Los últimos días previos a la junta general de accionistas de Indra han sido especialmente intensos. El fondo de inversión Amber Capital, que hoy controla más del 4,1%, ha contactado con varios de los accionistas relevantes de la empresa para comunicarle su plan de poner sobre la mesa 'in extremis' durante la asamblea la destitución fulminante de cuatro de los consejeros independientes y el hasta ayer 'jefe' de los mismos, Alberto Terol. Entre esos socios clave se encuentra la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), dependiente del Ministerio de Hacienda, y máximo accionista de la compañía tecnológica y de defensa con más del 25% de los títulos. Éste, junto con Sapa, finalmente votó a favor para certificar el asalto y la toma de poder.
La fractura total del consejo de administración era un quebradero de cabeza para la Sepi, que durante el último año había intentado lidiar con ello. La última fue el rechazo a principios de junio del nombramiento de Jokin Aperribay por la mayoría de independientes. Esto precipitó los acontecimientos de cara a la junta. Y el que movió los hilos fue Amber Capital, el fondo dirigido por el inversor de origen armenio Joseph Oughourlian. Primero aflorando las acciones para llegar al 4%. Y luego poniendo sobre la mesa un plan para eliminar de un plumazo y por la vía rápida esa división en el máximo órgano de decisión.
Como excusa ante una potencial sospecha de acción concertada, el representante de Amber Capital aseguró en el discurso que utilizó durante la junta general para proponer la inclusión de los acuerdos de cese de Terol y otros tres independientes que había informado a "determinados accionistas significativos" durante los últimos días de su intención de proponer esos puntos nuevos en el orden del día. La finalidad, según él y ante esas dudas jurídicas, era "a efectos exclusivamente de que dichos accionistas pudieran tener conocimiento al respecto".
Según explican fuentes conocedoras, entre esos socios se encuentra la Sepi, dependiente del Ministerio de Hacienda, que buscaba desde hacía meses el 'sorpasso' de poder en el consejo ante la mayoría de independientes. Esos contactos fueron al más alto nivel en el holding empresarial público. Además de la Sepi, también votó a favor Sapa, el otro gran aliado del Gobierno para esta toma de control por la fuerza. Todos ellos se aprovecharon de una circunstancia que suele darse en las juntas generales: el porcentaje de accionistas presentes fue del 74,5%. Esto hace que en torno al 37% que este jueves sumaron de capital fuera suficiente proporcionalmente para llegar a ese 53% de capital representado.
Las dudas sobre una potencial acción concertada -un pacto entre los accionistas para votar estos ceses y dar un vuelco de poder- han estado sobre la mesa en los últimos meses, según explican otras fuentes. Durante los contactos que se han mantenido por la Sepi con potenciales inversores sobrevolaron esas dudas. Finalmente la vasca Sapa y Amber Capital han sido los aliados en este movimiento. El cesado Alberto Terol repitió durante su discurso en varias ocasiones la existencia de un "pacto" entre las tres partes. "Un pacto con el que no se mantiene la mayoría de independientes lo que coloca a Indra en una situación anómala", apuntaba.
Amber asegura que los contactos con accionistas relevantes tenían por objetivo que "pudieran tener conocimiento" sobre los ceses de los independientes
Antes de que se ejecutara la votación con la que se cesaba a esos cuatro consejeros independientes -y no se reelegía a una quinta-, el presidente no ejecutivo, Marc Murtra, propuesto por la Sepi el año pasado para sustituir a Abril-Martorell, trató de justificar este golpe de mano de la Sepi para controlar la empresa. "La participación en los grandes proyectos europeos se decide en el ámbito de los gobiernos; todos los países quieren tener participación", apuntó. Y fue más allá: "Contar con ese mismo nivel no es sólo una ventaja, sino una condición".
La situación que ahora la junta general de accionistas deja en el consejo de administración es llamativa. El máximo órgano de decisión, con las salidas de los cesados y el nombramiento de Jokin Aperribay como dominical en representación de Sapa, se queda finalmente con un total de nueve miembros. De esos, sólo 3 son independientes: Silvia Iranzo, Ignacio Martín y Francisco Javier García. Sólo este último ha sido nombrado en la 'era Murtra'. Esta anomalía hace que, por ejemplo, la Comisión de Auditoría se quede con dos vocales (Miguel Sebastián y Francisco Javier García) o la de Nombramientos esté sin presidente.
Independientes 'de paja'
La asamblea general de Indra evidencia también una fisura en el ordenamiento societario español y en el llamado buen gobierno corporativo de las empresas bursátiles. No en vano, lo ocurrido este jueves en el máximo órgano de decisión de la compañía vinculada al Estado demuestra que un grupo de accionistas de referencia sin mayoría absoluta en el capital de una empresa pueden eliminar de un plumazo a todos los consejeros independientes que no sean de su cuerda.
La situación no es nueva y algo parecido ocurrió en diciembre de 2020 en la junta extraordinaria de Prisa, cuando el mismo fondo de inversión Amber Capital forzó el relevo en la presidencia del primer grupo mediático del país. No obstante, el golpe de mano en Indra es tanto más significativo por cuanto que se produce en una entidad participada por el Estado a través de la Sepi. Resulta llamativa la complicidad del Gobierno con Amber en una operación de este calado pues se supone que el Ejecutivo es el valedor principal y más interesado en que se garantice la gobernanza adecuada de las empresas españolas.
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