El grupo de inversores mexicanos liderados por Antonio del Valle explora al otro lado del Atlántico una vía para conseguir datos sobre la resolución del Popular guardados bajo llave. Su bufete estadounidense Kirkland & Ellis reclama al Santander documentos confidenciales a través de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, un juzgado mercantil con capacidad para ordenar a compañías radicadas en Estados Unidos la entrega de informes e, incluso, prestar declaraciones para uso de tribunales en el exterior.
La intención es recabar “pruebas” para sus reclamaciones ante el Gobierno español, al que pide en arbitraje internacional el resarcimiento de los 470 millones de euros que han perdido con la resolución, y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde busca anular la decisión de la JUR. Su defensa invoca ante la Corte de EEUU el artículo 1782. “Santander, como adquiriente y único propietario del Popular, fue un participante activo y clave en el proceso de resolución. Por tanto, Banco Santander y Popular están en posesión de documentos e información altamente relevantes para entender la base sobre la que se ordenó la resolución”, explica Javier Rubinstein, socio de Kirkland & Ellis.
Los informes que espera obtener son los relativos a la información financiera del Popular precisos para cualquier valoración de la entidad, incluyendo las efectuadas para la resolución y usadas por el Frob y la Junta Europea de Resolución, o la del Santander para pujar por la enseña; así como datos críticos sobre la evolución de liquidez y solicitud de fondos de emergencia al Banco Central Europeo (BCE), las ofertas efectuadas sobre el banco y recibidas por sus activos, documentación emitida de cara a la macroampliación de capital que preparaba o las comunicaciones con el Gobierno y las distintas autoridades nacionales y europeas. No es un recurso ni demanda al Santander sino un requerimiento de información que el tribunal podría desbloquear, si considera la petición, en escasos meses o un máximo de 9 a 12 meses si el grupo se opusiese y obligase a apelar.
Se trata de la cuarta vía desplegada por la defensa del colectivo de inversores aztecas que en 2013 se convirtieron de un plumazo en el segundo mayor accionista con la compra de un 6% del Popular por 450 millones de euros -solo superada por el 9,7% de la Sindicatura-. La irrupción se produjo en el marco de la primera macroampliación de capital acometida por la entidad presidida por Ángel Ron por valor de 2.500 millones tras suspender las pruebas de resistencia de Oliver Wyman, y cristalizó en una alianza donde el Popular adquirió el 24,9% del banco mexicano Bx+.
La segunda mega ampliación, por idéntica cuantía, diluyó la participación al 4,25% en el verano de 2016 aún cuando participó en la operación; y la resolución volatilizó sus más de 470 millones de euros invertidos -incluye acciones y bonos amortizados-. Para encontrar el resarcimiento fichó a Ontier para pleitear en territorio nacional y a Kirkland & Ellis para la acciones legales fuera de España.
En Europa y frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha solicitado la nulidad de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR), bajo la tesis de que el fue “ilegal” porque no se daban las condiciones para proceder a la resolución -falló la liquidez pero no la solvencia- y "no respetó el principio de proporcionalidad" causando un perjuicio superior al que buscaba evitar.
En la demanda insinúa que dinamitó alternativas privadas cuando el grupo de inversores estaban dispuestos a comprometer otros 1.300 millones en una mega ampliación de capital. Y se fajan, en paralelo, en la Corte de Apelaciones de la JUR para intentar acceder a los documentos secretos.
Acusa al Gobierno de perjudicar al Popular
En paralelo han puesto en marcha la maquinaria buscando recuperar el valor de la inversión en arbitraje internacional contra España -iniciativa que le impedirá demandar al país en los tribunales-. El inversor mexicano, quien fuera consejero del banco entre 2013 y el día de la resolución el pasado año, remitió al Gobierno hace unos días la carta donde reclama el resarcimiento por aplicación del acuerdo para la protección recíproca de inversiones vigente entre España y México desde 2006. El Ejecutivo dispone de seis meses para atender la demanda o derivará en la solicitud formal de arbitraje a mediadores internacionales.
La demanda al Ejecutivo se basa en que “violó sus obligaciones bajo el Tratado de México-España incluyendo, entre otras, un trato justo y equitativo, un entorno legal y regulatorio estable y predecible, protección contra medidas arbitrarias y no transparentes que afecten a sus inversiones, y protección contra expropiaciones ilegales”, explica el letrado.
En la carta dirigida donde anuncia el arbitraje y accesible de forma pública desde la web de la Corte de EEUU junto a otros documentos presentados en apoyo de su requerimiento de información, alega que el Gobierno perjudicó por acción y omisión al Popular. Por acción: por la retirada masiva de fondos desde administraciones públicas -4.000 millones del Tesoro durante el ejercicio 2016 y varios miles de millones del empresas y entes públicos en junio, precipitando el colapso del banco-, como partícipe durante los encuentros donde se decidió y diseñó la resolución; o al no haber surtido aval alguno cuando el Banco Central Europeo (BCE) escatimaba la liquidez arguyendo que la entidad carecía de activos válidos como colateral.
La misiva sugiere que favoreció la compra por parte del Santander con los cortísimos plazos fijados para la subasta del Popular y reconociendo que podría pujar desde el euro simbólico al que finalmente se cerró la adjudicación, y le reprocha la ausencia de mensajes tranquilizadores sobre la entidad frente a otros negativos como subrayar que no habría ayudas para el banco.
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