La multinacional estadounidense Alcoa ha defendido este jueves que la venta de las plantas de Avilés (Asturias) y La Coruña a Parter Capital se produjo de forma transparente, con el aval del Gobierno y los trabajadores, y señala al fondo de inversión suizo, al que ha demandado, por el incumplimiento de ciertas obligaciones. La sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha celebrado esta mañana la vista oral por la demanda de varios sindicatos contra Alcoa, Parter Capital, que compró ambas plantas a la firma estadounidense, y el Grupo Industrial Riesgo, que las adquirió posteriormente.
Según han informado a Efe fuentes jurídicas, aunque el juicio no ha quedado visto para sentencia, no se celebrarán más sesiones presenciales después de que las partes hayan acordado presentar sus conclusiones por escrito con el objetivo de agilizar este trámite. Inicialmente fijada para el pasado febrero, la vista se ha desarrollado a puerta cerrada, por protocolo antiCovid, durante cerca de cinco horas, en las que han intervenido los letrados de las compañías y de los sindicatos.
Estos últimos defienden a los trabajadores de las plantas que fueron vendidas, y reclaman la declaración solidaria de todas las empresas demandadas al entender que se han incumplido los acuerdos alcanzados el 15 de enero y el 4 de julio de 2019. Ese año, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital estas instalaciones tras un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional anunció su intención de cerrar las dos fábricas.
La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio. Pero Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.
Fuentes de Alcoa apuntan que la compañía ha argumentado que la venta de las plantas a Parter se llevó a cabo de manera transparente, con el aval del Gobierno español y el apoyo de los representantes de los trabajadores. Asimismo, reiteran que mantuvo sus compromisos durante todo el proceso, que fue abierto y transparente con todas las partes interesadas, y que ha cumplido escrupulosamente con todas sus obligaciones contenidas en el acuerdo de venta.
Sobre la venta de las plantas por parte de Parter, Alcoa recuerda que presentó una demanda en julio de 2020. Y es que el acuerdo para vender las acciones de esas dos compañías incluía ciertas obligaciones legales que Alcoa cree que han sido violadas por Parter, por lo que pide al tribunal que lo confirme.
En opinión de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), sindicato que firma la demanda junto a CCOO, entre otros, Alcoa es responsable por los incumplimientos de los compradores, que -afirman- no han llevado a cabo el plan industrial pactado, garante de la ejecución de las inversiones y del cumplimiento del plan industrial. Pero también por elegir como comprador a Parter Capital, que no reunía las características exigidas y acordadas para la estabilidad de las dos plantas y sus plantillas. Además, apuntan
Concentración en A Coruña
Durante la mañana, medio centenar de trabajadores de la planta de La Coruña se ha concentrado al grito de "Alcoa culpable, Gobierno responsable". En declaraciones a los medios, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica, Juan Carlos López Corbacho, ha asegurado que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) fue "un engaño tremendo para dos comarcas".
Al respecto, ha lamentado haberse vistos abocados a defenderse "en el ámbito judicial" ante la "falta de valentía política" de las Administraciones.
Por su parte, el actual propietario de las fábricas, el Grupo Riesgo, pretende demostrar "sus esfuerzos" por hacer "viables" ambos centros, tal como ha expresado en un reciente comunicado.
El juicio de hoy es independiente de la causa abierta también en la Audiencia Nacional, aunque en la vía penal, por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal. La investigación, que dirige la titular del juzgado central de Instrucción número 3, María Tardón, parte de la querella presentada por la CCP contra diez personas físicas y nueve jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades Alcoa Inespal, Alu Ibérica AVL, Alu Ibérica SL, Parter Capital Group y Grupo Industrial Riesgo.
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