Adif examina desde hace semanas distintas propuestas de grandes despachos de abogados para pasar al ataque contra las empresas que formaron parte del denominado cártel del AVE en 2019 y fueron sancionadas por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC). La empresa dependiente del Ministerio de Transportes ha recibido finalmente ofertas de hasta nueve firmas legales de gran prestigio, entre las que destacan Ontier, Cremades & Calvo Sotelo y Roca Junyent. Próximamente, se conocerá quien asesorará a la empresa presidida por Maria Luisa Domínguez, que ya ha realizado la primera criba entre las solicitantes.
Adif ha estructurado este gran contrato en tres lotes, que corresponde a los distintos cárteles que detectó Competencia hace ya casi tres años. El organismo presidido entonces por José María Marín Quemada halló que el primero de ellos se dedicaba a repartir los concursos para la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de electrificación de líneas ferroviarias de alta velocidad; el segundo manipulaba los concursos de electrificación, pero en líneas de tren convencional, y el último hacia lo propio para los concursos dedicados a la construcción, suministro, instalación y mantenimiento de equipos en las líneas de alta velocidad.
Al interés del despacho CCS Abogados del exministro socialista Francisco Caamaño Domínguez, adelantado por La Información, se han sumado finalmente otros ocho competidores. Algunos han acudido en solitario y otros se han presentado mediante alianzas en forma de unión temporal de empresas (UTE). Dos de los nombres que sobresalen son el del bufete catalán Roca Junyent y el de la firma internacional Ontier. Se suma al listado Romero Rey, liderado por Manuel Ángel Romero Rey y Ernesto Benito Sancho, dos abogados del Estado en excedencia.
Adif, por su parte, ya ha avanzado en sus análisis y ha desechado varias propuestas. Queda fuera de la puja el despacho Vaciero, que en los últimos meses ha firmado acuerdos con la administración para formar parte de los gurús de la SEPI en el fondo de rescate a empresas estratégicas. También se caen del proceso Cremades & Calvo Sotelo, Lébeq y los abogados de Cueto. Todos ellos se había postulado a los tres lotes, pero en ninguno de ellos se ha superado el umbral mínimo de puntuación marcado en los pliegos.
Solo una firma de las interesadas no pasó el primer corte de todos. Fue el despacho Broseta, cuyo descarte se llevó a cabo el 10 de febrero y respondía a un conflicto de intereses que llevó directamente a la dirección de contratación "a no valorar la mencionada oferta", según la documentación consultada por este medio. Esta posibilidad estaba sobre la mesa desde que arrancó el concurso de Adif, ya que muchas de las empresas sancionadas por la CNMC con motivo del cártel del AVE han contratado en algún momento los servicios de este tipo de bufetes.
Del lado contrario están las compañías cuyas propuestas sí han sido evaluadas. Destaca la de Ontier, que ha conseguido la máxima puntuación entre todas las participantes, aunque esto no significa necesariamente que vaya a resultar ganadora del concurso público. La firma internacional propone cuantificar el daño sufrido por el gestor ferroviario a través de dos informes periciales y utilizar como prueba en el juicio tanto el expediente de la CNMC como los resultados derivados de las inspecciones domiciliarias que se llevaron a cabo.
Sanción de 118 millones
El cártel del AVE fue sancionado en marzo de 2019. Ese año, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia anunció una sanción a 15 empresas por valor de 118 millones de euros, lo que supuso la segunda mayor multa por infracciones de este tipo. La resolución, que afectaba también a 14 directivos, se debía un reparto ilícito de "concursos públicos relacionados con infraestructuras ferroviarias". La decisión empujó por primera vez a Competencia a prohibir a estas empresas sancionadas poder presentarse a nuevas licitaciones durante tres años, aunque el bloqueo en los tribunales habría impedido que este mecanismo fuera efectivo.
Entre las empresas sancionadas estaban Cobra (entonces propiedad de ACS), Elecnor y Siemens. Estas tres firmas recibieron las sanciones de mayor cuantía, con 27, 22 y 16 millones de euros, respectivamente. El daño causado al gestor ferroviario y a su división de alta velocidad podría alcanzar los 1.000 millones de euros, ya que el proceso examina el reparto de 200 proyectos a lo largo de 14 años. El procedimiento se inició a partir de la información aportada por la francesa Alstom, también multada (8,8 millones de euros), en el ámbito del Programa de Clemencia, que permite a cualquier implicado en una práctica anticompetitiva reducir su multa -o incluso eliminarla- a cambio de aportar información.
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