La historia de Metro de Madrid tiene este año un aniversario ineludible: el primer centenario de esta infraestructura. El primer vagón salía de la estación de Cuatro Caminos -por aquel entonces un barrio obrero- un 17 de octubre de 1919 con destino a la Puerta del Sol, el centro de la capital. En él iba Alfonso XIII que había desembolsado su propio dinero para sacar adelante el proyecto. Pero la anecdótica presencia de la realeza ha dejado paso a lo largo de los años a materiales y zonas de trabajo cubiertos de amianto que sufren cada día los trabajadores de la instalación.
Tanto es así que ya se han confirmado dos muertes derivadas de la exposición a este material y hay varios casos en estudio. Pero lejos de poner soluciones -con apenas una mínima partida dedicada al desamiantado del conjunto de la red hace unos meses- la institución que controla Metro de Madrid ha puesto carteles en ciertas instalaciones. Es el caso de las propias Cocheras de Cuatro Caminos, históricos talleres aún hoy utilizados por los trabajadores de Metro de Madrid.
"¡Atención! Cubierta con materiales que pueden contener amianto", reza la compañía en un cartel colocado en una de las paredes del puesto de control de los talleres al que ha tenido acceso La Información. De hecho, basta con levantar la mirada para poder ver el material del que está hecha la cubierta: la tan temida 'uralita'.
Hace unos meses Inspección de Trabajo enviaba un requerimiento a Metro de Madrid para que procediese a la retirada de todos aquellos materiales con amianto de los diferentes espacios de las antiguas Cocheras de Cuatro Caminos, según adelantaba Efe. Pero, tal y como ha podido comprobar La Información, los materiales siguen en el mismo sitio.
"Se prohíbe terminantemente manipular (taladrar, cortar, retirar, etc.) material que pueda contener amianto sin autorización", continúa el cartel. Pero no solo ese es el problema. Durante los últimos meses, también se ha encontrado presencia de este peligroso elemento en cierto material rodante que utiliza este servicio público de la Comunidad de Madrid. En concreto, desde la compañía detectaron a finales del pasado año dos nuevas piezas con absesto en trenes modelo 2000A, unos de los más utilizados en toda la red de la capital y sobre los que paralizaron las tareas de mantenimiento.
La compañía de gestión pública anunció hace unos meses una inversión de hasta 140 millones de euros para retirar de forma definitiva este material que, según una directiva europea, debe desaparecer totalmente antes de 2028. Lo cierto es que, unos meses después apenas se ha hecho una licitación. Una primera en agosto de 2018 para el "desamiantado del material móvil y equipos de trabajo del Área de Mantenimiento de Material Móvil" por valor de 2,4 millones de euros.
La peligrosidad de este material es tal que el sindicato Comisiones Obreras denunció el pasado año que hasta 2030 podrían morir entre 3.000 y 4.000 personas víctimas del absesto del suburbano madrileño. Por ello, los trabajadores siguen luchando para que se retire la totalidad de este material que no está solo en el metro, si no que también se encuentra en otras instalaciones públicas como colegios y cañerías de agua.
Dos fallecidos
El servicio de transportes de la Comunidad de Madrid sigue manteniendo estos materiales en sus instalaciones tras el fallecimiento de, al menos, dos trabajadores de Metro que habían estado expuestos al amianto, según denunciaron los sindicatos tras sus muertes. Además, segúnu las mismas fuentes, habría otros dos operarios que habrían enfermado como consecuencia de esta exposición y a día de hoy se sigue trabajando en sus casos.
El primero de ellos falleció el pasado mayo, solo un mes después de que le fuera reconocida la asbestosis, enfermedad profesional de este colectivo causada por la inhalación del amianto. En una nota de prensa emitida por Metro de Madrid tras el suceso, la compañía volvió a poner sobre la mesa su "compromiso por el desamiantado progresivo de toda la red y del material móvil". El pasado mes de octubre fallecía el segundo trabajador de la compañía que había estado en contacto con este producto. En este caso, el operario era el primer diagnosticado con asbestosis de toda la plantilla y presentó además una demanda ante los Juzgados de lo Social para reclamar al suburbano una indemnización de 395.602 euros.
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