Ángel Cano, consejero delegado de BBVA entre 2009 y 2015, "no recuerda" haber mantenido ningún tipo de vínculo con José Manuel Villarejo ni haber dado instrucciones relacionadas con el comisario jubilado, que se encuentra actualmente en prisión y que presuntamente habría articulado una red de espionaje a políticos, empresarios y periodistas a instancias de la entidad durante la etapa de Francisco González (FG) como presidente ejecutivo (2000-2018).
Cano acudió ayer a las 10.00 horas a prestar declaración a la Audiencia Nacional por su supuesta implicación en el caso, pero optó por guardar silencio ante el magistrado Manuel García-Castellón al no conocer con precisión de qué se le acusa. Por tanto, el directivo, al que no se le impuso ninguna medida cautelar, abandonó el lugar apenas media hora después de su llegada y puso rumbo, junto a su abogado, José Bonilla, y Ricardo Gómez (otro de los altos cargos de BBVA investigados) a la oficina que tiene el despacho Jones Day en Madrid, cuya contratación por parte del que fuera número dos de FG adelantó este medio.
A su salida del bufete de abogados, que se encuentra a escasos minutos a pie de las dependencias judiciales y en el que Cano y Gómez permanecieron algo más de un cuarto de hora, el exCEO de BBVA mantuvo una breve conversación con este medio en la que reconoció sentirse "tranquilo", pues asegura que "no recuerda nada, ni haber dado instrucciones". Antes, a preguntas de los periodistas, dijo que estaba "absolutamente" dispuesto a colaborar con la Justicia.
Pese a contar con abogados diferentes, hasta la fecha, los ocho directivos y exdirectivos de BBVA imputados por las escuchas de Villarejo han mantenido la misma estrategia de defensa. Al mantenerse las actuaciones bajo secreto de sumario, todos ellos -a excepción de Antonio Béjar- han optado por acogerse a su derecho a no declarar hasta que sepan con precisión por qué están siendo investigados en esta pieza novena de la causa por los delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos.
La imputación de los altos cargos, no obstante, se produjo después de que la propia entidad les señalara como las personas que guardaban relación directa con las cuentas bancarias desde las que se efectuaron los pagos a Villarejo, cercanos a 10 millones de euros. Los investigadores analizan los encargos efectuados por el banco a Grupo Cenyt desde el año 2004, momento en el que Ángel Cano ejercía como director de recursos humanos y medios de la entidad.
Con todo, fuentes jurídicas explicaron ayer a La Información que el instructor de la causa les volverá a citar cuando levante el secreto sumario; hecho que se espera se produzca a partir del próximo mes de septiembre. Se comprobará entonces quienes están dispuestos a colaborar con la investigación, que busca averiguar qué personas daban las órdenes para contratar los servicios del comisario jubilado.
Audios que salpican a FG
De entre todos los investigados, el que se encuentra en una situación más delicada es Julio Corrochano, exjefe de seguridad del BBVA, pues en la causa obran los audios relativos a unas conversaciones con el propio Villarejo en las que éste hacía referencia a la necesidad de que le diera noticias del encargo de espionaje para trasladarlas a Cano y al 'presi', en referencia a Francisco González. Aunque se acogió a su derecho a no declarar, Corrochano abandonó la Audiencia Nacional en libertad provisional sujeta al pago de una fianza de 300.000 euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 atendió de esta forma la petición formulada por la Fiscalía y le dio dos semanas de plazo para abonar esta caución. Además, le impuso otras medidas cautelares tales como retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias mensuales en el juzgado.
El avance de la investigación ha permitido determinar que el monto total abonado por la entidad al entramado empresarial del agente encubierto alcanza los 10 millones de euros una cuantía que responde no solo al encargo relativo al espionaje a Sacyr por su intento fallido de asalto al banco sino también otras labores como la localización de clientes morosos con la entidad. Aunque Villarejo sostiene que no se efectuó ningún espionaje en el marco de esta encomienda, los investigadores le acusan de haber 'pinchado' el teléfono de periodistas, empresarios y políticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para controlar los pormenores del asunto.
Pese al silencio que ha imperado en la cúpula del banco, el comisario jubilado sí relató detenidamente en qué consistió este encargo concreto que el BBVA efectuó entre 2004 y 2005. Villarejo -interrogado por primera vez desde la prisión de Estremera debido a sus problemas de hipertensión- insistió en dos aspectos concretos: que esta acción era de sobra conocida por los servicios de inteligencia y que la misma tenía como trasfondo evitar un ataque a la soberanía nacional española.
Tampoco eludió pronunciarse sobre su nexo en el banco y, al respecto, señaló directamente al exjefe de seguridad Julio Corrochano como la persona con la que despachó estos asuntos e incluso firmó los contratos. De hecho, expuso que nunca habló con Francisco González ni tampoco mantuvo ninguna reunión porque con quien rendía cuentas era con el también comisario, el cual aterrizó en el banco en 2002 proveniente de la jefatura superior de Policía de Madrid.
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