Adif Alta Velocidad, la gestora pública de las infraestructuras ferroviarias, acaba de revelar el convenio de encomienda de gestión que ha firmado con su 'hermana' Adif para llevar a cabo actividades de carácter material o técnico. Gracias a la firma de este acuerdo la segunda compañía desarrollará funciones que le corresponderían a la primera a cambio de una contraprestación económica. Es el caso de la ejecución de tareas relacionadas con la seguridad, las telecomunicaciones o el mantenimiento de las vías. Es precisamente este último objeto el que llevará a que la compañía que capitanea Isabel Pardo de Vera invierta más de 1.350 millones de euros hasta el próximo año 2023, según se indica en el citado documento.
De acuerdo con la última previsión anual de gastos para este fin, la partida se irá incrementando en cada ejercicio durante los próximos tres. Así, para 2019 estaba previsto que el coste fuese de 225,53 millones de euros, ascendiendo hasta los 259,12 millones en 2020. La diferencia entre estos dos ejercicios, que roza el 15%, es la mayor variación interanual, pero pese a ello esta cifra seguirá incrementándose año a año.
Para 2021, la documentación contenida en el convenio de encomienda de gestión de Adif Alta Velocidad para la ejecución de las actividades de carácter material o técnico necesarias para gestión integral del mantenimiento de las líneas de la firma contempla una previsión de gasto de 274,4 millones de euros. Estos se verán incrementados en casi un 8% hasta los 295,9 millones en 2022 y hasta los 299,85 millones para el último que contempla el acuerdo, 2023.
De todas las partidas recogidas en estas previsiones, la mayor de ellas es la que se recoge bajo el epígrafe de 'servicios externos y gastos diversos', que va desde los 188,8 millones de euros previstos para 2019 hasta los 260 millones para 2020. Los gastos de personal se mantendrán prácticamente inalterados, superando levemente los 8,5 millones de euros anuales y casi igualándose en el primer y último año del convenio.
Estos importes recogerán tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo, tal y como se señala en el citado documento, de las vías, las infraestructuras, la electrificación, las instalaciones de control de tráfico y las telecomunicaciones. Se quedan fuera las estaciones y sus accesos y los trabajos directamente facturados por Adif Alta Velocidad, como es el pago por disponibilidad en la fase de mantenimiento recogido en los contratos de colaboración público-privada.
Pese a todo ello, estas previsiones son susceptibles de ser modificadas para ajustarse a "nuevas puestas en servicio o por la reconsideración de líneas o tramos como activos de Adif Alta Velocidad", confirma la referida documentación. Este traspaso de actividad, que se extiende hasta 2023, coincide con la liberalización del mercado de viajeros de que se producirá a cierre de este ejercicio, concretamente en diciembre de 2020. Gracias a esta operación, dos incumbentes extranjeros -SNCF, por un lado, y Trenitalia de forma conjunta con la española ILSA, por otro- irán poniendo sus trenes en las vías de forma paulatina y hasta 2021.
De acuerdo con el Real Decreto sobre reestructuración de ADIF de 2013, Adif Alta Velocidad se financia con ingresos de mercado procedentes de los operadores ferroviarios y otras fuentes, asumiendo la deuda derivada de los bienes patrimoniales transmitidos en su momento. La gestora de las infraestructuras del AVE, entre otras, además de con los ingresos percibidos de los operadores -que se incrementarán cuando llegue la competencia-, también se nutre con transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado.
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