La preocupación de los reguladores sobre la transparencia de las empresas es cada vez mayor sobre los aspectos ajenos a su cuenta de resultados. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo ha vuelto a demostrar tras realizar un requerimiento expreso para el grupo europeo de restauración Amrest, dueño de La Tagliatella y operador en España de un extenso listado de reconocidas marcas (Bacoa, KFC, Blue Frog y Sushi Shop). El motivo de la actuación del regulador bursátil ha sido la decisión de la compañía de no incluir en su última memoria anual de Estado de Información No Financiera (EINF) aspectos claves para conocer su política de riesgos laborales.
La preocupación principal se ha dirigido a la omisión de datos relativos a los índices de frecuencia y gravedad de sus accidentes de trabajo. Se trata de un aspecto clave que se regula en la normativa sobre este tipo de información (apartado II de la Ley 11/2018) y sobre la que ya llamó la atención el propio auditor de la compañía, PwC, quien así lo hizo constar en sus salvedades al cierre de la memoria anual. La compañía, por su parte, alegó en su momento que estos datos no se habían recopilado, pero sí esperaba comunicarlos en su próxima edición.
Tras la llamada de atención de la CNMV, el grupo de restauración ha ido más allá y ha explicado que el motivo de no incluir estos datos fue el impacto de la Covid-19 en su negocio. La empresa europea alega como motivos "los constantes cambios a los que este sector se ha visto sujeto" siendo objeto de "variadas y cambiantes medidas y restricciones de distintos tipos", desde cierres completos hasta aperturas limitadas a aforo y horarios. Todo ello provocó que, entre otros, el número de horas trabajadas durante los años 2020 y 2021 por la mayoría de sus trabajadores se modificara "casi diariamente".
La compañía se excusa así en una enorme complejidad que no solo afecta a la diferencia de restricciones entre los 25 países en los que opera, sino en la disparidad de criterios que existía en un solo mercado, como España, para hacer frente a la crisis sanitaria. "La regulación a nivel nacional y de cada provincia o estado, y las limitaciones a las que se veía sujeto el sector eran distintas y, por lo tanto, las limitaciones de apertura de los restaurantes variaban de semana a semana", justifica la empresa para afirmar que ello era óbice para recopilar correctamente las métricas sobre su "total de empleados y número de horas trabajadas por estos".
Pese a todo, la compañía asegura que ya se ha puesto en marcha para cumplir con las exigencias del regulador este 2022. En este sentido, está analizando la contratación de herramientas de software que permitan recopilar los datos y automatizar la generación de informes e índices requeridos. La previsión es extender esta práctica a todos los mercados, aunque la compañía podría tener problemas para analizar la muestra en aquellos que representan menos de un 2% del total de empleados. Son mercados pequeños y ajenos a la Unión Europea, donde Amrest no cuenta con un departamento de recursos humanos propio, sino una subcontrata.
Preocupación por la información no financiera
El aviso de la CNMV revela una cada vez mayor preocupación por arrojar transparencia a información de la compañía que va más allá de las cifras económicas. Ya realizó sendos requerimientos en 2019 (último año disponible) a dos emisores que también presentaron salvedades en sus cuentas de información no financiera, según su plan anual. A estas dos peticiones, se suman otras 21 recomendaciones que la entidad presidida por Rodrigo Buenaventura llevó a cabo a emisores para que tuvieran en consideración a la hora de elaborar futuros informes de sostenibilidad.
Otro hecho significativo en este sentido fue la revisión de su Código de buen gobierno en cotizadas a partir de cuatro grandes ejes, entre los que figuraba una "mayor relevancia de la información no financiera y la sostenibilidad". Los otros pilares que contemplaban este nuevo código eran el fomento de la presencia de mujeres en los consejos de administración, más atención a los riesgos reputacionales y más claridad en aspectos relativos a la remuneración de consejeros.
La batería de actuaciones para arrojar transparencia sobre los informes de sostenibilidad ha llegado tras las recomendaciones de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés). El organismo de supervisión de la Unión Europea estableció este tipo de información como una de las prioridades de supervisión y dio paso a que en España se desarrollara la Guía de actuación sobre encargos de verificación. Esta herramienta conllevó a una mayor aportación de datos por parte de las empresas, que adaptaron sus sistemas internos para conseguirlos.
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