Las grandes empresas tecnológicas siguen presionando al Gobierno de Pedro Sánchez en plena ofensiva fiscal que les tocará de lleno. El anteproyecto de ley del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales es, para ellos, una "bomba de relojería" que quieren desactivar. Por eso en las últimas semanas se han incrementado los contactos con el Ministerio de Hacienda. Los Amazon, Google o Facebook, entre otros, consideran que aún están a tiempo de evitar algunos problemas que, bajo su punto de vista, generará la futura ley en el sector y, especialmente, en su cuenta de resultados en España.
Las tecnológicas no están quietas. Saben lo que se juegan en estos meses finales de año y han desplegado sus contactos para intentar suavizar el impacto del nuevo 'impuesto tech'. La directora general de Tributos, María José Garde, ha recibido en las últimas semanas en su despacho la visita de representantes de estas firmas con presencia mundial y con importantes negocios en España. Fuentes de Hacienda confirman estas reuniones que se enmarcan en "una interlocución fluida" con un sector que se va a ver afectado por la reforma fiscal.
Fuentes conocedoras de estos contactos explican a La Información que las visitas al despacho de la máxima responsable de Tributos se han producido tanto en grupo como en solitario. De esta forma, ha habido encuentros tanto con representantes de Adigital, la asociación dirigida por José Luis Zimmermann, como con Ametic, con Pedro Mier al frente. También ha habido alguna reunión en solitario, por ejemplo, con representantes de Amazon en nuestro país.
¿Qué buscan las tecnológicas en Hacienda?
Los contactos con Hacienda de las grandes tecnológicas se producen dentro de una ronda de contactos para intentar hacer ver al Ministerio que el anteproyecto de ley inicial que a día de hoy se encuentra en fase de información pública es, para ellos, "una chapuza". "No quedan claras muchas cosas y creemos que es necesario mejorar algunas cuestiones", apuntan fuentes implicadas en las conversaciones.
Entre los aspectos que deberían solucionarse en este trámite se encuentra aclarar si la tasa afectará a Telefónica, ya que el documento que ha redactado Hacienda no deja claro si el impuesto afectará a los altavoces inteligentes, o al Grupo Prisa, que ofrece determinados servicios digitales. "Son cuestiones que queremos aclarar al Gobierno ya que parece que desconoce algunas cuestiones del sector", señalan las mismas fuentes.
Fuentes de Hacienda explican, por su parte, que el anteproyecto de ley del nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se encuentra todavía en una fase inicial y que todo apunta a que sufrirá algunas modificaciones tras finalizar esta ronda de contactos con el sector. "En esta fase de audiencia pública se les explica todo, por deferencia, y se reciben aportaciones de los interlocutores", añaden desde el departamento dirigido por María Jesus Montero.
En alguna de estas conversaciones las grandes tecnológicas han llegado a transmitir al Gobierno si sus planes de implantar este impuesto son inamovibles. La respuesta de Hacienda ha sido que se aprobará siempre que los grupos parlamentarios se pongan de acuerdo y que, efectivamente, no hay marcha atrás porque es necesario recaudar esos 1.200 millones de euros que se buscan con esta nueva tasa.
La opinión de las grandes tecnológicas tras esta ronda de conversaciones es de "resignación". Asumen que el impuesto llegará, pero en las sedes centrales de las compañías ya empiezan a considerar a España como un país donde empiezan a surgir algunas dudas. De momento en el Gobierno destacan la "buena sintonía" con las principales firmas del sector y ponen como ejemplo las recientes visitas de Tim Cook, CEO de Apple, y presidente de Google Europa, Matt Brittin, a Pedro Sánchez en La Moncloa.
Las empresas exigen que el impuesto sea deducible
El debate en relación a ese nuevo impuesto sobre los servicios digitales no solo se ha producido entre el Gobierno y el sector también se ha desarrollado en el seno de CEOE para acordar un paquete de alegaciones consensuado por el conjunto del sector empresarial, que se ha remitido a la Dirección General de Tributos este pasado lunes, según han confirmado a La Información fuentes empresariales.
El documento empresarial hace hincapié en dos ideas, fundamentalmente. Por una parte, en el error de implementar este impuesto a nivel doméstico sin esperar a que se apruebe a nivel global o, como mínimo, europeo, lo que consideran que va a generar no solo una desventaja competitiva para España sino un sinfín de distorsiones en su aplicación. En segundo lugar, y tal vez tras constatar lo ocurrido con la reforma del impuesto sobre los actos jurídicos documentados, CEOE ha reclamado que la ley estipule de forma clara el carácter deducible de lo pagado por este gravamen en el Impuesto de Sociedades, de modo que no se generen situaciones de doble imposición.
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