El Gobierno impulsará el cierre del parque nuclear entre 2025 y 2035. El objetivo está marcado. Ahora llega el momento más delicado: el de la letra pequeña. Cerrar siete reactores nucleares -20% de la generación eléctrica- en un plazo concreto es una tarea compleja, cara e imposible de realizar si los dueños de las instalaciones van cada uno por su lado. Por eso, el Ministerio de Transición Ecológica se ha comprometido a modificar la normativa de forma que para cerrar una central no sea necesaria la unanimidad de los accionistas. Decidirán el o los accionistas mayoritarios. En la práctica, Endesa dirigirá el cierre de las centrales de Cataluña -Ascó I, Ascó II y Vandellós-, mientras que Iberdrola pilotará la clausura de Almaraz I, Almaraz II, Cofrentes y Trillo.
Desbrozar el entramado societario armado por las grandes compañías en el sector nuclear es básico para desmantelar el parque. Las eléctricas han tejido con los años una compleja red societaria que envuelve a los siete grupos nucleares en funcionamiento. Todo ajustado a la ley del año 2011 y el Real Decreto de 2014 que obligó a identificar una única persona jurídica como titular de la explotación nuclear.
Salvo Ascó I (propiedad de Endesa 100%) y Cofrentes (propiedad de Iberdrola), el resto de centrales forman parte de dos Agrupaciones de Interés Económico (AIE). Son la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), en la que participan Endesa e Iberdrola -preside la primera-, y la de la Central Nuclear Almaraz-Trillo, (CNAT), que administra Iberdrola.
Distintos intereses, distintas estrategias
Con estrategias e intereses muy distintos, la fórmula de la Agrupación de Interés Económico y la unanimidad en las decisiones no ha funcionado. Lo ha demostrado el caso de Almaraz, que según el calendario oficial cumple 40 años en 2023 y en el que sus propietarias -Iberdrola, Endesa y Naturgy- han sido incapaces de ponerse de acuerdo hasta la fecha sobre el plazo para el que solicitar nueva licencia de funcionamiento.
Ahora se abre un nuevo escenario. Endesa había solicitado la intervención del Gobierno para superar los desacuerdos con Iberdrola y Naturgy. El Gobierno ha aclarado el calendario y se ha comprometido a facilitar un cambio de normas que engrase el apagón de instalaciones. Si se cumplen los planes, hasta 2025 sólo se cerrará una central -con toda probabilidad Almaraz, la más antigua-, hasta 2030 otras dos y el resto, escalonadamente hasta 2035.
Endesa se ocupará de las centrales que controla mayoritariamente: Ascó I (100%), y Ascó II (85%) y Vandellós II (78%), localizadas en Tarragona. Iberdrola, por su parte, podrá pilotar los procesos de Almaraz I y Almaraz II (53%) en Cáceres; Cofrentes (100%) en Valencia y Trillo (48%), en Guadalajara. Todo bajo la supervisión y autorización de la empresa pública Enresa, que gestiona los -escasos- recursos acumulados para los desmantelamientos.
En el caso de Endesa, el cierre nuclear de instalaciones hasta 2035 choca con la Ley de Cambio Climático de Cataluña, aprobada en el Parlamento catalán en agosto de 2017 con la única abstención del PP . El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la norma al Tribunal Constitucional (TC), que primero la suspendió y después la avaló. La norma autonómica prevé el cierre de las centrales antes de 2027, aunque prima la legislación estatal. En su momento, la norma contó con el apoyo de la hoy ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.
Con las reformas previstas, el reparto "territorial" del apagón nuclear y la tutela de Enresa, el acuerdo entre Gobierno y eléctricas debería ser suficiente para superar los recelos que existen entre las compañías propietarias de centrales.
Recelos por el coste del plan
La cuestión que alimenta esos los recelos es quién paga el coste de cierre, desmantelamiento y tratamiento de los residuos. Las eléctricas deben hacerse cargo de todo el proceso. Así lo recogen los estatutos de la empresa pública Enresa. Por eso pagan una tasa con la que han acumulado algo más de 5.300 millones. El problema es que esa cantidad no cubre ni de lejos los costes estimados para el cierre de todas las instalaciones; unos costes que superan los 14.000 millones.
Por eso se enconó la pelea en Almaraz. Endesa desconfía. Cree que Iberdrola y Naturgy buscan el cierre de Almaraz para dejar de pagar a Enresa. La sociedad pública funciona con el criterio de caja única y si alguna de las partes -Iberdrola y Naturgy- dejara de cumplir, alguien tendría que asumir la factura.
Para evitarlo, Endesa solicitó que Enresa tuviera un papel central en las negociaciones. Es una forma de indicar a Iberdrola y en menor medida a Naturgy -que sólo participa en la central de Trillo además de Almaraz- que nadie abandonará la mesa de juego a mitad de partida y con deudas pendientes. Cosa distinta será quién y cómo asumirá finalmente el elevado coste de desmantelar nucleares.
Sobre los costes de desmantelar hay ya algunas estimaciones. En 2017,la Comisión Europea manejaba informes estremecedores: el importe estimado para desmantelar todas las nucleares en la UE ascendería a 122.700 millones de euros, mientras que el de la gestión del combustible gastado y la custodia de los residuos podría elevarse a 400.000 millones de euros, según la misma fuente. Más de medio billón que contrasta con los fondos recaudados hasta ahora con ese fin por los países: 132.000 millones. En España, 5.300.
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