Una de cal y otra de arena. Así puede definirse la actuación de las autoridades mexicanas con respecto a las empresas españolas que operan en el país. El lunes, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), la CNMC mexicana, daba luz verde a la opa de IFM sobre Naturgy por el 22,60% del capital de la española y lo hizo de forma "unánime e incondicional", dando el pistoletazo de salida a la ola de autorizaciones, comprobaciones y firmas que pueden llevar a los australianos al consejo de Naturgy, una de las joyas de la corona de la energía en España.
IFM cumple así con una de las cuatro condiciones administrativas, vinculadas con el derecho de la competencia, que impuso a su operación: la aprobación del Gobierno mexicano, la notificación de no oposición del Tesoro de Australia, la no oposición de la Comisión de Seguros de Luxemburgo y, la a priori más complicada, la aprobación de la CNMV con la autorización del Gobierno español. Una decisión imprescindible como consecuencia del blindaje establecido para las empresas españolas y que permite vetar cualquier compra de un inversor ajeno a la UE de quiera adquirir más de un 10% de una compañía considerada estratégica. La operación está llamada a ser clave y, probablemente, supondrá un detonante en el reposicionamiento de las energéticas en España y Europa.
El fondo australiano se muestra especialmente satisfecho ante el plácet de la COFECE. Según informa Europa Press, para IFM esta decisión representa un "hito clave" en el camino que llevará, presumiblemente, a la participación en el accionariado de la energética española. Y es que la presencia de Naturgy en México no es menor. Es el principal operador de distribución de gas natural y presta servicio a 62 ciudades del país. Cuenta con 1,7 millones de clientes que dependen de la energía proporcionada por Naturgy, que posee además una potencia eléctrica instalada de 2GW en ciclos combinados y 234 MW en energía eólica. Esta posición le convierte, según datos de la compañía, en el tercer generador independiente con una presencia en la mayoría de Estados que componen la República mexicana.
Los ojos económicos se centran ahora en el Consejo de Ministros español, que será el organismo encargado de dar el 'ok' final a los informes del Ministerio de Industria y las observaciones del de Transición Ecológica. Una vez que el fondo solvente estos trámites, será la CNMV la que autorice la compra, permitiendo a los accionistas decidir si venden o no sus acciones a los australianos y habilitando legalmente al consejo de administración de la gasista a pronunciarse oficialmente sobre la operación.
La de arena…
La buena onda de los mexicanos con Naturgy contrasta directamente con la situación de la otra gran energética española en el país: Iberdrola. La empresa de Sánchez Galán mantiene un litigio encubierto con el Gobierno de López Obrador como consecuencia de la reforma energética que plantea el Ejecutivo mexicano. En líneas generales, la propuesta del Gobierno azteca pasa por dar prioridad a la energía despachada por las centrales hidroeléctricas frente al resto de plantas de generación de energía convencional y dejar para el último lugar a las proporcionadas por la solar o la eólica, los puntos fuertes de Iberdrola en el país. Independientemente de sus efectos sobre el clima y el freno que puede suponer para el despliegue de las energías renovables en el país, la propia COFECE ha mostrado en reiteradas ocasiones sus objeciones ya que considera, con razón, que la nueva regulación puede llegar a limitar la competencia.
La razón es que la gran beneficiada de la normativa sería la pública CFE, la empresa encargada de controlar, generar y comercializar la energía eléctrica en México y que basa gran parte de su producción en centrales hidroeléctricas. Por su parte, la producción renovable recae en empresas privadas, entre las que destaca Iberdrola, que se verán, si sale adelante la ley, discriminadas en las asignaciones de despacho para entrar en el sistema energético mexicano.
La controversia ha llevado a tensar la cuerda por parte del mismísimo presidente mexicano. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó en el pasado a Iberdrola de "influyentismo" en el orden democrático mexicano, afeándole el gesto de "llevarse a la (ex) secretaria de energía a trabajar y a un expresidente de la República (por Felipe Calderón) de consejero". AMLO llegó a considerar esta actuación como "una vergüenza", llegándose a preguntar si era normal que en España “pudieran hacer eso”.
Con todo, la reforma energética AMLO se enfrenta a un imprevisible recorrido en los tribunales. En una batalla encabezada por las empresas afectadas (Iberdrola incluida) y la oposición, la justicia mexicana tendrá que pronunciarse sobre la posible inconstitucionalidad de la ley por su presunto ataque a la libre competencia. Al margen de las cuestiones ambientales, el argumento de empresas y oposición se centran en que las disposiciones de la ley discriminan de manera clara a las empresas privadas, reservando de facto la producción energética a la pública CFE frente al resto de tecnologías y empresas que también operan en el sistema eléctrico mexicano.
Esta tesis legal gana muchos enteros y puede llegar a suponer una reforma constitucional si los tribunales dan la razón a los demandantes. AMLO ha llegado a llamar a los abogados que participen en el proceso a favor de las empresas privadas como "traidores a la patria", un gesto que no favorece en absoluto a un dirigente que se jacta de haber traído una nueva democracia a México con sus reformas estructurales conocidas como la 4T, la cuarta transformación que quiere liderar, y que sitúa en igualdad de condiciones con la independencia ganada por el país en 1821, las leyes de reforma de Benito Juárez y la revolución contra el régimen de Porfirio Díaz que tuvo lugar entre 1910 y 1917.
En el convulso universo de la política mexicana, aun queda mucho camino por recorrer en el que muchos caerán, se llamen Naturgy, Iberdrola o quizá el propio AMLO.
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