Amazon se pone la venda antes del golpe en el mercado español. El gigante del comercio electrónico ha decidido reservar en las cuentas de su filial paquetera más de 21 millones de euros por “contingencias laborales probables”. Lo hace en pleno pulso con la Seguridad Social por el modelo laboral de su servicio Flex de reparto con conductores particulares y con una primera acta levantada por la Inspección de Trabajo que le obligó a dar de alta a casi 4.000 repartidores y generó una deuda millonaria por cotizaciones sociales no abonadas.
En concreto, la provisión la lleva a cabo Amazon Road Transport Spain, que es la que desde mediados del pasado año 2019 se hace cargo de toda la entrega de los paquetes desde los más de 30 almacenes repartidos por toda España hasta los hogares de los clientes que han comprado los productos físicos en su tienda online. Tal y como queda reflejado en la memoria anual presentada ante el Registro Mercantil, la empresa ha reservado 20,9 millones de euros a largo plazo y algo más de medio millón a corto plazo.
De esta manera, la compañía busca zanjar todos los frentes laborales, pues insiste en que no esperan que se deriven "riesgos adicionales" de las mencionadas contingencias que no hayan sido provisionados. Esta decisión contrasta con lo que han venido haciendo compañías como Glovo, que optó en su momento por no reservar ninguna cantidad en sus cuentas anuales pese a contar con decenas de casos judicializados de inspecciones de Trabajo y actas sancionadoras por 'falsos autónomos' entre sus 'riders'. Finalmente, la startup española acabó avalando los más de 20 millones de euros que debe en cuotas impagadas ante la Seguridad Social a finales del pasado año.
Amazon cuenta con dos frentes laborales específicos. El más claro tiene que ver con la relación laboral con sus repartidores particulares. En 2017 puso en marcha su servicio Flex, a través del cual armó un 'ejército' de repartidores particulares sin licencia para entregar miles de paquetes en las principales ciudades. Les aportaba una aplicación móvil y les ofrecía bloques de horas con una remuneración ruta de 14 euros cada una. Los sindicatos no tardaron en iniciar la batalla al respecto. Finalmente, en octubre de 2020 la Seguridad Social dio automáticamente de alta a más de 3.000 repartidores que sumaban cuotas a la Seguridad Social de varios millones de euros. Todo desembocó en un procedimiento de oficio en los tribunales que llevará a un juicio que, como adelantó La Información, se fijó para noviembre de 2022.
El otro frente laboral hay que encontrarlo en la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de otorgar a Amazon la calificación de operador postal en España. Estar bajo el paraguas de la normativa de este sector obliga a la compañía a cumplir con la normativa fiscal o laboral. Por parte de la patronal logística UNO se recordaba recientemente que toda prestación de servicios de transporte o mensajería realizada con habitualidad y en vehículo de menos de 2.000 kilos está legalmente considerada como laboral. Hoy, Amazon tiene subcontratadas a numerosas empresas paqueteras para su propia marca Logistics, algo que, en teoría, choca con esa consideración señalada por UNO.
Los impuestos en España
Las consecuencias de esta importante provisión en las cuentas de la filial española se perciben también en la factura fiscal abonada en el país. Debido a que los gastos vinculados a esas reservas por contingencias laborales referidas no pueden ser deducibles, esto ha llevado a elevar la base imponible total en sus cuentas. Por tanto, el Impuesto de Sociedades se ha incrementado de manera considerable por encima de la barrera de los 9 millones de euros, es decir, cuatro veces más que un año antes, según se refleja en la memoria anual.
Esta es sólo una de las cinco sociedades independientes (y varias sucursales dependientes también de Luxemburgo) con las que opera la multinacional en España. Entre todas esas filiales, según queda constancia en sus cuentas, suman apenas 19 millones de euros de Impuesto sobre Sociedades, que es el que grava los beneficios por la actividad. Se trata del doble respecto a un año antes marcado, sobre todo, por el impacto de la provisión laboral. Esta es la factura fiscal en el año de la Covid-19, en el que la facturación declarada de estas sociedades -dedicadas a la publicidad online, el almacenamiento en la nube, la logística y los servicios generales- ha superado la barrera de los 1.500 millones de euros.
Estas ventas declaradas no son las reales del grupo en el país pues la práctica totalidad de estas filiales hacen de meras 'refacturadoras' de servicios prestados a otras empresas del grupo, fundamentalmente radicadas en Luxemburgo. Además, cuenta con varias sucursales de matrices radicadas también en el país, caracterizado por su baja tributación. Esta figura societaria permite no consolidar cuentas. En el caso de Amazon, además, no ofrece ningún dato desagregado del negocio de ningún país europeo en esas matrices. Es imposible comprobar los números. Recientemente, la consejera delegada en España, Mariangela Marseglia, aseguró que en 2020 facturaron 5.500 millones de euros brutos, entre las compras de servicios y productos en sus diferentes plataformas y lo facturado por las filiales independientes, con una plantilla global de en torno a 12.000 personas.
En ninguna de las cuentas presentadas sobre el año 2020 se da cuenta de ninguna inspección extraordinaria de la Agencia Tributaria, más allá de reportar que siguen abiertos los últimos ejercicios -tal y como plantea la ley- a posibles investigaciones. En los últimos años, sólo se ha enfrentado a unas pesquisas a fondo para su filial principal, Amazon Spain Services, tras la que tuvo que abonar 2,2 millones de euros en 2016. Otros gigantes tecnológicos sí que han tenido que pasar recientemente por caja, como es el caso de la también estadounidense Facebook, que se puso al día en 2019 y pagó una cantidad récord de 34 millones.
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