Afectados del Popular empujan para que se impute al Santander en la causa penal

La herencia penal por las presuntas irregularidades en el Banco Popular afronta una nueva fase en la Sala de la Audiencia Nacional, que debe decidir en los próximos días si estima o por el contrario rechaza el recurso interpuesto esta semana por el Santander, al que las acusaciones insisten en mantener en la causa penal por la resolución y posterior absorción del banco por parte de la entidad presidida por Ana Botín.

Mientras el grupo bancario con sede en Santander se ha afanado, primero ante el juez José Luis Calama, y ahora en su escrito de apelación, por limitar su posible responsabilidad al ámbito civil, los perjudicados le reprochan que pretenda esquivar su imputación cuando pudo mantener el Popular como "organización empresarial, organizativa y jurídicamente separada" y optó, en cambio, por su absorción, informe Efe.

En esta línea argumenta Aeris Invest, vehículo de inversión del grupo del magnate chileno Andrónico Luksic, que entiende que la completa asunción de riesgo por parte del Santander fue una consecuencia de su nula diligencia a la hora de plantear y ejecutar la compra.

"No es el qué, sino el cómo se adquiere el Popular, lo que permite trasladarle la responsabilidad penal", prosigue la sociedad, que perdió en torno a 113 millones de euros por la reducción a cero del valor de las acciones del ya extinto Banco Popular tras el proceso de resolución ordenado por Europa el 7 de junio de 2017 y gestionado por el FROB, que acabó con la absorción de la entidad por el Santander al precio de un euro, pero con la asunción de parte de sus cargas.

Según consta en el sumario del caso, que supera ya los 102 tomos, las acusaciones rechazan que la incorporación del Santander infrinja cualquier tipo de derecho procesal cuando "ni tan siquiera -por el momento- ha habido juicio oral, ni una hipotética condena penal, ni se ha declarado su culpabilidad", informa la Agencia EFE.

Además, rebaten la tesis del banco, que alegaba la existencia de un "nuevo Popular" tras la "muerte" de la anterior administración, en tanto que "los activos y pasivos son los mismos, entonces y ahora, y el Santander los adquirió en bloque, a título universal y con todos los riesgos y ganancias".

En términos similares se expresa el fondo Algebris, que afea que la entidad emplee ese "argumento imaginativo" para obtener un "trato de favor por su supuesta condición de salvador del sistema financiero español" y su "acto de patriotismo y generosidad sin límites".

"Popular se saneó a coste de miles de inversores y bonistas"

Insiste en que el supuesto "nuevo banco", después de ser saneado "a costa de miles de inversores y bonistas", se benefició de la venta de activos por importes "milmillonarios", por lo que "no es de recibo" que al confirmarse los riesgos legales afirme que son "injustos cuando sí los tuvo en consideración" para adjudicarse el Popular.

Al respecto incide otro de los grandes fondos afectados por la resolución, Pimco, que en su escrito de oposición remitido al juzgado central de Instrucción número 4 recordaba que la propia Botín reconoció que, para valorar el banco, habían tenido en consideración una posible avalancha de demandas.

Por tanto, concluye, el Santander "ha de responder" por cualquier delito cometido en el seno del Popular al haberse producido "por una parte de su actual configuración jurídica".

Más críticos son algunos de los particulares personados, para quienes el grupo financiero "era conocedor en el momento de la fusión de las presuntas irregularidades" en la ampliación de capital de 2016 y en la elaboración de las cuentas anuales al disponer de la información contable.

En definitiva, "no hay duda" de que es correcta la aplicación del artículo 130.2 del Código Penal, en virtud del cual "la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad en que se transforme".

Opinión que secunda Adicae, asociación que representa a 934 accionistas del Popular y que, como otras acusaciones, no se opuso al escrito al valorar que la disposición del Código es "tan obvia" que entra en juego "de forma automática", pese a los intentos del Santander por "retrasar" el procedimiento.