Andrea Orcel, de 56 años de edad, quiere seguir trabajando en el sector financiero tras su frustrado fichaje como consejero delegado de Banco Santander, pero no a cualquier precio. Y es que el banquero de inversión italiano, que cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el sector, lucha en los tribunales para que el grupo que preside Ana Botín le abone una compensación económica que le permita rechazar la ‘jubilación’ de 50 millones de euros comprometida con UBS y que le impide fichar por otro banco durante el resto de su carrera.
En su demanda, Orcel exige el cumplimiento del contrato acordado con Santander en septiembre de 2018 para su incorporación como número dos de la entidad, a razón de unos 10 millones de euros anuales, más una prima de fichaje de 17 millones y 35 millones adicionales que se pagarían en acciones del grupo cántabro, en compensación por la retribución en diferido (pensión) de 50 millones que el banquero tenía devengada en UBS y que perdería al unirse a un competidor, detalles que adelantó ‘Vozpópuli’ y que ha podido comprobar este medio de fuentes cercanas al directivo.
De forma subsidiaria (es decir, si se rechaza su pretensión inicial) el banquero italiano solicita en su escrito, presentado en los juzgados de Plaza Castilla de Madrid a finales de mayo, una indemnización por daños y perjuicios cuyo importe máximo alcanza algo más de 100 millones de euros, que se corresponden con los 52 millones pactados en primas, más el sueldo del directivo durante cinco ejercicios.
De ser reparado por el daño, ya sea en su cuantía máxima o en una inferior, Orcel rechazaría automáticamente los 50 millones de UBS, un bonus cuya percepción está ligada a su retirada del sector financiero. La prioridad del ejecutivo del país transalpino es seguir en activo -ya sea al frente de un gran banco o en una boutique de inversión propia que el banquero estaría dispuesto a montar en Italia- y su intención es que Botín se ocupe de su 'carta de libertad' en la firma helvética.
En la denuncia -admitida a trámite a finales de junio- las fuentes consultadas sostienen que Orcel se compromete a olvidarse de su pensión en el banco suizo siempre que el juez le dé la razón y determine que Santander le debe abonar, al menos, los 35 millones de euros en acciones del banco pactados el mes de septiembre, cuando se anunció el nombramiento. Pese a que pudiera parecer que ambas partes pudieran zanjar un acuerdo en torno a esta cantidad, Orcel quiere litigar y obtener una compensación incluso mayor.
Botín tiene que contestar la semana que viene
Banco Santander, por su parte, deberá presentar en los juzgados su escrito de contestación a la demanda de Orcel la semana que viene, una vez que han pasado 20 días desde su admisión a trámite. El banco rechaza ofrecer detalles sobre su estrategia de defensa, pero fuentes jurídicas sostienen que el grupo cántabro tratará de demostraren los tribunales que las condiciones que se pactaron con Orcel no son un contrato, sino que se trata de una carta de oferta supeditada a distintos condicionantes.
Sea como fuere, el nombramiento del banquero italiano como consejero delegado de Santander fue complicado desde un principio. El anuncio se produjo antes de tiempo para atender los deseos consejero delegado de UBS, Sergio Ermotti, quien quería hacerlo público antes de lo que el banco español y Orcel tenían previsto. El primer ejecutivo de la firma helvética argumentó que sus colaboradores eran conscientes de la salida de Orcel y deseaba evitar una crisis interna haciendo oficial cuanto antes el nombre de sus sucesores, Piero Novelli y Robert Karofosky.
El Banco Santander admitió los planteamientos de Ermotti, exponiendo en su comunicación oficial que el fichaje de Orcel estaba sujeto a las autorizaciones correspondientes, “incluidas las derivadas de las condiciones” de su empleo en UBS. Después, las numerosas peticiones lanzadas por el ejecutivo hicieron pensar a Botín que la designación no casaría bien con las dinámicas y los tiempos de un banco ‘retail’. De ahí la rectificación y la renuncia a una contratación, cuyas consecuencias tendrán que dirimirse en los tribunales durante los próximos meses.
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