La multinacional Alcoa no quiere negociar con los Gobiernos autonómicos de Galicia y de Asturias, donde se ubican las factorías de A Coruña y Avilés para las que ha anunciado el cierre. La compañía estadounidense sólo considera interlocutor válido en el proceso a las autoridades del Ministerio de Trabajo, según explican fuentes al tanto de los contactos. Alcoa mantiene los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectan a 686 empleados de las factorías gallega y asturiana.
Alcoa se siente segura en sus posiciones. Más si cabe, después de que un juez de Rotterdam (Holanda) haya desestimado la demanda interpuesta por el comité europeo de la multinacional para solicitar la paralización del ERE en España. Los sindicatos señalaban la existencia de irregularidades en el expediente, pero el juez holandés ha rechazado sus argumentos.
La compañía quiere despejar el camino. Cuantos menos interlocutores, mejor. Por eso, según explican fuentes del Ejecutivo asturiano, la empresa quiere limitar los contactos a los sindicatos y a las autoridades del Ministerio de Trabajo que deben supervisar la mesa de negociación del ERE. Ni un negociador más; y menos si se trata de las Administraciones autonómicas. La Información intentó obtener la versión de la multinacional, sin éxito.
Una prueba de que la multinacional quiere la mesa de negociación lo más despejada posible es el plantón que dio a sindicatos y comunidades autónomas en la reunión prevista en Madrid a finales del mes pasado. El Ministerio de Industria y los sindicatos redactaron una declaración conjunta para reprochar a Alcoa su "nula voluntad negociadora".
Una ausencia significativa
Pero en aquella reunión hubo otra ausencia significativa: la del Ministerio de Transición Ecológica. Este considera que la huida de España de la multinacional no tiene nada que ver con los precios de la energía, algo que sí es de su competencia. Por ello, se ha apartado para que sea el Ministerio de Industria de Reyes Maroto el que asuma la responsabilidad.
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha limitado a adelantar que el Gobierno va a aprobar la figura del "consumidor electrointensivo", una figura legal, al estilo de las que existen en Alemania o Francia, con reducciones o compensaciones de costes para la industria en casi todos los conceptos de la factura eléctrica. La medida se aprobará en la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética y reconocerá "las particularidades de aquellos consumidores industriales eléctricos con un elevado uso de la electricidad".
Para la ministra de Industria Reyes Maroto, la nueva figura legal es una de las pocas bazas que puede poner ante Alcoa para intentar suavizar sus posiciones. Todo en un mal momento porque las empresas se quejan abiertamente y en términos duros. Recientemente, el presidente de la Unión de Empresas Siderúrgicas (Unesid), Bernardo Velázquez, calificó el precio de la energía en España como un "un drama", que "ahoga" a las industrias que lo tienen como parte principal de sus costes.
También las cementeras
La preocupación del Gobierno es grande. Por las quejas de las empresas y por los anuncios de cierre que han protagonizado empresas como Vestas, Isowat, La Naval, la propia Alcoa o la cementera Cemex. Industria ha lanzado un plan específico para la industria cementera y ha anunciado que pedirá en el marco de la UE que el sector del cemento se incluya entre el listado empresas que pueden recibir ayudas compensatorias por los costes que registra por sus emisiones indirectas de CO2.
Todo para salvar dos de las siete plantas que Cemex tiene en el país: las de Gádor (Almería) y la de Lloseta (Baleares), que emplean a unos 200 trabajadores. Las negociaciones para evitar cierres de grandes industria se producen en vísperas de la nueva subasta eléctrica de interrumpibilidad. Se celebrará entre el 10 y el 14 de diciembre con la salida a puja, en diferentes lotes, de 2.600 megavatios (MW) de potencia interrumpible. La subasta cubrirá el periodo correspondiente al primer semestre de 2019. Para Alcoa, las bonificaciones de precios de la electricidad supusieron una rebaja de factura de 500 millones en los últimos cuatro años. Pero no han bastado para parar los cierres.
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