Suenan tambores de intervencionismo por las plazas europeas. La batería de medidas que los gobiernos de la Unión están adoptando para evitar que sus empresas estratégicas caigan en la poscrisis pandémica es abrumadora. Sin embargo, gran parte de las acciones planteadas por Italia, Reino Unido, Francia o incluso Alemania, no parecen ser suficientes para capear el temporal económico. Estos movimientos azotan las siempre turbulentas aguas liberales de Washington, que se lleva las manos a la cabeza ante lo que a todas luces parecen nacionalizaciones encubiertas.
En el caso del Reino Unido, Downing Street se ha preocupado y ocupado en contener la hemorragia de puestos de trabajo perdidos en los últimos dos meses. Los 300.000 millones en préstamos, directamente ofrecidos por el Banco de Inglaterra a las grandes empresas y en forma de avales para las pequeñas y medianas, suponen el bazuca de Londres en la esperanza de que se frene la sangría de compañías que echan el cierre.
Un hecho que intranquiliza, y mucho, a las autoridades, que ya han lanzado la posibilidad de disparar su bala de plata apuntando a la cabeza de las empresas más estratégicas del Reino Unido. El plan tiene ya nombre: proyecto Birch, según desveló el ministro de transportes británico, Grant Shapps, al hilo del debate parlamentario sobre la situación del sector en el Reino Unido.
Su intención sería activar esta posibilidad como "último recurso" y solo en caso de que los efectos de la bancarrota de una empresa pudieran extenderse al conjunto del país "dañando nuestra economía", según declaró el ministro de finanzas, Rishi Sunak, a la agencia Reuters. Jaguar - Land Rover, Tata Steel e IAG, son algunas de las empresas que aparecen implícitamente señaladas, siempre que incurran en esa condición de poner en peligro la economía del Reino Unido.
Jaguar, el emblema de la automoción británica, ya podría haber solicitado al Gobierno la concesión de financiación pública. La falta de liquidez del grupo sería la excusa perfecta para acogerse a un paquete de ayudas por un importe aproximado de 1.000 millones de euros. Por su parte, Tata Steel apunta también a ser objetivo del Tesoro. El mayor productor de acero británico se habría acercado a los gobiernos de Gales, e incluso al del Estado central, para tratar de solventar un agujero de cerca de 500 millones de libras provocado por la caída de la demanda mundial, en un sector especialmente conflictivo en el pasado de Gales.
En Italia las cosas no están mucho mejor. El gigante de la automoción alpino, Fiat Chrysler, podría optar a un préstamo cercano a los 5.600 millones de euros para salvar su producción a través del Banco Intesa Sanpaolo que, por supuesto, contaría con el aval del Estado italiano. El poder de la compañía de los Agnelli se centra especialmente en el norte de Italia, principalmente en Turín, una ciudad que le debe gran parte de su poderío económico al conglomerado automovilístico que incluye a Alfa Romeo, Dodge, Jeep, Lancia o Maserati, entre muchas otras marcas.
En el caso de Alitalia, su nacionalización total y directa se produjo el pasado mes de marzo, siendo incluida en el primer paquete de 25.000 millones de euros que aprobó el Gobierno italiano por el impacto del coronavirus. Desde entonces, la actividad de la compañía está "íntegramente controlada" por el Ministerio de Economía y Finanzas. La aerolínea recibirá, al menos, 3.000 millones de euros para reflotar sus aviones en una operación que tiene como objetivo "proteger los niveles de empleo actuales", según el ministro de Desarrollo Económico, Stefano Patuanelli.
El virus intervencionista también ha contagiado a su vecino francés. En el momento álgido de la crisis sanitaria, Bruno Le Maire, el todopoderoso ministro de Finanzas, advirtió de que Francia no dudaría un momento en "usar todos los medios disponibles para proteger a las grandes empresas". La apuesta gala no se circunscribía a las recapitalizaciones o compra de acciones. Le Maire aseguró que "podría usar incluso el término nacionalización si fuera necesario".
La principal empresa del sector de la automoción en Francia, Renault, podrá acceder a un préstamo garantizado por el Estado, que ya cuenta con una participación de un 15% en la empresa, de 5.000 millones de euros con compromisos claros a aceptar por el fabricante: abrazar el vehículo eléctrico como buque insignia de la marca del rombo y la "repatriación" de todas las actividades tecnológicas y de I+D del grupo. Dinero a cambio de puestos de trabajo. Una ecuación que se repite como un mantra para conceder cualquier tipo de ayuda en la nueva Europa.
Incluso la siempre ortodoxa Alemania ve, en la intervención directa, la panacea económica para salvar a un paciente malherido. Adidas también ha decidido acogerse al que parece ser el plan infinito de préstamos y ayudas a las empresas capitaneado por Angela Merkel. La marca de las tres rayas 'disfrutará' de 2.400 millones de euros con el aval de Berlín para paliar los graves efectos que las cancelaciones de las competiciones deportivas han supuesto para una firma que vive del deporte. No es fácil sobrevivir a la suspensión de las ligas en toda la Unión Europea, los Juegos Olímpicos o una Eurocopa, hitos que suponen el agosto para cualquier entidad de ropa deportiva.
A la siempre poderosa Adidas se le unen otras grandes firmas alemanas como Lufthansa, en la que el Estado alemán inyectará 9.000 millones de euros en un suma y sigue infinito para evitar la caída de sus grandes baluartes empresariales, ya que, en el caso germano, es más una cuestión de marca país que de capacidad económica o financiera.
La revolución de las ‘neonacionalizaciones’ no ha hecho más que empezar y ya son muchas las voces, tanto dentro como fuera del continente, que alertan de la interferencia del Estado en el mercado libre. A miles de kilómetros de distancia, en Washington, se escuchan altisonantes las denuncias de intervencionismo, ayudas de Estado o nacionalizaciones encubiertas que, antes de la pandemia hubieran resultado de todo punto impensables en el continente europeo.
La Administración estadounidense comienza a mirar absorta estos movimientos empresariales y advierte de la relajación de la Comisión Europea en la supervisión de las ayudas de Estado. Este es campo que los americanos consideran que Bruselas no debería abonar a riesgo de comenzar a sufrir aranceles en los productos europeos que cruzan el Atlántico destino Nueva York, Seattle o Los Ángeles.
Algunos analistas en Wall Street se suman a estas críticas que pueden suponer una desvirtualización del libre mercado, permitiendo ganar competitividad a costa de ingresos públicos, o lo que puede ser más inquietante, que utilicen esos mismos fondos para reposicionarse o tomar parte en otras empresas que no han accedido a esas ayudas. Es un panorama que pare vislumbrar el siguiente paso de la reconfiguración mundial de la economía: la ola de fusiones y adquisiciones que se avecina en los mercados internacionales.
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