La liberalización del transporte de viajeros en nuestro país está cada vez más cerca. Uno de los puntos sobre los que ponía el foco de la CNMC en su informe del pasado mes de julio era la necesidad de llevar a cabo "cambios en el servicio de suministro de energía eléctrica en las líneas de alta velocidad", algo que Adif, gestor de la infraestructura, ya preveía. Por ello, la compañía está trabajando para mejorar el sistema de facturación de este servicio y ya ha iniciado las pruebas a través de una experiencia piloto en el corredor del Levante, confirman desde Adif.
El modelo actual consiste principalmente en facturar los costes reales de este servicio en su totalidad a Renfe, compañía que ahora explota la red, tal y como consta en el citado informe de la CNMC. Según señala la gestora de infraestructuras, este modelo presenta algunas limitaciones, principalmente basadas en la dificultad de poder calcular, en líneas de alta velocidad, lo realmente consumido por cada uno de los futuros competidores de Renfe.
Según reconoce la firma que capitanea Isabel Pardo de Vera, a todo ello se deben añadir las incertidumbres debidas a la regulación periódica de la diferencia entre las cantidades facturadas y el coste real de la energía. Por todo ello, Adif está evolucionando en el sistema actual de facturación, siguiendo la tendencia de otros países europeos, hacia un modelo basado en la medida embarcada como unidad de facturación del servicio.
En la experiencia piloto que ha llevado a cabo en las vías del AVE entre Madrid, Valencia y Alicante, se ha conseguido ir hacia este sistema, que se basa en que cada tren lleve un sistema que contabiliza lo consumido de forma individual. Por ello, cada futuro operador solo deberá pagar lo realmente consumido por sus trenes.
En los próximos meses se prevé que la compañía pública siga dando pasos para implantar este sistema en el resto de la red, con el objetivo de poder facturar de forma diferenciada a los operadores en los servicios de alta velocidad una vez que se lleve a cabo la liberalización del mercado en diciembre de 2020. La utilización de este tipo de mediciones era una de las peticiones de la CNMC de cara a la Declaración de Red definitiva y ha quedado así solventada.
Más allá de este trámite, la pública se encuentra inmersa en las negociaciones de un acuerdo a nivel financiero con el Ministerio de Fomento que provea a la compañía de un contrato-programa. La intención de la que preside Isabel Pardo de Vera es tener una certidumbre a nivel económico de cara a los próximos años en los que la liberalización del mercado de viajeros será piedra angular.
Se trataría de un acuerdo a cinco años que financiaría gran parte de la operativa e inversiones de Adif. Un paso que desde el sector consideran muy importante ya que permitiría a la empresa pública planificar a medio plazo sus focos de actuación y "no tener que ir haciendo año a año los planes", señalan.
La liberalización supondrá un auge de ingresos para Adif. Según los propios cálculos de la compañía, una vez que los rivales de Renfe pongan los trenes sobre las vías, experimentarán un aumento de los ingresos gracias al cobro de los cánones por el uso de las infraestructuras. A día de hoy, la cantidad aportada a través de este concepto ronda los 500 millones de euros del resultado consolidado de la compañía pública. En cambio, una vez que se lleve a cabo la tan esperada liberalización y el aumento de la capacidad de la red en un 65%, se espera que esta cifra llegue a ser hasta un 30% superior.
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