No ha sido un buen año para el bolsillo de los consumidores. El año eléctrico que está a punto de acabar cerrará como el más caro de la década - el segundo más caro desde 1998- y bajo sospecha. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) investiga desde mayo el comportamiento anómalo de los precios, que subieron pese a la abundancia de lluvias en primavera. La escalada de los precios obligó a intervenir al Gobierno con un decreto de medidas urgentes que, entre otros objetivos, trata calmar la inquietud de la gran industria y evitar cierres como los de la multinacional Alcoa.
La intervención del Gobierno, con la suspensión durante seis meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica y la eliminación del "céntimo verde", entre otras medidas, ha contenido los precios en el último trimestre, según admite la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE).
Pero esa contención no evitará que 2018 acabe con precios en el mercado mayorista en torno a los 60-61 euros Mwh (57 euros Mwh de media anual), convirtiendo al ejercicio en el más caro desde 2008,según el director de la asociación, Fernando Soto. El precio de la electricidad en el mercado diario cerró noviembre con un precio medio de 61,97 euros Mwh, un 4,79% menos que en octubre, pero un 4,70% más caro que hace un año.
Mercado de futuros
La perspectiva no es buena porque el mercado de futuros marca un inicio de año con precios al alza, en el entorno de los 64-65 euros Mwh, según el Operador del Mercado Ibérico. El encarecimiento de los precios del CO2 explica, aunque sólo en parte, la presión registrada en el mercado mayorista eléctrico. El Grupo ASE, especializado en servicios energéticos, estima que la subida del CO2 -cotiza en diciembre a 21 euros la tonelada, un 40% más que en enero-ha encarecido la luz un 9%.
Para el experto en energía y director de Próxima Energía, Jorge Morales, el año que ha registrado récords de precios en varios meses, ha estado marcado por dos hechos: la subida del kilovatio en una situación de lluvias abundantes y la derogación del llamado "impuesto al sol" que va a impulsar el autoconsumo. En su opinión, esta última circunstancia se va a notar ya el próximo año en la factura de muchos usuarios. Para bien.
Uno de los hitos del año eléctrico que menciona Morales -la subida de precios en situación de abundancia de agua- disparó en mayo las alarmas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). El organismo lleva siete meses investigando la casación de precios en el mercado mayorista. El presidente de la CNMC, José María Marín Quemada y el secretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal,confirmaron en julio, en un acto en el que coincidieron en Santander, que existía una investigación en marcha sobre el mercado eléctrico.
La investigación, aún abierta, puede acabar en nuevas sanciones para algunas de las empresas implicadas en la supuesta alteración del mercado. A principios de mes, Domínguez concretó en una comparecencia en el Senado que Competencia está ultimando un expediente contra Naturgy –antigua Gas Natural Fenosa- y Endesa por una presunta manipulación del precio de la electricidad.
Expediente y alarma
Según fuentes al tanto de las investigaciones, el expediente al que se refirió Domínguez se centra en el funcionamiento de centrales de gas. Pero lo que realmente alarmó al supervisor en mayo fue el desajuste entre precios eléctricos y reservas hidráulicas. Los precios de la electricidad habían subido en abril un 6,2% respecto al mes anterior cuando se esperaban bajadas por la abundancia de precipitaciones.
El análisis de la CNMC, según confirmaron entonces fuentes del organismo, no presuponía la existencia de irregularidades. Pero tampoco era una acción rutinaria. Bajo la lupa de la CNMC está, sobre todo, Iberdrola, propietaria de 23 centrales hidroeléctricas con 8.847 MW instalados y Endesa (4.759 MW). Son las empresas que controlan el negocio del agua.
La investigación -y la intervención del Gobierno en el mercado eléctrico- coincide con el debate sobre las concesiones hidráulicas. Unidos Podemos presentó en el Congreso una proposición de ley que plantea regular el paso al patrimonio del Estado de las centrales que explotan las grandes eléctricas conforme sus concesiones vayan expirando. Y al Gobierno no le disgusta la idea.
Es un debate muy vivo. En España funcionan 800 centrales hidroeléctricas instaladas en ríos y pantanos y suman 20.332 Megawatios de potencia -casi la cuarta parte del total instalado-. Aunque sin datos exactos, en los próximos 20 años se extinguirán las concesiones de unas 250 centrales, según datos del Ministerio de Medio Ambiente.
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