La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha admitido a trámite la querella presentada contra Alcoa y otras dieciocho personas físicas y jurídicas por supuestas irregularidades en la venta de las plantas de la compañía en Avilés y La Coruña. En un auto conocido este martes, la magistrada da curso al escrito presentado por la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
La querella se dirige contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica LC SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo. La titular del juzgado central de Instrucción número 3 oficia a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para que realice una investigación integral respecto de estas personas que esclarezca los hechos, antes de pronunciarse acerca de las diligencias solicitadas por la CCP.
Asimismo, "teniendo en cuenta la ausencia de claridad y concreción que se advierte en la querella", la juez pide a la UDEF que le informe sobre la titularidad real de Alu Ibérica LC y ALU Ibérica AVL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social y situación financiera, entre otros extremos.
En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia), después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. La compañía justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.
Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica. Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.
Con ello, prosigue la querella, buscaba "eludir el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros". El escrito relata el proceso de venta y concluye que "los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo".
Al mismo tiempo, añade, se habrían incumplido las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir -en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla (coste salarial aproximado de unos 42,5 millones de euros anuales). En opinión de los querellantes, "lo primero que hace Alcoa" es bloquear una inversión de 20 millones de dólares por planta, consignándolo notarialmente, "lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores, que seguían unidos a la empresa". Finalmente, recuerdan que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido.
La magistrada se remite en su resolución a la sentencia dictada el pasado septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que declaró nulo el despido colectivo ejecutado por Alcoa en la factoría de San Ciprián (Lugo), la única planta de aluminio primario que queda en España, y condenó a la multinacional a reincorporar a los 524 trabajadores afectados, al apreciar mala fe. En aquella sentencia, el tribunal gallego aseguraba que "el fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible".
Destacaban que los diálogos que Alcoa con Liberty House para vender la planta "permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica" y de que la multinacional entró en la negociación "con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final". Motivos por los que Tardón admite a trámite la querella del sindicato, a la espera de los informes de la UDEF.
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