Aena ya ha arrancado los trámites para ejecutar los avales bancarios de sus operadores comerciales. El pulso entre la empresa pública y sus locales por los alquileres continúa mientras diferentes juzgados de primera instancia deciden sobre esta batalla. Una de las firmas afectadas -con más de una decena de locales en las bases del gestor aeroportuario- asegura que "el pasado viernes Aena envió un comunicado al banco expresando su voluntad de ejecutar nuestro aval". Fuentes cercanas a la compañía confirman, en conversaciones con La Información, que la firma ejecutó "el aval de uno de los contratos de un operador, un contrato vencido". La empresa ha enviado recientemente una misiva a aquellos arrendatarios que rechazaron su última propuesta, cuyo contenido tampoco anticipa vientos de reconciliación.
Aena tiene comprometidos cerca de 3.500 millones de euros a través de los alquileres de sus operadores, garantizados para los próximos tres ejercicios. "De aplicarse los descuentos incluidos en la última propuesta, la empresa dejará de ingresar de 500 a 700 millones, entre 2020 y 2021", inciden fuentes cercanas a la gestora. El coronavirus desplomó los vuelos y tambaleó el sistema de renta combinada que sostiene la división comercial del negocio de la compañía que, en 2019, ingresó más de 1.200 millones de euros. El acuerdo entre Aena y los propietarios incluye una renta variable, que se calcula en función de un porcentaje sobre las ventas mensuales totales; y la renta mínima garantizada (RMGA) para cada anualidad de los contratos. La segunda se ha convertido en una verdadera 'manzana de la discordia'.
La postura que defiende Aena en la citada misiva, que firma María José Cuenda Chamorro, directora General Comercial e Inmobiliaria, es firme: "Este sistema combinado de renta asume que el negocio pueda sufrir oscilaciones y determinaba que si las ventas no alcanzaban el volumen suficiente, ustedes deberían pagar una cantidad fija". Del mismo modo, la empresa pública defiende que solo es responsable de la gestión de la infraestructura, es decir, de los aeropuertos, mientras que "el flujo depende de circunstancias externas", así como que, "Aena es tan dependiente del flujo de pasajeros como ustedes y, por tanto, está sufriendo en la misma medida el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19".
El bufete Fieldfisher JAUSAS, que representa a los operadores comerciales en el conflicto de los alquileres, ha respondido a esta carta -que los operadores discrepantes han ido recibiendo "por tramos" desde el pasado enero-, con otro escrito. "Los arrendatarios han asumido contractualmente los riesgos de mercado, pero no los derivados de una situación de fuerza mayor, como es la pandemia, lo cual resulta de la propia lectura del contrato predispuesto por AENA -y la manifiesta ausencia en el mismo de una cláusula de fuerza mayor- en consonancia con la normativa y jurisprudencia aplicable".
Los comercios denuncian "condiciones abusivas y no equitativas" en la propuesta de Aena y la compañía se defiende de las acusaciones alegando que estas han sido "llamativamente concertadas" entre varios operadores.
Las perspectivas de recuperación del sector aéreo apuntan a que un nivel de actividad como el de 2019 no se alcanzará hasta 2024. Con este escenario sobre la mesa, la última oferta que el gestor aeroportuario trasladó a sus arrendatarios en enero levantó ampollas. En detalle, la postura de la empresa defiende reducciones del cobro del 100% del alquiler para los meses coincidentes con el confinamiento total, así como una rebaja del 50% de la RMG desde el 22 de junio de 2020 hasta el 8 de septiembre del año en curso. Aena volvería a cobrar el total de dicha renta desde el próximo 9 de septiembre. Tras el rechazo frontal de los operadores a suscribir esta propuesta, la compañía procedió, a principios de febrero, al cobro del total de las rentas de 2020, incluidas las de los meses de confinamiento estricto.
Los últimos datos de tráfico publicados por el gestor aeroportuario avivan las reticencias de los arrendatarios. El mes pasado las restricciones a la movilidad derivadas de la crisis sanitaria volvieron a dibujar un oscuro panorama para estos comercios, de los que dependen más de 12.000 puestos de trabajo. Las bases de la red de Aena cerraron enero con 2,81 millones de pasajeros, un 83,4% menos que en el mismo plazo del año anterior. Entonces la Covid-19 aún no había estallado en España. El rechazo a afrontar los pagos que exige la compañía es casi unánime. Los comercios insisten en denunciar las "condiciones abusivas y no equitativas" de la propuesta. En la citada carta, Aena se defiende de las acusaciones y asevera que dichas afirmaciones han sido "llamativamente concertadas" entre varios operadores.
La sospecha de la empresa se asienta sobre el respaldo, cada vez más creciente, que ha obtenido la denuncia de los arrendatarios. Después de que muchos operadores iniciasen acciones judiciales de manera individual, un conjunto de arrendatarios emprendieron una demanda conjunta para elevar el caso a la Justicia europea. En paralelo, las patronales del sector han movido ficha. La semana pasada, Hostelería de España y la asociación Marcas de Restauración -que representa a los principales operadores del sector en los Aeropuertos-, firmaron, junto a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidiendo su "pronta mediación" en este pulso.
El asunto también ha calado en el hemiciclo. Este miércoles, el portavoz económico de ERC, Joan Capdevila, acusó al Ejecutivo de dar "la espalda a pymes y autónomos", poniendo como ejemplo la sonada batalla por los alquileres de los locales. "Aena, participada en un 51% por el Estado, lleva un año maltratando a quienes tienen alquilado sus espacios comerciales. Aeropuertos sin vuelos y alquileres como siempre", lamentó Capdevila desde su asiento en la Cámara. La cuestión ya es política. El último giro de la compañía de cobrar la totalidad de los alquileres de 2020 a los operadores que no suscribieron su última propuesta, se 'salta' el compromiso del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que, el año pasado, garantizó el descuento del 100% de estas rentas durante los meses del estado de alarma.
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