El 4 de junio. Hace apenas tres meses. Los empresarios de las licencias VTC, utilizadas por Uber o Cabify, se felicitaban. Se sentían los ganadores de la batalla en la guerra del taxi. La sentencia del Tribunal Supremo, que respaldaba la proporción de 1 de estas autorizaciones por cada 30 de taxis, cerraba el mercado y abría la puerta a una revalorización de sus inversiones. Ahora, estos gestores buscan una salida ante el nuevo decreto ley con el que el Gobierno abre la puerta a que las comunidades puedan crear una segunda autorización, como ya hiciera Ada Colau en Barcelona, para restaurar ‘de facto’ esa ratio. Miran al Tribunal Constitucional como una de las pocas alternativas.
La alargada sombra de la huelga del pasado verano sigue pesando mucho. El compromiso alcanzado con Fomento para desconvocarla era poner en marcha, entre otras medidas, la entrega de las competencias para regular el sector a las comunidades autónomas. Abría así la puerta a limitar desde lo regional (y local) a las VTC en pleno aluvión de licencias por vía judicial (reclamadas antes del año 2015 y que el Supremo va concediendo de manera sistemática desde hace un par de años).
Ese traslado del ‘poder’ a las regiones debe hacerse con un decreto ley. Un decreto en el que trabajan los técnicos de Fomento desde hace meses. Con esta herramienta, con la que necesita el apoyo de buena parte del Congreso para su convalidación, busca equilibrar lo que, en palabras del ministro de Fomento, José Luis Ábalos, es una competencia “desigual” entre VTC y taxis.
En estos días explora, junto a los técnicos, el “encaje legal” entre, por un lado, no llevar a cabo ningún rescate con dinero público a estas empresas y, por otro, habilitar a las comunidades autónomas para esta regulación e introducir la posibilidad de seguir los pasos de Colau en Barcelona. No habrá, al menos así lo dijo el ministro, dinero público para recomprar licencias de alquiler con conductor para retirarlas del mercado y compensar así a los que las compraron en el mercado secundario o las reclamaron por la vía judicial (y las ganaron tras una sentencia del Tribunal Supremo).
El Constitucional, como vía
No lo va a tener fácil. Aún así desde el sector de la VTC hay mucha preocupación. Entienden que el escenario es de una “gran inseguridad jurídica” que podría dar al traste con la inversión de cientos de millones de euros ejecutada en los dos últimos años -con fondos de inversión y de deuda por medio-. Buscan frenar el decreto y hoy tienen una oportunidad para tratar de convencer al secretario de Estado de Infraestructuras, con el que se reúnen responsables de la patronal Unauto.
Pero, al margen de la negociación, ya barajan el recurso de inconstitucionalidad como una vía para mantener el ‘statu quo’. Su presentación y tramitación es muy compleja, pues necesitan el apoyo de, al menos, 50 diputados y senadores (algo casi imposible por el respaldo público de la mayoría de los grandes grupos al sector del taxi), del Defensor del Pueblo o de las asambleas o parlamentos de alguna de las comunidades. Hay otras vías alternativas para llegar a este tribunal, pero aún están en estudio por parte de estos empresarios.
En el decreto ley que aprobó el anterior Gobierno, a las puertas de la sentencia del Supremo y con el único objetivo de blindar con rango de ley dos de las reglas de la regulación (el ratio 1-30 y la regla de habitualidad), no hubo recurso. ¿La razón? El Alto Tribunal falló a favor de esas limitaciones y, por tanto, desde el taxi aplaudieron la medida… pero también desde estos gestores de la VTC que entendían que sus activos -las licencias- iban a revalorizarse a marchas forzadas pues se cerraba ‘de facto’ la concesión de autorizaciones.
Un (previsible) aluvión de recursos en las comunidades
¿Y si estos empresarios y fondos de inversión pierden la batalla y no logran parar ‘in extremis’ el decreto ley, ni en la negociación, ni tampoco por la vía de la inconstitucionalidad? Deben fiar todo a los recursos en los tribunales superiores de justicia de cada una de las comunidades autónomas contra estas nuevas regulaciones con las que se rescate el 1-30 (y la segunda autorización), como ya hiciera con la ‘norma Colau’.
Diferentes fuentes del sector auguran un escenario muy complejo de numerosas batallas legales en las comunidades. Batallas que durarían, al menos sobre el papel, varios años y con posibles suspensiones cautelares en medio.
El último cartucho con el que cuentan estos empresarios es la reclamación económica. Ultiman un informe que concluye en un cifra: casi 3.800 millones de euros en indemnizaciones en caso de que se eliminaran todas las licencias VTC hasta resucitar el ratio 1-30. Sea como sea, las alarmas han saltado. Este mes de septiembre será clave en este nuevo capítulo de la eterna guerra del taxi.
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