Martes, 12.11.2019 - 16:37 h
Los operadores piden rebajas por el mayor tráfico

Adif prepara una subida de los cánones del 7% de cara a la liberalización del AVE

A partir del incremento inicial para el año 2020 el gestor de la vía férrea se compromete a mantener luego congeladas las tarifas hasta 2024.

Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif
Adif, bajo la presidencia de Isabel Pardo de Vera, remitió el viernes a los operadores su nueva política tarifaria. / EFE

El Administrador de la Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha cumplido el objetivo anunciado este verano por su presidenta, Isabel Pardo de Vera, cuando señaló públicamente que dentro del mes de septiembre estaría en disposición de presentar el nuevo marco tarifario de cara a la liberalización el transporte de viajeros por ferrocarril. Otra cosa es que la propuesta encaje en las expectativas de reducción de los cánones que se daba por descontada en el sector. A la postre, Adif remitió a última hora del pasado viernes, día 27, su planificación de los próximos cinco años para todos los operadores incluidos en sus registros. En la misma se establece una subida media del 7% a partir del año 2020, que luego se mantendrá congelada hasta 2024.

La definición de los cánones de Adif ha sido uno de los grandes motivos de controversia entre el Reino de España y la Comisión Europea dentro del sector ferroviario. Las autoridades de Bruselas no quieren que dichas tarifas sean aprobadas vía Presupuestos del Estado por cuanto que ello supone un menoscabo de la compañía que gestiona la red a la hora de determinar con plena soberanía la política comercial con sus principales clientes. Adif ha recogido el guante y ha aprovechado el verano para tomar la iniciativa en la fijación de los cánones teniendo en cuenta el momento crítico que supone la entrada de nuevos operadores dispuestos a competir con Renfe a partir de diciembre de 2020.

La compañía dependiente del Ministerio de Fomento ha diseñado también su propuesta con el claro objetivo de blindar la discusión futura de los cánones con otros organismos de la Administración Pública y, en especial, con la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Para ello ha reducido el peso de las actividades reguladas que son las que están bajo control directo del organismo supervisor y las que han motivado que la entidad presidida por José María Marín Quemada haya mostrado sus reticencias contra la política de tarifas llevada a cabo recientemente por Adif.

Este mismo año, en marzo pasado, la CNMC abrió un expediente sancionador a Adif y Adif Alta Velocidad por lo que consideró un incumplimiento de la resolución de cánones que había adoptado el ente regulador. La CNMC había corregido la propuesta del gestor ferroviario rebajando en 43 millones de euros los costes a recuperar a través de las citadas tarifas por uso de la vía férrea. Sin embargo, Adif no incluyó esta modificación en la propuesta que remitió al Ministerio de Fomento, dando lugar a una eventual infracción castigada, en todo caso, con una ridícula multa de 6.300 euros.

La propuesta de Adif para 2019 no sirvió más que para encrespar las relaciones con la CNMC desde el momento en que los Presupuestos del Estado, que se presentaron con el año avanzado, fueron torpedeados en el Parlamento dando lugar al término de la legislatura y la consiguiente convocatoria electoral del 28-A. La historia posterior no ha servido para impedir el bloqueo político en España y en el caso de Adif los célebres cánones actualmente en vigor llevan ya dos años congelados. De ahí el afán de la empresa en reactivar ahora las tarifas con la vista puesta en la liberalización del sector.

Hasta la fecha, y dado el régimen de monopolio en el que se desarrolla el servicio ferroviario de pasajeros, el canon de Adif es soportado en exclusiva por Renfe. La operadora estatal ha tenido que afrontar subidas regulares de las tarifas que actualmente sitúan el coste para la compañía en cifras de entre 500 a 600 millones de euros anuales. Los cánones se establecen como garantía para cubrir los llamados costes regulados de Adif en función lógicamente al tráfico que genera la vía férrea. Con la apertura del mercado, esta última variable tiene que aumentar decisivamente pues no en vano los propios responsables de la infraestructura han anunciado un incremento de capacidad del 65% en la llamada Declaración sobre la Red prevista para acoger la incorporación de nuevos competidores.​

Ajuste fino de los costes regulados

La formulación de los futuros cánones se ha elaborado con un exquisito 'ajuste fino' reduciendo convenientemente los gastos repercutibles del servicio que son los que más se van a ver afectados al aumentar de manera exponencial el tráfico. Dicho de otra forma, Adif ha 'peinado' los costes regulados para disponer de un margen discrecional que justifique eventuales subidas en los llamados recargos. En principio, los cánones ordinarios por los distintos conceptos de uso de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) oscilan en una horquilla entre el 5,5% y el 9% hasta alcanzar una media cercana al 7%. Con los recargos, la subida podría rondar el 10%.

Adif trata al mismo tiempo de hacer de la necesidad virtud destacando la congelación de las tarifas a partir de este incremento inicial. El administrador de la red pretende asegurar una estabilidad en su volumen de ingresos que, lógicamente, deberá traducirse en un importante incremento dado el mayor tráfico que supondrá la apertura del mercado. Los operadores, que lógicamente tratan de ajustar sus proyectos con un mínimo nivel de eficiencia, consideran que el mantenimiento de los precios en el horizonte de los próximos cuatro años no es, desde luego, ninguna buena noticia.

El objetivo de los futuros competidores de Renfe no es otro que obtener una importante rebaja de los cánones que, en teoría, podría traducirse en un menor coste del billete para el pasajero. Esa es también la intención de la CNMC que, a buen seguro, tratará de aportar su particular 'granito de arena' sobre los planteamientos iniciales esbozados por Adif. La decisión final deberá esperar todavía unos meses, hasta saber el número final de adjudicatarios de la nueva red liberalizada y la voluntad política del Gobierno que surja de las urnas tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

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