El incómodo trance de Albella: aflorar anomalías en el Popular tras ser su asesor

  • El presidente de CNMV destapa irregularidades contables, tras haber orientado al consejo de Ángel Ron sobre la ampliación de capital desde Linklaters
Sebastián Albella, nuevo miembro del comité ejecutivo de ESMA
Sebastián Albella, nuevo miembro del comité ejecutivo de ESMA
EUROPA PRESS

El timón de la CNNV no es un cargo particularmente tranquilo. De los presidentes que ha tenido en las dos últimas décadas, Pilar Valiente dimitió por el ‘Caso Gescartera’; Manuel Conthe salió tras quedarse solo en el consejo al proponer una sanción para Acciona y Enel por su actuación en la toma de control de Endesa; Julio Segura dejó la casa con la mácula de 'investigado' por la salida a bolsa de Bankia, y Elvira Rodríguez tuvo que lidiar con la irregular cotización de Gowex, las cuentas falseadas de Pescanova o el ‘corralito’ impuesto desde el organismo a Banco Madrid. Ahora, a Sebastián Albella se le presenta, cuando menos, una incómoda situación por la investigación abierta a las cuentas de un Popular en el mismo ejercicio que asesoró al consejo de administración de Ángel Ron para ampliar capital.

El 11 de enero destapaba, en una muy trabajada presentación para la Comisión que investiga la crisis en el Congreso, que el organismo había iniciado pesquisas en la entidad en dos direcciones: verificar si los 13.560 millones de euros en pérdidas aflorados por el Santander en 2017 eran imputables solo a ese ejercicio; y sobre la legalidad de las pensiones de la antigua cúpula. Horas después se filtraba que el Santander reclamaba 25 millones a exdirectivos del Popular -Ron y su número dos, Francisco Gómez, entre ellos- por ‘bonus’ y prejubilaciones instrumentados bajo la fórmula de retribuciones variables, arrojando luz sobre la parca y milimétrica bien medida declaración de Albella.

Pero el proyectil real ha llegado en un escrito dirigido al juez Fernando Andreu, con fecha de salida del 5 de junio, donde cuestiona el informe financiero del banco correspondiente a 2016. El organismo regulador ha encontrado -dice el texto- “datos inexactos o no veraces o con información engañosa o que omite aspectos relevantes”, por lo que solicita documentos para conocer si la investigación judicial busca comprobar la veracidad de los números. Lo diferencial frente a situaciones polémicas encaradas por otros presidentes del organismo es que Albella jugó rol protagonista como asesor de Linklaters al Popular cuando salió al mercado a levantar 2.500 millones con la fracasada intención de poner fin a sus problemas y cimentar el futuro.

Si se descubriese que los estados contables que utilizó para convencer a los inversores eran irreales o enmascaraban problemas, se inclinaría la balanza del proceso legal en favor de los accionistas, sin poder evitar, previsiblemente, salir salpicado. El mismo Albella ha buscado distanciarse de aquel trabajo, aclarando que no analizó ni opinó sobre el fondo de la ampliación de capital. Su rol, tal y como atestiguan las actas del consejo de administración incorporadas al sumario, se limitó al de asesor sobre la “posible responsabilidad de los miembros del consejo” en la macroampliación. ¿Pero resultó una función menor?

Como abogado principal de Linklaters tranquilizó a los consejeros sobre las responsabilidades que asumían. En una desacostumbrada decisión, el máximo órgano de dirección del banco citó a distintos expertos de la firma legal y de UBS a su reunión del 25 de mayo porque sobre la mesa estaba aprobar la macroampliación de capital. Fueron desfilando uno a uno, en reuniones individuales, para facilitar el interrogatorio de los consejeros. Primero, el presidente, Ángel Ron, exponiendo el plan; luego directivos del Popular rindiendo cuentas sobre la necesidad de reforzar capital; ejecutivos de UBS relatando la oportunidad de la operación, y finalmente compareció Linklaters.

De Albella pudieron conocer directamente que, según ley, actuaban con la diligencia exigible si tomaban "decisiones de buena fe, debidamente informados, conforme a un procedimiento adecuado para adoptar la decisión, y sin estar afectados por intereses personales en el asunto objeto de decisión”. Según reza el acta de esa intervención, el hoy presidente de la CNMV concluyó que reunían dichas condiciones y, por lo tanto, estaban “protegidos en términos de responsabilidad”. Hubo dos intervenciones: el accionista díscolo Antonio del Valle que propició la salida de Ron se interesó por la necesidad de abstenerse en caso de albergar un interés particular y José María Arias, quiso saber si una abstención le liberaba.

Al final, todos votaron la ampliación, salvo el expresidente del Pastor y vicepresidente del Popular, quien objetó serias dudas sobre su pertinencia y el beneficio para los accionistas porque se planteaba como una operación aislada en lugar de insertarla en un programa más ambicioso de venta de activos y fusión para garantizar la viabilidad como el consejo había analizado en otras ocasiones. ¿Hasta qué punto influyeron los consejos legales de Linklaters? El propio Albella ha calificado como "meramente teórica" la intervención. 

Es tarea de CNMV revisar todos y cada uno de los aspectos sospechosos en una situación como la que rodeó al Popular. Su primer diagnóstico fue que, a pesar del festín de los bajistas rentabilizando la imparable riada de noticias negativas sobre el valor, no hubo posiciones fraudulentas. Pero el ejercicio de levantar las alfombras sobre las cuentas no es inocuo. Coloca en el disparadero al equipo gestor al que tranquilizó sobre la decisión que adoptaban, a todo el ejército de firmas auditoras y asesoras contratadas por el banco para certificar que sus cuentas eran conforme a ley -PwC, EY y KPMG- y quién sabe si al supervisor bancario. El impacto dependerá de qué tipo de irregularidades y en qué cuantías se cifren finalmente, aunque, por lo pronto, sirve ya de respaldo al argumento de los afectados en las demandas judiciales interpuestas.

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