La batalla judicial de Aena con sus inquilinos rebeldes no ha terminado. Pese a que el gestor aeroportuario recibió la pasada semana una nueva negativa desde los juzgados, queda camino por recorrer. Los enfrentamientos judiciales seguirán durante este 2021 y no se resolverán definitivamente hasta el próximo 2022. Por ello, la empresa semipública que preside Maurici Lucena sigue convencida de que su propuesta es justa y de que buena parte de sus tiendas arrendatarias son capaces de hacer frente al dinero que se les exige. Y para determinarlo preparará nuevos informes periciales que examinen su estado real de liquidez.
Así lo explican fuentes cercanas a la compañía tras analizar el último auto del Juzgado 39 de Madrid, en el que la juez desestimó los datos aportados por la consultora estadounidense Duff&Phelps, que recibió el mandato de Aena, sobre las finanzas de la compañía suiza Duffry, en la que apuntaba que su situación económica era compatible con el pago de sus obligaciones. De acuerdo a la documentación consultada, el auto expone que "las argumentaciones expuestas nos llevan a concluir que resulta a todas luces inflado el dato de liquidez que apunta esta pericial".
No es la primera vez que los juzgados rechazan las interpretaciones de los peritos de Aena. Otro auto, en este caso del Juzgado Número 1 de Primera Instancia e Instrucción de El Prat, determinó el pasado mes de marzo que el razonamiento de Duff&Phelps sobre Pansfood (Eat Out) era incorrecto. "Se considera sobradamente acreditado que en el caso de ejecutarse las fianzas y los avales a primer requerimiento en caso de impago, la actora se vería abocada a presentar concurso de acreedores", reza el auto. Pese a todo, Aena ya indicó que el pronunciamiento de los tribunales sobre las medidas cautelares no juzga el fondo del conflicto, por lo que no será hasta el año siguiente cuando se conozca el desenlace de estos enfrentamientos.
La propuesta de la discordia
Aena sigue defendiendo que su oferta económica es razonable, porque implica asumir parte de las pérdidas que han sufrido los negocios por el coronavirus. Además hace hincapié en que, a diferencia de otras entidades como Adif, no son una empresa pública financiada a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Otro de sus argumentos es que una buena parte de sus tiendas (dos terceras parte del total) han renunciado a la vía judicial y sí han aceptado su oferta, que consiste en no pagar nada durante el estado de alarma y pagar un 50% desde su finalización hasta septiembre. No obstante, a partir de ese mes los establecimientos deben volver a pagar las mismas rentas que antes de la llegada del coronavirus.
El tercer componente que señalan desde Aena es el falso relato que se está imponiendo sobre el desequilibrio de fuerzas entre ella y sus inquilinos. A diferencia de la Asociación de Comerciantes de Aena, en la que la mayoría de compañías son pequeñas y medianas empresas, el principal frente judicial lo protagonizan cotizadas y compañías con mucho músculo financiero. Los ejemplos: el dueño de las tiendas libres de impuestos es la empresa suiza Duffry, que capitaliza en bolsa de Zúrich por más de 5.700 millones de euros; Áreas pertenece al fondo de inversión Pai Partners, y Eat Out es propiedad del grupo portugués Ibersol, con presencia en los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Canarias y Málaga.
A nadie se le escapa a que estos tres enfrentamientos significan una gran cantidad de dinero. Los procesos de Dufry e Ibersol tienen en juego más de 100 millones de euros para la compañía aérea, lo que equivale a una cuarta parte de sus ingresos comerciales. A falta de conocer hacia qué lado se decantará el conflicto, queda claro que Aena incumplirá para este 2021 su objetivo marcado inicialmente de alcanzar los 750 millones de ingresos por este concepto.
Un enfrentamiento cada vez más global
Al conflicto de los alquileres se han ido sumando nuevas voces. Primero fueron las patronales y los sindicatos de la restauración y el comercio, que señalaron el polvorín laboral que podía estallar ante la falta de acuerdo. Representantes de empresarios y trabajadores piensan que está en juego la continuidad de 12.000 empleos si no se llega a una solución conjunta.
Más tarde fue el turno de los Ejecutivos regionales. Baleares, Cataluña y Canarias presionaron a Aena en distintas ocasiones para forzar una nueva negociación con sus inquilinos. Por ejemplo, el vicepresidente y conseller insular, Juan Pedro Yllanes, envió una carta al propio Lucena, con el objetivo de que se replanteara su decisión. Mismo mensaje envió días más tarde su homólogo en la Generalitat de Catalunya, Ramon Tremosa.
Y finalmente la disputa terminó llegando al Congreso de los Diputados, donde coincidieron en sus planteamientos grupos parlamentarios tan dispares como el de ERC y el del Partido Popular. En ambos casos la propuesta se basaba en ajustar las rentas a los ingresos y evaluar tanto la fuerte caída del tráfico de pasajeros sufrida como la falta de perspectivas de recuperación a corto plazo.
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