Reducir de cinco a tres los días de entrega del correo tradicional, encargar a empresas privadas parte del servicio o poner punto y final a las agresivas políticas de descuento a grandes clientes, algunas de las medidas de eficiencia recogidas por la Autoridad Fiscal en su informe de evaluación sobre el coste para las arcas públicas del operador postal público, Correos, a la luz de lo observado en otros países, han levantado una tremenda polémica que han desencadenado una inmediata reacción desde los sindicatos y algunas fuerzas políticas, como Unidas Podemos, en defensa del operador postal público y en contra de la Airef.
Aunque el informe definitivo, de 84 páginas, todavía no ha sido presentado oficialmente por la Autoridad Fiscal dentro esta primera oleada de informes de evaluación de diferentes políticas de gasto público -un ejercicio sin precedentes en España-, las informaciones periodísticas publicadas sobre el particular han generado una indisimulable inquietud en los sindicatos del operador postal que desde hace meses vienen denunciado una supuesta ofensiva de la CNMC en connivencia con las empresas del sector postal y de paquetería para erosionar la posición de dominio de Correos. Los últimos comunicados de CCOO y UGT incluían ya a la Autoridad Fiscal en esa presunta conspiración.
Sin embargo, la comparación de las primeras versiones del informe de Airef sobre Correos -a las que ha tenido acceso La Información- y el informe definitivo que se presentará en los próximos días revela que la Autoridad Fiscal ha suavizado el aspecto de su informe. Y lo ha hecho mediante incluyendo en el mismo un escenario de ajuste 'soft' dentro de las opciones de 'plan de choque' para mejorar la eficiencia en la prestación del Servicio Postal Universal que se recogían en el trabajo.
Una de las tesis del informe de la Autoridad Fiscal sobre Correos es que tanto la actual aportación a cuenta al operador postal desde los Presupuestos del Estado, de unos 150 millones de euros, como el modelo de 'Plan de Prestación' remitido a Bruselas, que eleva esa aportación por encima de los 200 millones, sobrevaloran el coste que tiene para el operador prestar el Servicio Postal Universal (SPU), que garantiza la prestación de los servicios postales más básicos (principalmente el envío de cartas) en todo el territorio nacional con independencia de lo recóndita o despoblada que esté una determinada comarca.
El informe de la Autoridad Fiscal concluye que a la luz de cómo se ha resuelto el asunto en otros países la factura para el Estado español de garantizar el SPU es excesiva y que cabe aplicar medidas de eficiencia para reducir esa factura. Las versiones iniciales del informe que la Autoridad Fiscal remitió a las autoridades gubernamentales planteaban, del mismo modo que lo hace el informe definitivo, "desarrollar un plan de eficiencia a corto plazo que reduzca la pérdida operativa de Correos -en números rojos desde hace más de un lustro- y también la necesidad de contraprestación (por parte del Estado)", y recogían dos posibles escenarios de actuación: un primer escenario en el que se podrían reducir los costes operativos del SPU a la mitad, es decir en más de 100 millones de euros; y un segundo escenario menos agresivo en el que ese ahorro se quedaría en 46 millones, con un recorte del 30% a la contraprestación que recibe Correos por el Servicio Postal Universal.
El informe definitivo que presentará la Autoridad Fiscal en los próximos días incluye un tercer escenario que no aparecía en los informes iniciales que se enviaron al Ejecutivo y a las partes afectadas. En ese tercer escenario, la aportación del Estado a Correos que se deriva de la propuesta de Plan de Prestación del SPU remitida a Bruselas -paralizada en la actualidad por las dudas de la Comisión Europea y la presión del lobby de las empresas postales- se recortaría en apenas un 10%, con un ahorro global de unos 21 millones de euros.
Que haya cambios desde las versiones iniciales de los informes de la Autoridad Fiscal a su aspecto definitivo no es nada insólito. La Autoridad Fiscal contrasta tanto el diagnóstico como las conclusiones de sus informes con el Gobierno para limar posibles errores en los datos... y también en los mensajes. Fuentes conocedoras del proceso aseguran a La Información que la introducción de ese tercer escenario más moderado se decidió en el diálogo sobre el informe entre los técnicos de la Autoridad Fiscal y el Ministerio de Fomento, un extremo que ninguna de las dos partes directamente afectadas ha confirmado.
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