La última oportunidad para lograr la paz social un año y medio después de que estallara el conflicto. Amazon y los sindicatos tienen otros cinco meses 'extra' para llegar a un acuerdo antes de que sea el juez quien decida si la modificación de las condiciones de trabajo que impuso a los más de 2.000 empleados de su mayor centro logístico en España es legal. El conflicto laboral se alarga desde que en marzo del año pasado arrancara una oleada de huelgas.
Todo arranca en marzo del pasado año. Meses después de no alcanzar un acuerdo para la elaboración de un convenio colectivo para los empleados del centro de San Fernando de Henares (Madrid), los empleados arrancan una serie de huelgas para tratar de presionar a la compañía. En paralelo, iniciaron una pelea también en los tribunales de justicia. Tanto CCOO como CGT, los sindicatos mayoritarios, acudieron a los Juzgados de lo Social para denunciar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y es que el gigante del comercio electrónico había decidido vincular a los más de 2.000 empleados de este centro al convenio de la logística de la Comunidad de Madrid, lo que implicaba un empeoramiento significativo en aspectos como el salario o algunos complementos.
En febrero de este año, el juez decidió retrasar siete meses el juicio. ¿La razón? Amazon entregó 'in extremis' una ingente cantidad de documentos para sostener su defensa. Este mes de septiembre se han vuelto a ver las caras ambas partes delante del mismo juez, que ha vuelto a llamar al diálogo antes de pronunciarse en una sentencia, según confirman fuentes sindicales. De esta forma, lo pospone al próximo mes de febrero para tratar de que se reinicie una nueva negociación a fondo con la que llegar a un pacto definitivo para firmar la paz social.
El antecedente de esta decisión es una negociación que, por escasos flecos, no desembocó en un acuerdo durante este verano. Después de que los sindicatos enviaran su última propuesta en agosto, con la que -según ellos- "se ha cedido varias cosas para tratar de llegar a un acuerdo", la dirección de la empresa los convocó justo dos días antes de la citación ante el juez. No hubo tiempo de matizar y negociar, por lo que la autoridad judicial se ha decantado por una suspensión del juicio.
Sin sentencia ni juicio hasta el próximo mes de febrero, ambas partes deben sentarse de nuevo. La presión irá en aumento en las próximas semanas, pero aún no hay en los planes de los sindicatos la posibilidad de convocar nuevas jornadas de huelga. En el pasado, se ejecutaron tres bloques de jornadas de huelga. El último tuvo lugar a finales del año pasado, entre noviembre y diciembre, donde hubo ocho paros en el centro entre las sospechas de los sindicatos de 'fontanería logística', es decir, del desvío de paquetes a otros centros para desactivar los efectos en los envíos.
España no es una excepción. Este año y medio de batalla entre empresa y sindicatos también se ha dado en otros países europeos. En Alemania o en Italia se han producido estos paros. Y, además, desde 2018 se impulsa por parte de las organizaciones de los trabajadores de los diferentes mercados la puesta en marcha de un comité europeo para tratar de hacer más presión ante la dirección.
El salario, a debate
Entre los temas enquistados en las negociaciones de las últimas semanas se encuentran, principalmente, las condiciones salariales o la desaparición de algunas categorías profesionales que acarrean rebajas de los sueldos de parte de la plantilla. Según precisan desde el comité en Madrid, a las subidas de los emolumentos hay que sumar la falta de acuerdo sobre aspectos importantes como el complemento de incapacidad temporal.
Durante el año 2018, en el que estalló el conflicto, la tecnológica recortó más de un 9% el salario medio de la plantilla de su división con la que gestiona los más de 30 centros logísticos hasta situarlo en los 25.600 euros. Y la brecha salarial se mantuvo prácticamente intacta, según las cifras hechas públicas por la propia compañía en su memoria anual. Los directivos y mandos intermedios se embolsaron una media de 94.300 euros, frente a los 21.540 de los operarios de almacén.
En este contexto, la empresa ha ido dando mucho más peso a Illescas (Toledo), donde prevé levantar su mayor centro en España, para lo que ya ha creado una nueva sociedad. ¿La razón? Los sindicatos advierten de que se trata de una estrategia vinculada con los costes: cada uno de los mozos de almacén, según el convenio de logística al que pertenece Toledo, cobra 5.000 euros menos respecto al salario por el mismo trabajo en Madrid.
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