El Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera ha decidido permanecer al margen de la polémica que rodea a la multinacional del aluminio Alcoa por los cierres de factorías anunciados en Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). Ni Ribera ni el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, participarán en las reuniones anunciadas con los presidentes de Asturias, Javier Fernández, y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo.
La decisión de Ribera traslada al Ministerio de Industria de Reyes Maroto la gestión de la crisis Alcoa y revela las profundas diferencias que existen en el seno del PSOE por los planes del Gobierno para la transición energética. En plena negociación con los sindicatos mineros por el anunciado cierre de explotaciones deficitarias de carbón y con una inquietud creciente en las comarcas donde se ubican centrales eléctricas amenazadas de cierre, la huida de Alcoa se ha convertido en la piedra de toque de un debate que viene de atrás entre el viejo y el nuevo PSOE, uno el de Pedro Sánchez y el otro el del presidente de Asturias, Javier Fernández, que presidió la gestora socialista tras la dimisión de Sánchez de la secretaría general socialista en 2016.
Formalmente, el Ministerio de Transición Ecológica se aparta del conflicto con Alcoa porque, a su entender, según fuentes al tanto del caso, los cierres anunciados por la multinacional nada tienen que ver con los precios de la electricidad. Implicarse en la solución, sostienen, supondría dar la razón a quien intenta vincular la espantada de la compañía estadounidense con el proceso de transición energética que defiende Ribera y que tiene como meta descarbonizar la economía.
Políticas radicales
El dardo tiene como destinatario al presidente asturiano Fernández, que no comparte las tesis de Ribera sobre el proceso de transición energética. En el entorno de Fernández, las políticas que defiende el equipo de Ribera, con el apoyo de la presidenta del partido, Cristina Narbona, se consideran demasiado "radicales". Es un discurso, sostienen, que ha contribuido a aumentar la inquietud y la inseguridad en la gran industria consumidora de energía.
En este sentido, recuerdan el silencio de Ribera en el Congreso ante la petición de Podemos -apoyada por el propio PSOE- para reducir el importe de la subasta de interrumpibilidad que abarata la factura final de las grandes compañías consumidoras de electricidad. Algunas de ellas, como Sidenor o Azsa, se han puesto al lado de Alcoa para señalar el precio de la energía en España como uno de los factores que ahogan sus resultados.
La espoleta Alcoa ha hecho saltar chispas en el PSOE. Pero los roces no son de ahora. Vienen de atrás. En los inicios están los nombramientos del exministro socialista Luis Atienza para la comisión de expertos del Ministerio de Energía que dirigió Álvaro Nadal, así como la designación de Alberto Carbajo como consejero de Red Eléctrica de España. Los dos fueron tratados con el Gobierno de Mariano Rajoy por la gestora socialista que dirigió el presidente de Asturias Javier Fernández durante ocho meses.
Todas las tecnologías
Ni el exministro Atienza ni el consejero Carbajo son reconocidos por su oposición a la energía nuclear o su militancia ecologista. Más bien, sostiene un exdiputado socialista, son pragmáticos defensores del mantenimiento de todas las tecnologías en el mix energético, en línea con las políticas que defendieron otros destacados dirigentes como Claudio Aranzadi, Juan Manuel Eguiagaray o incluso Alfredo Pérez Rubalcaba.
Son posiciones que contrastan con las del equipo de Sánchez para dirigir la transición energética: sustitución gradual de nucleares por renovables, autoconsumo y la ecología como seña de identidad del socialismo democrático. Con Alcoa vuelven a salir a flote las dos sensibilidades que han convivido y aún conviven en el PSOE.
Para muestra, un botón. En sus programas electorales, el PSOE siempre ha recogido la idea de cerrar las centrales nucleares cuando cumplieran con la vida útil prevista de 40 años. Pero José Luis Rodríguez Zapatero, que se suponía menos nuclear y más renovable, no lo hizo cuando la central de Garoña cumplió 40 años en 2010 (su cierre definitivo se decidió siete años después, con el PP en el poder).
Hay más ejemplos: en el Real Decreto-ley 6/2009, rubricado por el entonces presidente Rodríguez Zapatero y siendo ministro Miguel Sebastián, se recoge la siguiente afirmación (página 39.405 del BOE): "La tendencia que están siguiendo estas tecnologías (renovables), podría poner en riesgo, en el corto plazo, la sostenibilidad del sistema, tanto desde el punto de vista económico por su impacto en la tarifa eléctrica, como desde el punto de vista técnico...". Distintas formas de encarar la realidad.
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