" en un potencial recurso de inconstitucionalidad que, según sus planes, se presentaría en los próximos meses.
Según varios informes elaborados por los bufetes de abogados contratados por estos empresarios, se pone en duda la constitucionalidad no sólo del decreto -pues no hay justificación, según ellos, de una "extraordinaria y urgente necesidad"- sino también de algunos de los artículos concretos vinculados a una transferencia 'de facto' de las competencias sobre las VTC sin que haya habido financiación a las comunidades.
La CNMC, en contra de limitar el mercado 'b'
Mientras tanto, desde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado a conocer un informe elaborado el pasado mes de julio en el que se oponía a las limitaciones que impuso a las VTC el decreto elaborado por el anterior Gobierno del PP. En concreto, se trataba de la prohibición de vender licencias durante los dos primeros años -los grupos se han saltado la restricción vendiendo las compañías que tenían en sus activos estas autorizaciones y no éstas directamente- y la comunicación obligatoria de cada uno de los servicios de estas plataformas en un registro electrónico.
Respecto al mercado secundario de licencias VTC, en las que éstas han llegado a cotizar por encima de los 50.000 euros en ciudades como Madrid o Barcelona, la CNMC se muestra contrario a cualquier limitación. Por un lado porque representa un "incremento de los costes de salida del mercado para los nuevos entrantes" y, por otro, porque suben los precios.
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