Las grandes obras están provocando dolores de cabeza a Moncloa. La necesidad de armonizar el desarrollo de las infraestructuras clave con la lucha contra el cambio climático es lo que ha impedido que los planes del Ministerio de Transportes se estén llevando a cabo sin obstáculos. El mejor ejemplo es la paralización de la ampliación del aeropuerto de El Prat, que trajo la primera gran crisis para la nueva ministra del ramo, Raquel Sánchez. Un conflicto con la Generalitat de Cataluña que el Gobierno quiere evitar que se repita en otros proyectos pendientes. Uno de ellos es el remate a la ampliación del Puerto de Valencia, donde falta por construir la nueva terminal que permitirá acoger más tráfico y recibir más contenedores. Lo que ha llevado al Ejecutivo a reclamar que no se paralice el calendario previsto para ello. Como aseguran, cualquier maniobra que detenga los trabajos pondrá en riesgo la capacidad de tráfico del recinto portuario.
Esta advertencia es el principal mensaje de una respuesta parlamentaria remitida al Congreso, que está fechada el 8 de septiembre. Casualmente, el mismo día en el que se anunció oficialmente que se paralizaba la propuesta para extender las pistas del aeródromo catalán. En el documento, al que ha tenido acceso La Información, el Gobierno destaca que los trámites para llevar a cabo la terminal siguen el cauce previsto. Unas naves que se harán sobre la ampliación de la terminal Norte que se finalizó en 2012, y cuyo desarrollo se paralizó por la crisis económica. El plan se reactivó hace unos meses. Lo que abrió una brecha en el Consell valenciano por el rechazo de Podemos a las obras. A lo que hay que sumar las posibles reclamaciones a la Justicia para que lo paralice, abanderadas por el partido morado, Compromís, Esquerra Unida y varias plataformas vecinales y ecologistas.
Aunque tanto el Ejecutivo como la Autoridad Portuaria de Valencia confirman a esta redacción que las actuaciones para construir siguen su curso, el primero ha querido avisar de las posibles consecuencias si no cuajasen. "De no ejecutarse la nueva terminal, la capacidad del recinto portuario se agotará, ya que la previsión es que el tráfico crezca hasta los diez millones de TEU (la unidad de capacidad del transporte marítimo) en el año 2050", destaca en el texto remitido a las Cortes. Una afirmación que hacen suya y que sale de un estudio de la de la Confederación de Empresarios de Valencia, la Cámara de Comercio y Propeller. El mismo en el que se apunta a que la terminal generará 6.000 nuevos empleos e incrementará en 600 millones el valor añadido de la Comunidad Valenciana.
Todo el conflicto por esta construcción viene por el posible impacto sobre el medio ambiente y las zonas naturales colindantes al puerto. La preocupación está especialmente en cómo puede afectar a la Albufera de Valencia. Estos riesgos han centrado los argumentos contra la ampliación de administraciones como el Ayuntamiento valenciano o la Conselleria de Emergencia Climática, ambas controladas por Compromís a través de Joan Ribó y Mireia Mollà respectivamente. La consellera fue la que habló más claro hace unos meses, al asegurar que el proyecto entraba en conflicto con la protección que recibe ese entorno natural. Esto motivó que Mollà pidiera la paralización de las obras en una carta al Ministerio de Transición Ecológica. Algo que el Gobierno no ha contemplado, según las fuentes consultadas.
El documento que marca las diferencias de las partes es la declaración de impacto ambiental. La que amparó la ampliación del Puerto de Valencia y la construcción de la terminal Norte se realizó en 2007. Los 14 años que han pasado es lo que motivó que el alcalde Ribó, su partido y Podem pidieran que se hiciera una nueva y se empezara de cero el plan de las obras. Esto fue rechazado tanto por la Autoridad Portuaria valenciana como por Puertos del Estado, que validaron la norma de entonces como la base para dar el paso a la licitación. El Gobierno se abrió a redactar una nueva si era necesario, como destacan desde el Ministerio de Transportes a preguntas de este medio. Pero esto finalmente se descartó, avalando así los informes de la administración que gestiona los puertos del país.
La única salvedad que puso Puertos del Estado al anteproyecto fue la de reclamar que se hicieran más informes ambientales con el paso del tiempo. Una recomendación que salió de los informes correspondientes, en los cuales no participó el departamento de Transición Ecológica de la vicepresidenta Teresa Ribera. En su respuesta parlamentaria, el Ejecutivo recuerda que los responsables de la infraestructura reservaron seis millones para medidas compensatorias. Además, recordaron que ya se han llevado a cabo acciones reparadores del medio ambiente, como la Restauración del sistema dunar de la playa de La Creu de El Saler. Aun así, el proyecto obtuvo todo el aval necesario. La reacción fue el anuncio de acciones judiciales contra el mismo. Las mismas están abanderadas por la Comissiò Ciutat-Port, que agrupa a las asociaciones que ven nociva la construcción.
Más allá de la posible batalla judicial y de la división en el gobierno autonómico que encabeza Ximo Puig, la realidad es que la construcción de la terminal Norte está encauzada. Fuentes de la Autoridad Portuaria de Valencia confirman que la licitación se publicará antes de que acabe el 2021. La misma estará valorada en 400 millones de euros. A los que habrá que sumar los más de 1.000 millones que inyectará la naviera MSC, que le permitirá construir y explotar la totalidad de la cuarta terminal de contenedores del recinto. Si esta obra no se lleva a cabo, sus gestores avisan de que habrá problemas para acoger el tráfico de mercancías de los próximos años. Actualmente, el Puerto valenciano gestiona el 40% de las operaciones del tráfico marítimo del país.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios