El parón de la economía por la crisis sanitaria ha congelado la actividad de las grandes empresas, de las pymes y de los autónomos. El consumo de electricidad y de gas en la industria se ha desplomado y los ingresos por los impuestos que conllevan no cubren lo que cuesta asegurar el funcionamiento del sistema. El agujero en el sistema eléctrico, sólo en 2020, puede llegar a los 1.000 millones de euros, según fuentes empresariales y de la CNMC. Con evidentes daños colaterales.
Y es que tal riesgo impulsará una revisión de la fiscalidad energética - los "impuestos verdes"- para evitar la vuelta al pasado con el aumento de la deuda eléctrica -hay 16.000 millones pendientes de pago- y nuevas titulizaciones. Una necesidad que llega en un momento delicado, en plena crisis del coronavirus, capaz de echar por tierra todo el planteamiento del Ejecutivo para la transición ecológica. La propia vicepresidenta Teresa Ribera salía al paso de ese debate en una entrevista con 'El País', sin dejar las cosas demasiado claras pero insinuando que habrá mayor carga impositiva. "Mantenemos el programa. Lo que es verdad es que estas semanas han cambiado radicalmente el suelo que pisamos. Quizás hay que introducir algún calendario modulado”, admitía.
De hecho, la paralización de la actividad económica ha obligado al Gobierno a adoptar medidas de flexibilidad para aligerar las facturas de electricidad y de gas cargando el coste a presupuestos. Hasta 90.000 empresas y autónomos han utilizado medidas como la bajada de potencia en sus contratos para intentar capear el temporal.
Endesa admite que ha tramitado 35.000 solicitudes de baja de potencia y Naturgy -a través de la distribuidora Unión Fenosa Distribución- otras 10.750. El resto, hasta 90.000, corresponderían en su mayor parte a Iberdrola y EDP. Ninguna distingue entre pymes y gran industria. Pero la cifra, según las fuentes consultadas en las grandes asociaciones -Acogen, AEGE o Gas Industrial- y en Competencia sólo muestra una parte del problema, porque muchos negocios van a bajar la persiana.
Tarifas o impuestos
La consecuencia es un desequilibrio en las cuentas de los sistemas eléctricos y gasista que tendrá que cubrir el conjunto de los ciudadanos, ya sea con tarifas o con impuestos. En la caja de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) hay 1.100 millones por los superávits eléctricos de años anteriores. Pero con ellos hay que cubrir el desfase previsto en 2019, aún por cerrar, y el previsiblemente abultado de 2020. La manta no da para cubrir todo.
El director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez Morales, considera inevitable que el sistema registre un déficit ante la situación que viven las empresas "con caídas de la demanda eléctrica en abril del 17%, y del 18% en el gas, que afectan a los ingresos vía impuestos, ya sea el de generación (7%), el impuesto al CO2 o el de hidrocarburos". En su opinión, que se genere déficit no es algo malo en sí mismo, ya que sitúa la deuda provocada por la crisis "allí donde tiene que estar, en el Estado".
Las previsiones de recaudación no son buenas, incluso en el mejor escenario para salir del estado de alarma. Los primeros cálculos, en marzo, apuntaban a descensos de 200 millones en el impuesto a la generación y de 500 millones en el impuesto del Co2. "Menos consumo, menos impuestos", resume Rodríguez Morales. Si se suma el impuesto de hidrocarburos, afirma, están en juego 3.000 millones.
Los caudales de gas
Los desajustes también afectan al sistema gasista. Las grandes empresas e industrias han recuperado la actividad, pero durante el mes de abril, siderúrgicas, cerámicas y papeleras trabajaron al mínimo. "Muchas compañías de sectores no esenciales cambiaron contratos para modificar el caudal de gas" a consumir, explica la directora general de Gas Industrial Verónica Rivière. El resultado: menos ingresos para el sistema y un desfase cubierto por el Estado. Un parche, admite Rivière, que acabará por repercutir de una forma u otra en la factura.
El desfase de 2020 en el sector energético se conocerá en detalle a finales de 2021. El de 2019 todavía está por cerrar. Una rápida salida de la crisis y un crecimiento notable podría facilitar subidas en los peajes -la parte fija del recibo- para no engordar la deuda que tanto costó domar. En algunas de las asociaciones de la industria, la posibilidad de volver a titulizar deuda se ve como una opción razonable. Pero espanta en el Gobierno. Y también en Competencia. Ahí manejan otra opción: revisar la fiscalidad del sector energético.
Las grandes líneas están dibujadas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima enviado a Bruselas. El plan propone "adaptar el sistema impositivo a la economía del siglo XXI" con una "nueva fiscalidad verde - alineamiento de fiscalidad con impacto medioambiental"-. ¿Cómo lo va a hacer Hacienda? Mediante "la internalización progresiva y generalizada de las externalidades medioambientales que tienen lugar en la generación y el uso de la energía, así como en el desempeño de aquellas principales actividades económicas que generan emisiones de gases de efecto invernadero". Nuevos impuestos.
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