Otro caso que prescribe en el entramado judicial que envuelve a las extintas cajas de ahorro, después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera este lunes el archivo de la causa que investiga la participación de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Así y tras el caso de la CAM, el juzgado de instrucción número 5 de León ha dictado un auto por el que archiva la causa seguida contra 14 exconsejeros de la antigua CajaEspaña al considerar prescritos los delitos por los que estaban siendo investigado.
Los 14 exculpados eran investigados por la supuesta concesión irregular de créditos al empresario y presidente de la entidad en aquel momento, Santos Llamas, por los que le imputaba un supuesto delito de administración desleal.
Trece de los 14 investigados comparecieron ante el juez los pasados 18 y 20 de febrero, ya que de la citación quedó excluido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que al ser diputado está aforado y estaba previsto que prestara declaración en el Supremo.
La causa fue promovida por IU, Ecologistas en Acción e Izquierda Abierta (IzAb), que se personaron como acusaciones particulares, si bien no es respaldada por las entidades resultantes de al extinta caja de ahorros -Caja EspañaDuero y Unicaja- ni por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al no sentirse perjudicados.
El letrado que representa a IU, Alberto López Villa, presentará recurso porque, aunque el auto del juzgado considera prescrito el delito al haber pasado más de cuatro años de la fecha en que supuestamente se cometió, entiende que se han producido diversas dilaciones en el caso que "interrumpen dicha prescripción".
Los investigados en esta causa eran los consejeros que participaron en la reunión del 8 de enero de 2009 del consejo de administración de Caja España, en la que se dio vía libre a operaciones de crédito y avales financieros a Santos Llamas, que en su conjunto llegaron a sumar un valor cercano a los 70 millones.
Unas operaciones que se suscribieron por Llamas con la entidad que presidía y que, según el informe del Banco de España, no fueron computadas como de alto riesgo por lo que se investigaba si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad y a las que se suman otras operaciones y dudosas refinanciaciones crediticias a otros empresarios de la construcción. El proceso sufrió numerosas interrupciones durante años por los recursos interpuestos por las defensas de los investigados.
La persona con mayor perfil técnico de los que se sentaba en aquel consejo de administración era el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valladolid Zenón Jiménez-Ridruejo, quien aseguró ante el juez que los créditos concedidos al empresario de la construcción Santos Llamas estuvieron "bien fundamentados", al igual que los que otorgaron a otras compañías del sector. Tras prestar declaración, Jiménez-Ridruejo explicó que "no puede haber deslealtad con una entidad cuando se han estudiado a fondo todos los informes". Según advirtió el 20 de febrero el catedrático, "las alternativas estaban muy claras y si no aprobábamos las renovaciones de créditos de todos los grupos inmobiliarios, y el de Santos Llamas era uno más, la consecuencia era que Caja España en 2009 hubiera podido tener pérdidas y haber entrado en concurso".
Respecto a los informes contrarios de los peritos del Banco de España, Jiménez-Rriduejo precisó que "la verdad no existe en economía" y que "todo es cuestión de opinión".
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