La Covid-19 ha causado estragos en las empresas, pero el daño no ha sido igual para todos y la recuperación tampoco lo será. Leandro de Torres, responsable S&P Global Ratings España, ha asegurado en la presentación del Informe Global de Perspectivas 2021 de la agencia de calificación crediticia que la vuelta a la normalidad de las compañías será "gradual, incierta y no lineal", pero sobre todo, más lenta de lo esperado inicialmente. Las peor paradas serán las aerolíneas, sector para el que no espera que se recuperen los ingresos de 2019 -último año completo antes de los daños de la pandemia- hasta 2024.
La agonía de las compañías de este sector se extenderá durante cuatro años y muchas de ellas ya han tenido que solicitar financiación adicional -bien de su pool bancario habitual o de fondos específicos por la pandemia, o incluso de una combinación de ambas- para poder superar el golpe que esta situación supone a nivel financiero. Más allá de las líneas aéreas, también se están viendo gravemente afectadas compañías de sectores como el hotelero o el ocio que, de acuerdo con las perspectivas de S&P, lograrán volver a los ingresos de 2019 en 2023.
Esta situación sobrevenida llevó a que, durante los primeros meses de la pandemia, se produjesen importantes rebajas en el rating de las compañías. En este sentido, S&P considera que durante este año se seguirán registrando más bajadas de escalones en la calificación crediticia de las empresas, si bien, el ritmo será mucho menor que el observado durante la primera ola de la pandemia. De Torres justifica las bajadas que vendrán en los próximos meses a través de tres factores: la tercera ola que está debilitando el consumo, los niveles de endeudamiento excesivo y la aceleración de tendencias que llevan a la decadencia de algunos modelos de negocio.
En este sentido, al igual que en la recuperación, este hecho también será muy diferente en función del sector en el que opere cada firma. En concreto, se encuentran en revisión negativa alrededor del 70% de las compañías enmarcadas en el sector del ocio, los restaurantes y hoteles, las más afectadas. También en lo más alto de la tabla estarían, de acuerdo con la agencia de calificación crediticia, las empresas automovilísticas.
Si nos centramos en el transporte, las consecuencias de esta pandemia han sido muy desiguales, afectando con más dureza a las aerolíneas y las empresas de transporte por carretera y colocando en el otro lado de la balanza a firmas como las autopistas -cuya caída fue mucho menor- o las empresas de envíos o leasing, que se recuperaron rápidamente y con fuerza tras los primeros meses. En este sentido, S&P calcula que, en un escenario pesimista, a nivel global las bancarrotas podrían aumentar hasta un 11%, cifra que se contempla también para España.
La crisis ha tratado de evitarse mediante medidas impulsadas desde el sector público que se materializaron en forma de ERTEs o inyecciones de liquidez a través de préstamos avalados por el ICO. "Llegaron rápido", reconocen, pero lo cierto es que al mismo tiempo han llevado a aumentar el endeudamiento de las compañías. "Los niveles de deuda han aumentado mucho gracias a estos préstamos y han permitido que las compañías reforzasen su liquidez", admite De Torres. Este hecho ha sido aún más acusado en España que en el resto de países por la amplia exposición y la estructura económica nacional.
España, farolillo rojo en absorción de fondos europeos
Pese al retraso que se espera para la recuperación -lejos de la famosa 'V' de la que se habló durante semanas al inicio de la pandemia-, los fondos Next Generation UE se vislumbran como una oportunidad de crecimiento e incluso, para algunos, modificación de problemas estructurales de la economía nacional. En este sentido, desde S&P recuerdan que al echar la vista atrás se puede ver que España, junto con Italia, se sitúa como farolillo rojo a la hora de absorber los fondos que llegan de Bruselas.
En concreto, de los más de 20.000 millones de euros de fondos europeos que correspondían a nuestro país entre los años 2014 y 2020 apenas se han utilizado unos 8.000 millones, es decir, un 40,1% del total. Esta cifra queda muy lejos de las alcanzadas por otros países como Portugal o Grecia, con el 60 y el 66%, respectivamente. Este hecho supone para Marko Mrsnik, director de ratings soberanos de S&P Global Ratings, la necesidad de priorizar una modernización de la administración pública "para tirar más de esos fondos", todo ello "con una mejor cooperación público privada".
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