Jueves, 19.09.2019 - 17:58 h
Con la denuncia por los terrenos

Adif, BBVA y San José buscan vías legales en Chamartín tras el órdago de Podemos

La compañía pública y DCN -participado por ambas compañías privadas- trabajan para lanzar los pliegos del proyecto en el mes de octubre.

Fotografía aérea Estación de Chamartín / ADIF
Adif y DCN buscan cómo evitar 'líos' en la reforma de Chamartín con UP al acecho. / ADIF

La 'Operación Chamartín' echa a andar. Adif y Distrito Castellana Norte -DCN- están rematando los pliegos para sacar a licitación la reforma de la emblemática estación del norte de Madrid, centro del proyecto Madrid Nuevo Norte que aprobaba hace apenas unos días el consistorio de la capital. Pero antes de que todo esto ocurra tienen que tomar una importante decisión: cuál será la fórmula societaria a aplicar para evitar posibles problemas en un futuro, idea en la que llevan trabajando unos meses. Todo ello con Unidas Podemos al acecho tras la demanda que presentaba hace unos días ante Anticorrupción a 28 responsables de este macroproyecto urbanístico por el supuesto quebranto de 2.780 millones de fondos públicos. 

Con las obras ya comenzadas en las vías, el siguiente paso es la propia estación, un proyecto de 966 millones de euros, según la estimación del estudio informativo, que quiere convertir esta infraestructura en el centro del nuevo norte de la capital. La intención de la compañía pública es publicitar los pliegos durante el próximo mes de octubre pero todo dependerá de la fórmula elegida para hacerlo. Y es que la conjunción de empresa pública y privada en un mismo proyecto no es nada fácil y menos en este momento. "Tenemos que ver todos los temas legales", señala Isabel Pardo de Vera, presidenta de la gestora de infraestructuras que depende del Ministerio de Fomento. 

"Es un concurso de acuerdo con el contrato de DCN y como está imbricado, tenemos que hacerlo conjuntamente. Estamos viendo la forma legal de cómo sacarlo", confirma la máxima directiva de Adif. Las dudas de la entidad se basan en el tipo de figura necesaria para vehiculizarlo sin que a futuro suponga ningún tipo de problema para el proyecto. Por ello, ambas compañías están valorando diferentes figuras societarias o contractuales que permitan salvar la situación. 

"Voy a un tema jurídico que sea solvente y me permita sacar la estación. Eso es lo que estamos viendo, cómo lo sacamos conjuntamente", señala Pardo de Vera. La compañía pública quiere convertir la hoy anticuada Chamartín en un emblema, un nodo de comunicaciones que articule por completo la red ferroviaria nacional que se enfrentará a la liberalización del mercado de pasajeros le próximo 14 de diciembre de 2020. 

El millonario desembolso que supondrá esta modificación urbanística correrá a cargo de las plusvalías inmobiliarias, tal y como confirma la propia entidad. Es precisamente el contrato entre Adif y DCN y todo lo que rodea a la venta de los terrenos y su posterior gestión la que habrían denunciado Podemos e Izquierda Unida hace solo unos días, meses después de que comenzase a buscarse la fórmula jurídica perfecta para lanzar los pliegos. "Los políticos de PP y PSOE se han dedicado a beneficiar durante 25 años a BBVA a costa de las Administraciones Públicas y cuando eso pasa, suele ser a cambio de algo", señalaban desde la formación política en un comunicado. 

Según publicaba eldiario.es, Unidas Podemos habrían denunciado por "prevaricación administrativa, cohecho y malversación de caudales públicos" a un total de 28 altos cargos entre los que se encuentran ocho ministros de Fomento, como Íñigo de la Serna y José Luis Ábalos; dos presidentes de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre e Ignacio González; y dos alcaldes de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella.

En este sentido el ministro de Fomento, José Luis Ábalos se mostraba convencido de que la denuncia de Podemos e IU "no tiene recorrido, más que la intencionalidad política" de dañar al PSOE, por lo que señalaba estar tranquilo. Su argumento se basa en que a su llegada al Ministerio se lo encontró "todo hecho" y que únicamente apoyó "políticamente" y de "buena fe" el proyecto que fue "reformulado" por la entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que formaba parte del grupo municipal de Podemos.

El proyecto de Chamartín

La reforma de la estación de Chamartín tiene que convertirla en un referente. Para ello, Adif ha llevado a cabo una consulta preliminar de mercado para recabar las aportaciones de todo tipo de agentes económicos como arquitectos, urbanistas, ingenieros, consultores, proveedores de servicios de transporte, inmobiliarias, empresas de distribución, hostelería u ocio o los propios vecinos. En definitiva, todo aquel que crea que pueda tener algún tipo de vinculación con la reforma de la emblemática estación de tren madrileña.

Esta consulta, que finalizó el pasado mes de mayo, tenía como objetivo incorporar la mayor cantidad de perspectivas posibles a la definición del perímetro del expediente de contratación y disponer de una referencia para evaluar la solvencia técnica y económica de los potenciales adjudicatarios. "Este estudio informativo nunca se había hecho, con lo cual debería de ser el mejor estudio funcional para la mejor estación. Es un proyecto clave para nosotros que tiene que empezar ya", confirmaba Isabel Pardo de Vera. 

La primera parte, la más técnica, ya ha comenzado. Adif ha contratado la modificación de las vías, una "obra complejísima que dura 55 meses", según señalan desde la compañía, y que tendrá como fin, entre otras cosas, aumentar la capacidad de la estación que pasará de las seis vías y tres andenes actuales a 18 y 9, respectivamente, una vez que finalicen las mejoras. Todo ello, con un paso medio que dejará, durante unos meses, a la estación con diez vías para dar cabida a los trenes que tengan que dejar Atocha durante las obras de la estación pasante. 

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